La disposición, emanada de la DGE este lunes, establece que “se incorpora como requisito fundamental de admisibilidad para acceder a suplencias en todos los niveles, modalidades y escalafones docentes la presentación de Certificado de Antecedentes Penales”.

La resolución alcanza a las escuelas de gestión estatal y debe contar con fecha de emisión no mayor a tres meses. No importa que se trate de un docente que ya cumple funciones en un establecimiento escolar o uno que esté por tomar horas: todos deben presentarlo.

“La finalidad es que la comunidad mendocina sepa que las personas que tienen a su cargo el cuidado de nuestros niños, niñas y adolescentes no cuentan con antecedentes penales”, reza el comunicado de la Dirección General de Escuela sobre el que funda la nueva exigencia.

La reacción de las y los docentes al saber la noticia fue, mayoritariamente, de enojo. Y es que el requisito será indispensable para continuar ejerciendo el cargo. En caso de cumplirse el plazo de tres meses o ante el incumplimiento sin justificación, se dará de baja a la suplencia otorgada.

“Otra más para los docentes: ahora somos sospechosos delincuentes”; “Tendría que ser para todos aquellos políticos en función también obligatorio”; “Una burla, no solo el tiempo que perdés para realizarlo, también deberás realizarlo cuatro veces al año”, expresaron docentes con molestia.

“Para colmo tiene un costo de $560, común, y urgente cercano a $1000 y deberemos tramitarlo tres a cuatro veces por año si queremos participar en un llamado. Vergüenza este gobierno”, recriminaron algunas docentes, que rápidamente hicieron cálculos entre el aumento recientemente otorgado y los costos que les implicará el ejercicio de la suplencia.

“En una palabra, ese certificado sale más o menos $4000 porque si estás trabajando tenés que pedir un 50/9 más el valor del certificado... te roban con delicadeza”, comentan, y agregan: “Ese certificado vale más que una hora cátedra”, subrayan.

Si bien el grueso de las y los trabajadores de la educación suplentes, hay quienes están de acuerdo con la medida del gobierno electoral: “Se lo deben pedir a todos, en el área privada se pide siempre. Considero que está perfecto que lo soliciten en todos los ámbitos, hay gente buena y gente mala, inclusive entre los docentes”, exponen algunas.

Otras docentes observan que es un requerimiento innecesario, siendo que el gobierno escolar tiene centralizado datos de todos los docentes en el sistema GEM, “lo único que debería hacer es cruzar los datos con el Registro de Antecedentes Penales antes de hacer esta ridiculez”.

El certificado será exigido a partir del 11 de abril del 2022 y los docentes que participan en suplencias, desde hoy y hasta la entrada en vigencia de la nueva medida, podrán hacer el trámite hasta el 8 de julio del 2022.

Desde el SUTE, consultados por este diario al respecto del flamante requisito para suplentes, informaron que se encuentran llevando adelante a esta hora el análisis de la Resolución 609, previo a emitir comunicado.

Desde la DGE reafirmaron, por su parte, que tal requisito “debe interpretarse como razonable y ajustado a la realidad de nuestros días”, ya que “debe velar en todo momento por el bienestar e integridad de la comunidad educativa en su totalidad”.