Argentina // 2022-03-20
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Panorama Político
Rody el regalón
Finalmente, el gobernador Suarez tendrá su laudo sobre Portezuelo del Viento pero recae en la manía de “donar” inmuebles del estado. El radicalismo consiguió imponer la boleta única de papel, o lo que denominan “reforma institucional”. Los estatales aceptaron a regañadientes la oferta salarial. Con algunas bajas en el oficialismo, ya es ley el acuerdo con el FMI. Bajar la inflación es el desafío asumido por Alberto Fernández.


La cuesta del Portezuelo: La novela por entregas en la que se ha transformado el megaproyecto Portezuelo del Viento, localizado sobre el río Grande en las nacientes de la cuenca del Colorado, actualizó un nuevo capítulo, volviendo al primer plano de la política provincial. Durante esta semana, desde el cuarto piso de Casa de gobierno se informó de la formal aceptación del laudo solicitado. El ministro del Interior Wado de Pedro elevó al despacho presidencial el pedido, luego del intento fallido del año pasado que culminó con el papelón conocido del gobierno provincial. El propio Suárez lo comunicó en sus redes con bombos y platillos. Según explicó el funcionario nacional en su respuesta, “las partes en desacuerdo deberán fundamentar documentalmente sus respectivas posiciones, todo lo cual integrará los elementos a suministrar al árbitro”. Para eso, las provincias que integran el Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (Coirco) contarán con 15 días hábiles para hacer sus presentaciones. El gobierno mendocino hace eje en la necesidad del laudo para que no corra riesgos la “seguridad jurídica” del proyecto.

Luego de la asunción del gobierno encabezado por Alberto Fernández, las demás provincias que conforman este comité solicitaron que se proceda a realizar un estudio ambiental integral que permita estimar los caudales disponibles para todas las partes en un contexto de restricción hídrica de la cuenca, sometida a los rigores del cambio climático.

No parece un pedido dilatorio ni irracional teniendo en cuenta que, en base a datos oficiales, el río Grande perdió 48% de su caudal en los últimos 10 años. A este estudio se niega Mendoza atrincherado en uno anterior de alcance regional. Además, los intereses en juego se disputan fundamentalmente desde el prisma de la especulación política y del interés económico. El plan B pergeñado por el propio Cornejo para aplicar en caso de que el presidente falle en contra, es una batería de proyectos distribuidos en el territorio que no son tan complejos, no requieren acuerdos ni avales y serían financiados con los recursos nacionales disponibles en el fideicomiso, habilitando a empresas que, por su escala, no pueden competir con la UTE constituida para ejecutar Portezuelo, de la que entre otras es parte IMPSA como proveedor de las turbinas.

Esta estrategia no es en absoluto inocente: Suárez tal es su costumbre, pretende victimizarse y culpar a la nación por la eventual no realización de Portezuelo, habilitar a empresas locales que son potenciales aportantes y que hoy están fuera del negocio, además de hacer obras de ejecución más rápida en zonas de mayor peso electoral. La disyuntiva de AF no es fácil, dado lo politizado del tema. Hacer lo razonable para preservar la cuenca, será interpretada intencionada y falsamente como una negativa y contribuiría a los planes de Cambia Mendoza.

A terreno regalado…: El Gobierno de Mendoza quedó expuesto en sus manejos poco claros cuando se conoció la cesión de más de 12 mil hectáreas de tierras en la montaña de Malargüe a la empresa porteña El Azufre, cercana a los afectos de Macri, para el desarrollo de un emprendimiento turístico promocionado como exclusivo, del que se ha ocupado este panorama en ediciones anteriores. Ahora Suárez volvió a mostrarse en modo “regalón”, pero esta vez con 10 hectáreas de tierras pertenecientes a la Dirección General de Escuelas (DGE), donando con la misma premura y ocultamiento que la vez anterior, a favor de la empresa Andina Electricidad SA, controlada por Edemsa, que es propiedad del grupo Vila-Manzano. La excusa del apuro y de la elusión de los controles administrativos requeridos se “justificaban” en la instalación de un parque solar fotovoltaico en esa localidad cordillerana. Para eludir el trámite regular que es una venta en subasta pública, se recurrió a la donación, arguyendo que este procedimiento ”requeriría determinados actos que implican una cantidad de tiempo que no sería lo aconsejable ante la urgencia de dar una respuesta a lo tramitado”.

