na auditoria dl Tribunal de Cuentas revisó algunas de las maniobras realizadas en el proceso de licitación y adjudicación del supercasino del Este. La sala, en funciones desde el 27 de diciembre de 2021, fue construida en un tiempo récord.

Fuente Mayor SA y New Star Internacional fueron las empresas que formaron la UTE que construyó el casino. Según una de las observaciones del Tribunal de Cuentas, se encontraron "deficiencias en licitación pública alquiler de máquinas tragamonedas, casino Zona Este".

Las diez observaciones fueron:

A - La falta de precisión en la determinación del objeto de la contratación, lo que podría, además, afectar la concurrencia, la igualdad y la competencia, ya que la amplitud del objeto, no permite una comparación más certera entre las ofertas.

B - La diferencia entre el porcentaje de canon (precio) estimado del 49,8 %, y el porcentaje de canon (precio) adjudicado del 68%, lo que podría afectar la concurrencia de oferentes.

C - La falta de intervención oportuna por parte de Fiscalía de Estado. A fin de dar cumplimiento a lo dispuesto en el art. 1 del Dec. 1428/18, debieron remitirse las actuaciones, previo a la emisión del acto de autorización de pliegos y llamado a licitación.

D - Falta de notificación a Fiscalía de la Resolución de Directorio Nº 382, del 21 de septiembre de 2.021.

E - La falta de pedido al oferente de mejora de oferta, ya que, si bien los porcentajes de las ofertas difieren en más del 5%, en el caso de Traylon, se ofrece un porcentaje mayor (77,17%) a los antecedentes previos de la contratación anterior ofrecido en la misma zona (49,8%). Además, si bien la oferta alternativa de la UTE fue desestimada, no puede obviarse que en la misma se cotizaba un 6% menos por el mismo servicio. La construcción o no del hotel era parte de un proyecto de inversión complementario que estaba en manos del privado. Se torna necesaria la solicitud de mejora de precios.

F - Deberán, aportar respaldo documental de los estudios económicos realizados que fundamenten las nuevas condiciones de la contratación (necesidad) con la inclusión de un proyecto de inversión.

G - Falta respaldo documental que demuestren la razonabilidad y conveniencia para el Estado del precio adjudicado. Se pasó del 49,8% al 68% de canon y no se adjunta en expediente, constancias de análisis de costo-beneficio sobre el precio convenido.

H - La falta del volante de imputación definitiva de la contratación afectando el ejercicio 2021, siendo que el contrato con el proveedor adjudicado, se encuentra firmado desde el 21/09/2021.

I - La falta de incorporación en la comisión de pre adjudicación, de unespecialista para la opinión técnica referido al Proyecto de Inversión que ha sido incluido en la contratación.

J - La falta de Acta de inicio de la prestación del servicio y del respectivo cronograma del inicio de la ejecución del proyecto de inversión.

El informe del Tribunal de Cuentas

Desde la decisión del IPJyC de cerrar los anexos de San Martín y Rivadavia hasta la apertura del nuevo casino, el informe otorga un orden cronológico a los hechos. De esta manera, la observación de que "no consta en el expediente de la contratación, el respaldo documental de estudios económicos y/o sociales, de turismo, etc., por los cuales se fundamente la necesidad de incorporación en los pliegos de la contratación de un proyecto de inversión", apunta a dudas en torno a la licitación.

¿Y ahora?

"Los responsables deberán justificar documentadamente cada uno de los aspectos observados..., lo que podría configurar un procedimiento administrativo irregular", señala el organismo.

Ante este panorama complejo, las autoridades del IPJyC ya fueron notificadas. Los implicados son: Ida López (presidente), Francisco Martínez (director), Alejandro Luis Pérez (gerente general), Ulises Yair Moyano (contador general), Germán Bassani (gerente de Fiscalización), Carlos Alberto Magnani (gerente de Legales), Fabricio Fiocchetto (gerente de Tesorería), Paulo Serquera (gerente Administrativo), Ricardo Rodríguez (jefe de la Unidad Técnica de Mercado), Carola Blanco (jefa del Departamento Responsabilidad Social y Juego Responsable), Rebeca Pérez (subgerente de Compras), Gabriel O’Donell y Mauricio Pouget.

Las distintas observaciones realizadas deberán ser respondidas por los funcionarios de acuerdo a su grado de responsabilidad.