Argentina // 2022-01-23
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LO QUE (PORTEZUELO) DEL VIENTO SE LLEVÓ
El gobernador Roberto Suarez fracasó en su intento de desviar los recursos destinados a Portezuelo del Viento a obras hídricas de menor envergadura. Un grueso error jurídico ante el gobierno nacional lo dejó en una posición incómoda. Alberto Fernández busca proteger la recuperación económica buscando cerrar un acuerdo con el FMI. La oposición, responsable de la deuda, juega a las escondidas mientras que muchos de sus dirigentes están judicialmente cada día más comprometidos.


Luego del abrumador discurso construido para dar de baja al mega emprendimiento que representa Portezuelo del Viento y cuyo plazo del pretendido laudo presidencial vencía el viernes 21, el gobierno Nacional entregó una escueta respuesta que dejó perplejo a Rodolfo Suárez y sus principales asesores jurídicos: según lo expresado por el ministro del Interior Wado De Pedro, el pedido de laudo nunca fue solicitado en los términos establecidos por el reglamento del Comité de cuenca (COIRCO) en el que están representados los estados provinciales de La Pampa, Neuquén, Río Negro y Buenos Aires, además de la Nación y Mendoza.

El plazo que había sido impuesto arbitrariamente por el gobierno provincial al solicitar un “Pronto Despacho” esperaba ansiosamente una negativa de Alberto Fernández, que habilitaría el Plan B, consistente en obras de menor cuantía y sin conflictos latentes distribuidas en los distintos oasis provinciales, conscientes de la necesidad de desarrollar un esquema de obras para el que Mendoza no tiene recursos pero sí muchos interesados. Luego de la dialéctica oficial abundante en gestualidades  más que en argumentos sólidos en materia jurídica, el mensaje de la Nación sembró de preocupación a las autoridades provinciales porque deja sin resolución la cuestión de fondo.

La refutación de Suárez desde las profundidades de la hamaca paraguaya expresa enojo pero también deja entrever que hubo errores en el pedido de definición presidencial, por cuanto insiste en que, ahora sí, pedirá la resolución del conflicto de intereses con  las demás provincias en el seno del Consejo de Gobierno, que debe tomar sus decisiones por unanimidad. Dadas las circunstancias seguramente esta instancia no logrará acuerdos y recién allí se habilitaría el pedido expreso de laudo. Este trámite insume entre 60 y 90 días como mínimo (60 días prorrogables por otros 30). Este es el trámite que obvió Mendoza, argumentando que en la última reunión del COIRCO quedaron expresadas las diferencias. Lo real es que Suárez manifestó que recurriría al laudo presidencial, habida cuenta del disenso en aquella reunión de Junio de 2020 cuyas decisiones figuran en el Acta N° 73 del ente. Pero lo cierto es que no pidió la reunión del Consejo de Gobierno del Coirco para tratarlo y, salvo mencionarlo en el Acta, no solicitó directamente la intervención del Ministerio del Interior.

Las posiciones encontradas con las demás provincias integrantes del COIRCO, especialmente con La Pampa, son reales pero esto no implica que los mecanismos institucionales puedan ser pasados por alto, presuponiendo la falta de acuerdo que se había dado en el plenario del Comité. La realidad es que sin tener a quien culpar por dar de baja a la obra, Suárez no avanzará con este nuevo plan de obras “menores” que fraguaron allá por 2017 cuando, en tiempos de Cornejo, hicieron agregar un cláusula suplementaria que hace referencia a “otras obras hídricas para el desarrollo energético provincial”. Esto es así porque el gobernador teme que la afluencia puntual de los recursos nacionales pueda verse interrumpida, ni tampoco la adjudicará pese a la presión que ejerce la UTE Malal hue (integrada por la empresa china Sinohydro y las locales  Ceosa, Impsa y Obras Andinas) quienes ganaron la licitación. Un verdadero papelón del que no se hacen cargo nadie en el gobierno provincial, salvo el incombustible ministro de Gobierno Víctor Ibañez. 