  La donación se hizo mediante el Decreto N° 143/22, firmado por el gobernador y el omnipresente ministro de Gobierno Víctor Ibáñez, que fuera publicado el miércoles en el Boletín Oficial.

El mismo establece la cesión del inmueble para desarrollar el proyecto “Parque Solar Uspallata”, consistente en la construcción de una Central Generadora Solar de 4MW. También se dispone que la Legislatura provincial deberá ratificar la donación porque “corresponde al legislativo disponer el uso y enajenación de la tierra pública y demás bienes de la Provincia”, pero a sabiendas de que cuenta con la mayoría suficiente para que sea un mero trámite.

Cuando el sigiloso comportamiento oficial se hizo público y ante la amenaza de un nuevo escándalo, tomó intervención Fiscalía de Estado, quien recomendó que el Ejecutivo provincial rectifique el decreto y reemplace la figura de “donación” por la de “comodato”. Veremos cómo continúa este entuerto paradigmático del modus operandi radical.

BUP: Como era previsible, se convirtió en ley la piedra angular de la promocionada “reforma institucional” que con excesivo entusiasmo el oficialismo pretende vender a la instrumentación del voto popular a través del uso de la boleta única de papel (BUP). Sin negar algunos de sus beneficios, no deja de ser una herramienta metodológica y no atiende la discusión de fondo acerca de la participación, la voluntad popular y la representación. Luego de un corto debate, el Gobierno impuso su número para aprobarla holgadamente sin admitir modificaciones ni argumentos alternativos. El resultado final fue de 31 votos a favor y 15 en contra del PJ. Obviamente que en los titulares de la prensa que figura en la nómina, enfatizaron mucho más la oposición del peronismo que las ventajas del uso de la boleta.

Respecto al aporte de la BUP a la pretendida calidad democrática, el diputado verde Mario Vadillo, reflexionó que "si Suárez piensa que esto es lo que necesita la familia mendocina, está completamente equivocado. Cree que hablar de elecciones o el cuidado del papel es pertinente, cuando hay hogares a los que no les llega el agua o tienen las cloacas explotadas. Pregúntenle a la gente si le interesa la Boleta Única de papel". Los sectores conservadores y liberales siguieron protestando por no utilizarla en elecciones unificadas y por haberse mantenido la opción de elegir boleta completa. Mercedes Llano del PD argumentó que "es irracional lo aplicado sobre las listas colectoras. Salvo que detrás de esa iniciativa estén tratando de resolver conflictos internos de la coalición gobernante". Pese al zapateo de Llano y de Vadillo, ambos acompañaron con el voto a favor a CM.

Concretamente, la BUP será aplicada solamente cuando las elecciones estén desacopladas de las nacionales. No habrá más cuarto oscuro, sino tabiques separadores que permite el voto simultáneo de dos o tres personas. El instrumento en cuestión es un extenso papel “apaisado” que contiene a lo ancho a todas las fuerzas políticas que se presenten. En el plano vertical, estarán las/os candidatas/os junto a un casillero en blanco, para realizar las marcas de los electores. Únicamente las candidaturas a gobernador y vice tendrán fotos. Si es una elección legislativa, serán los cabezas de lista los que aparecerán: uno al Senado y uno a Diputados.

Paritarias: Luego de algunas idas y venidas respecto de la oferta salarial formulada por la provincia, los gremios estatales aceptaron a regañadientes la propuesta salarial del ejecutivo. Ésta plantea un aumento del 40 %, pagadero en siete tramos no acumulativos: el 12 % en marzo, el 4 % en abril, el 4 % en junio, el 5 % en agosto, el 5 % en septiembre, el 5 % en octubre y, por último, el 5 % en noviembre, con una revisión que se habilitará a partir de septiembre. A ello se debe adicionar una suma fija remunerativa de $ 7200 mensuales (impacta en el cálculo del aguinaldo y de los aportes jubilatorios). En total, son 18 los gremios de trabajadoras/es pública/os que acordaron, entre los que están los 3 principales por cantidad de afiliados: SUTE, ATE y AMPROS. Al interior de los sindicatos no fue fácil la aceptación, dadas las fuertes tensiones contrapuestas de bajos salarios y necesidades urgentes. Se parte de una base de cálculo muy debilitada y el oficialismo especuló con la necesidad de las/os agentes de recibir cuanto antes un ingreso adicional dado el fuerte impacto inflacionario sobre los salarios de 2021. Quedaron muchas broncas y debates que se irán metabolizando en las orgánicas de cada uno.

