El Gobernador recibió en la Casa de Gobierno a intendentes y legisladores nacionales de la oposición para dialogar sobre Portezuelo del Viento, con la intención de insistir en el laudo presidencial para la adjudicación de la obra, posición que fue acompañada por la totalidad de los referentes de la oposición presentes. 

Es importante repasar que La Pampa, Buenos Aires, Río Negro y Neuquén solicitaron antes de iniciar la obra una evaluación de impacto ambiental en toda la cuenca del río colorado. Ante esto, uno de los mecanismos permitidos por el estatuto del Coirco, es el laudo presidencial.  

Mientras tanto, desde algunos sectores manifiestan que los desembolsos que viene realizando el gobierno nacional de manera religiosa para que se realice la obra, sean utilizados para otras obras de impacto en la provincia. Es por ejemplo la propuesta de La Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza, que plantean la necesidad de otras obras hídricas de menor envergadura pero de impacto, porque según ellos Portezuelo no ayudaría a combatir la mega sequía que vive la provincia. 

Otra situación criticada respecto a la obra, es cómo fue el proceso licitatorio, donde hay un solo oferente, lo que genera la sospecha de ciertos vicios en torno a la licitación y la preocupación de los sobreprecios, además de la preocupación de la participación de las pymes locales en la construcción de la mega obra. Hay que aclarar también la presión de la UTE conformada por esta empresa, y otras locales para que la obra se realice. El único oferente capaz de realizar la mega obra y que forma parte de la UTE es una empresa china llamada Sinohydro, que construyó una represa en Ecuador que resultó un fracaso por la cantidad de fisuras en el paredón de la represa. 

Por otra parte, se duda de que pueda llenarse la represa por el poco caudal de los ríos mendocinos, es decir, no resultaría eficiente, y habría otras formas de generar energía sin el gasto millonario que genera esta obra, y sin impacto ambiental. En total son  U$S 1.023.362.922  los que le corresponden a Mendoza para esta obra, y ningún área de gobierno ha pensado otras opciones de generación de energía y obras hídricas en otras partes de la provincia. A su vez se suma la presión del departamento de Malargüe que espera a través de esta obra la generación de empleo, ante la negativa social de la explotación minera en el departamento. 

El laudo que no fue 

El año pasado el Gobernador afirmó por redes sociales que había solicitado el laudo presidencial. Sin embargo, quedó en evidencia cuando el entonces ministro del Interior Wado de Pedro comunicó oficialmente que esto no fue solicitado en los términos establecidos por el reglamento del Comité de cuenca (COIRCO) en el que están representados los estados provinciales de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, además de la Nación y Mendoza. 

Según la reunión que mantuvo Suárez con la oposición, ahora sí harán el pedido de manera correspondiente, y en este caso parece no haber grietas: Oficialismo y oposición apoyan la obra, sin discusiones de fondo, y sin reflexionar sobre si es mejor hacer un cambio de rumbo. 

A esta altura, parece que la falta de ideas y la necesidad de Suárez de terminar su gobierno con una obra de impacto en Mendoza, más la presión empresarial, son el único motivo para no replantear la obra.