Es por todos conocido que Juntos por el Cambio, endeudó por generaciones al conjunto de  los argentinos  solo  para beneficiar a una minoría parasitaria que se ha enriquecido colonizando el Estado nacional. Hoy, en medio de una dura negociación del gobierno de Alberto Fernández con el FMI, esa misma alianza política, no solo esconde su responsabilidad por haber tomado una deuda criminal, sino que pretende sacar mezquinas ventajas políticas poniendo en juego el futuro de toda la sociedad.

El rechazo injustificado a las reiteradas invitaciones del gobierno para conocer y acordar una estrategia común frente al  FMI muestra de cuerpo entero la doble moral de la derecha argentina.  Con excusas insostenibles, se han negado sistemáticamente a colaborar con un gobierno que trata de arreglar, si eso fuera posible, la ruina  económica y social que dejaron como herencia de su  gobierno. "El Gobierno prefiere ningunear a la oposición y no mostrar el aparente acuerdo con el FMI. Todo esto los pinta de cuerpo entero, aunque a mí no me sorprende", dijo el senador Alfredo Cornejo, otro endeudador serial  que además tergiversa intencionalmente  los hechos con la ingenua  fantasía que con esa agresividad los dueños del poder  le dispensarán algún reconocimiento para el 2023.   Desde Villa La Angostura, Mauricio Macri hace lo que más le gusta: descansar. Nadie sabe bien de qué, pero su debilidad por las reposeras es harto conocida, tanto como su probada ineptitud para la política y el gobierno. “Están jugando con el futuro de los argentinos y de continuar así encaminan al abismo a todo el país” afirmó  Mario Negri, otro dirigente radical  que se dedicó a justificar desde la presidencia del interbloque neoliberal en la Cámara de Diputados,  cuanto desatino  acometió el macrismo en el gobierno. Estos son solo algunos ejemplos de lo que hacen los republicanos de  JxC mientras el país lucha por salir adelante. La nómina podría incluir a Morales, Larreta, Bullrich, Vidal y otra cantidad de dirigentes que, con argumentos pueriles,  apuestan desembozadamente a un fracaso de las negociaciones del gobierno con el FMI.

Lo que tal vez debería replantearse el gobierno de Alberto Fernández es cuanto le suma una oposición fragmentada, sin ideas, perseguida por la justicia, profundamente antinacional y antipopular y abiertamente militando por un fracaso en las negociaciones  con el FMI. Es evidente que este tipo de alianzas  desprestigia al gobierno y al país y no ayuda en absoluto  a mejorar su imagen,  más cuando hoy con el esfuerzo denodado de todos los argentinos, se ha puesto en marcha un fuerte proceso de recuperación económica y social.  El gobierno debería además considerar que, así como JxC  eludió en su momento al Congreso Nacional para acordar el monumental préstamo con el FMI, menos está dispuesto hoy a acompañar una negociación que, especulan mezquinamente, puede beneficiar al oficialismo. Todo este esfuerzo parece inútil y totalmente improductivo.

Otro tanto ocurre con la burocracia del FMI. Mientras los negociadores argentinos trabajan a destajos con los técnicos del organismo para acordar una postergación de los  vencimientos de la deuda, que solo este año ascienden a  cerca de 19.000 millones de dólares, es cada día más  evidente que la solución no es una cuestión solo técnica sino fundamentalmente política. El objetivo del gobierno debe ser  quebrar la resistencia de los Estados Unidos a este acuerdo. Es la única posibilidad que tiene argentina de avanzar en una negociación que hoy tiende a encallarse en una debate que gira sobre la profundidad del ajuste y el gasto público. Solo Estados Unidos puede acelerar este proceso  ya que fue  el presidente Donald Trump, en su momento,  quién autorizó este   monumental e incobrable préstamo político para ayudar  a su amigo Mauricio Macri a conseguir  su reelección o, al menos, a que  llagara al fin de su mandato. 