Una ley que dio que hablar. Desde que asumió como presidente Alberto Fernández ha tenido  que lidiar, como pocos mandatarios, con problemas e imprevistos excepcionales. La diosa Fortuna ha sido caprichosa con sus deseos y, a pesar de la inteligencia y voluntad puesta en los desafíos de gobierno,  la realidad se ha resistido implacable con una sucesión  de situaciones  complejas y de acontecimientos inesperados. A la herencia recibida por el agonizante gobierno macrista, le siguió  la quietud y la parálisis de la  pandemia y con ella,  la obsesión de Alberto Fernández de cuidar de los argentinos  hasta que estos se recuperaran y sanaran. Pero en cuanto empezó a ceder  el peligro sanitario, e inventariado la daños,   lo esperaba un panorama desolador; un tejido social y económico destruido, y que requería de una urgente recomposición. Con un esfuerzo mayúsculo de gestión se logró paliar en parte esta emergencia social,  pero que aún  persiste inalterable en sus urgencias.  

 Pero un nuevo desafío requería su atención;  una nueva celada pergeñada  en la época en el que reinaba el trío Macri, Trump y Christine Lagarde, jefa del FMI: una deuda externa monumental esperaba su turno; megadelito  al que Cristina Fernández calificó “más que un Plan Marshall, más que la deuda que se contrajo durante la dictadura militar”.  Ese dinero  ingresó al país en el 2018, con un claro objetivo político que fue el de  evitar que el peronismo ganara la elecciones. Si bien al macrismo no le  alcanzó ni con la ayuda de sus amigos del norte, dejó una deuda de u$s 45.000 millones, la que fue fugada íntegramente y a la vista de todos,  sin que a la fecha ninguno de sus responsables  haya recibido   sanción social, política o jurídica. Nobleza obliga, hay que decir que por el contrario,  a pesar de las calamidades que sembró la gestión de Juntos por el Cambio, nuevamente la sociedad argentina le dio la mayoría en las últimas elecciones legislativas. El dispositivo de manipulación está intacto,  naturalizando así el desatino y el despropósito.

Dada las condiciones en la que se tomó ese crédito, los vencimientos comenzaron  a producirse  esta misma semana. Como ya es por todos conocido,  Argentina no tiene el dinero para enfrentar estos pagos y de allí  la urgencia para que el acuerdo alcanzara la aprobación parlamentaria. Esta semana fue el turno del Senado. El proyecto fue aprobado con 56 votos a favor, 13 en contra y 3 abstenciones. De esta manera  el gobierno ya cuenta con la anuencia legislativa para proceder a la reestructuración de este préstamo y evitar así caer en default.

Al igual que en diputados,  tampoco en la Cámara alta los senadores del Frente de Todos pertenecientes  a La Cámpora y al cristinismo  acompañaron la aprobación de la ley.  Respecto del comportamiento parlamentario de este sector de la alianza oficialista,  pueden esgrimirse distintas análisis, según el punto de vista que se adopte.  La Cámpora, como expresión política, no se diferencia de otras organizaciones  en cuanto a su objetivo,  que no es otro que  conservar y, de ser posible,  acrecentar su propio  poder y protagonismo. En este sentido  su voto en el Congreso en relación al acuerdo con FMI puede explicarse legítimamente por sus sospechas en relación a las consecuencias de este compromiso pero, también por el cálculo de preservar su propio capital político.  Hay que subrayar el hecho que, si bien no estuvieron a favor del acuerdo, tampoco militaron  el rechazo entre los demás integrantes del bloque,  como tampoco se utilizó el recinto para marcar sus diferencias. De hecho, esta agrupación sigue perteneciendo al FdT aún después de aprobado el acuerdo y, seguramente no abandonará este espacio hasta el momento de tener que definir el esquema electoral para el 2023. Es poco razonable imaginar que pueda renunciar a  las estructuras del Estado cuando ya comenzaron los aprontes para disputar la carrera por las candidaturas políticas del año venidero. Menos aún lo haría una estructura política  que nació y creció principalmente a partir de acumular poder desde el interior del  Estado.

  Si bien las tensiones al interior del Frente de Todos parecen por momentos llegar a la ruptura, las necesidades políticas de unos y otros por mantener la unidad están por encima de estas delicadas circunstancias. Tal vez tiene razón la vocera presidencial Gabriela Cerruti cuando afirma que, "Es importante para la coalición poder sintetizar estas diferencias y plantearse las peleas o batallas más fuertes que tenemos por delante". 

 El presidente  es quien en definitiva tiene la última palabra. En principio, Alberto Fernández consiguió el objetivo de contar con un acuerdo avalado por el 80% de los partidos políticos con representación en el  Congreso. Es cierto que esto lo obtuvo con el apoyo del voto opositor pero el presidente está convencido, como lo ha repetido hasta el cansancio, “Sufríamos un grave problema y necesitábamos una solución. Ahora tenemos un camino para solucionarlo. Teníamos una soga al cuello, una espada de Damocles, y ahora tenemos un sendero que podemos recorrer. Sin acuerdo, no podremos ayudar a construir certezas”.  El inicio de esta segunda etapa de gobierno mostrará en cuanto incide el FMI en la gestión.

Inflación, nuevo capítulo: Durante los últimos 100 años, la tasa de inflación promedio fue de 105% anual, siendo el máximo histórico de 3079% en 1989, afirman quienes se dedican a historiar este flagelo. Teniendo en cuenta lo persistente de este fenómeno como su impacto negativo sobre la economía, Alberto Fernández,  como lo han hecho todos los presidentes que le precedieron, le ha declarado la guerra.

"Necesitamos luchadores contra la especulación y la inflación en cada comercio, en cada mesa, en cada casa. Esta batalla necesita de cada uno de nosotros y nosotras" señaló el presidente luego de conocer que la inflación general de febrero fue del  4,7 por ciento, y de casi el 8 por ciento si se miden exclusivamente el precio de los alimentos. Resulta paradójico e indignante que  en un país que ocupa el  tercer lugar como productor mundial de miel, soja, ajo y limones; el cuarto de pera, maíz y carne; el quinto de manzanas; el séptimo de trigo y aceite y que produce más de 10.000 millones de litros de leche al año y que, en teoría,  podría  dar de comer a 440 millones de personas, decena de miles de argentinos  no tengan acceso a una alimentación básica por la voracidad y concentración de los monopolios del sector.  

Luego de anunciar  la creación de un fondo de estabilización de precios para los alimentos  para evitar que la suba de precios internacionales impacten en el mercado interno,  Alberto Fernández  señaló  que aplicará la Ley de Abastecimiento si esto fuera necesario. También reactivó el gabinete económico señalando que serán los ministros quienes informarán sobre los avances en esta materia. Hasta aquí los anuncios. La prueba del ácido será lograr reducir paulatinamente la escalada inflacionaria.  En lo  internacional,  la guerra entre Rusia y Ucrania, produjo un inmediato incremento de las materia primas y en consecuencia de los alimentos por ser ambos países productores de cereales y carne, como también de gas y petróleo.

Los exportadores argentinos de  commodities ya están siendo favorecidos por el incremento de los precios internacionales pero, por lo distorsionado de la estructura productiva nacional, esos precios también se trasladarán a la canasta alimentaria incrementando así la inflación.  De allí la necesidad de despegar el aumento internacional de los alimentos, de los precios locales.  Solo para dimensionar el volumen de las ganancias que obtuvieron los exportadores argentinos de soja, maíz y trigo,  solo en la primer semana de marzo  la ganancia extra fue de  2124 millones de dólares.  También, como ya es práctica, desde las cámaras empresarias más concentradas, le echan  la culpa de la inflación a los empleados públicos, los planes y los subsidios que, según su interesada lectura,  aumentan el gasto público y en consecuencia los impuestos. La vieja disputa entre la élites y los sectores populares por la distribución de la renta vuelve a reeditarse. Sin dudas, argumentos poco originales para quienes se quedan con la parte del león.

La lucha contra la inflación tiene una larga historia en el país. El final es abierto y la resistencia de los formadores de precios ya está en marcha.


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