De allí la importancia de la reunión del Canciller Santiago Cafiero con el  secretario de Estado, Antony Blinken, a quien pidió apoyo en las negociaciones con el FMI con el argumento de que se evite poner en riesgo la recuperación económica que hoy vive el país.  De acuerdo al mensaje trasmitido por la Cancillería argentina “ El canciller concluyó que es necesario un mensaje de la autoridad política al Tesoro para contar con el apoyo de Estados Unidos en el Fondo Monetario Internacional, y que de este modo no se restrinja el crecimiento de la Argentina”. Por su parte  Blinken, en clave diplomática,  sostuvo que apoya firmemente las negociaciones con el FMI y aspira a una pronta resolución positiva. La vocera presidencial  Gabriela Cerruti, también  ratificó que Estado Unidos “no pidió ajuste ni un plan económico”. En la misma sintonía, el ministro Guzmán reconoció en una entrevista con el diario Le Fígaro que  "No queremos penalizar la demanda cuando la economía se está recuperando". Razones no le faltan. La consumo  lleva seis meses de crecimiento ininterrumpido, fenómeno que no acontecía desde el año 2015. Con ello también se cae el relato macrista de que el gobierno no tiene un plan económico y que AF gobierna sin un rumbo definido. Los números desmienten el relato. 

Más auspicioso aún resultan las declaraciones,  a pocas horas después de esta reunión de alto rango, del presidente de los Estados Unidos Joe Biden quien, si bien no aludió directamente a la situación argentina, señaló que   Estados Unidos “no dicta lo que pasa” en Latinoamérica. Estas señales admiten distintas lecturas, también las optimistas.

 Evitar  el veto de los Estados Unidos es el objetivo de la administración Fernández. Como nada en el campo de las relaciones internacionales es gratuito, conseguir la anuencia norteamericana conllevará compromisos que seguramente se irán develando con el correr de los días y que pasarán, de llegarse a un arreglo, por los intereses geopolíticos norteamericanos en la región. A esta altura, más que un acuerdo con el staff del FMI o el renuente apoyo de la oposición argentina, AF necesita un guiño de quienes tienen el control del FMI: Estados Unidos y las grandes potencias aliadas.

Mientras el gobierno nacional trajina sin descanso  por alcanzar un arreglo por  la deuda externa,  el culebrón de Juntos por el Cambio en los pasillos de distintos tribunales del país suma nuevos capítulos.  Desde el video del BAPRO, donde técnicos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) instalaron cámaras y micrófonos para espiar la reunión a la que asistieron entre otros,  altos funcionarios de la AFI  y el ex Ministro de Trabajo de la María Eugenia Vidal, Marcelo Villegas,   quien pidió en ese encuentro  por una Gestapo antisindical, se develaron nuevos detalles de la causa que lleva adelante el juez  federal Ernesto Kreplak y en el Congreso Nacional,  la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia, que preside el diputado Leopoldo Moreau.  El que agregó detalles jugosos a la investigación fue el subcomisario Hernán Casassa quien aseguró que en la provincia de Buenos Aires funcionaba clandestinamente una mesa judicial que integraban la María Eugenia Vidal, el exministro Cristian Ritondo, el procurador Julio Conte Grand y el exjefe de Gabinete bonaerense, Federico Salvai. Las declaraciones del Casassa ante la Bicameral lo transforman en un informante clave ya que fue, en muchos casos  quien se encargó personalmente de ejecutar las directivas que salían de esa mesa, allanando domicilios de dirigentes políticos, sindicales y empresarios.  En el proceso que lleva adelante la justicia,  se empezó también a develar cómo eran espiados los presos políticos y empresarios del penal de Ezeiza donde también se instalaron micrófono y cámaras, con el fin de  falsificar causas judiciales y escándalos mediáticos para ocultar el gigantesco vaciamiento de que era objeto el Estado argentino. La investigación sigue su curso y todo apunta, salvo que se trastoque el proceso,  a que las pruebas terminarán involucrando  a los más altos inquilinos que llegaron a la Casa Rosada a finales del 2015. 

Argentina se recupera después de atravesar dos cataclismos: la pandemia del coronavirus y la pesada herencia macrista. De la mano del turismo, la construcción, la industria y la inversión pública y privada se afirma una política económica que busca fijar los salarios y la jubilaciones por sobre la inflación y de esta manera incrementar la demanda y el consumo. Pero sin dudas que  la falta de acuerdo con el FMI pone en riesgo toda la estrategia.


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