Argentina // 2022-01-09
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LA REPÚBLICA DE LOS ESPÍAS
El gobierno provincial navega en un mar de indecisiones. Portezuelo del Viento, el rebrote de la pandemia y el acuerdo fiscal son alguno de los temas que hacen vacilar al oficialismo. Alberto Fernández busca fortalecer su posición frente al FMI buscando apoyo en una oposición cercada por denuncias judiciales e internas feroces. Nuevos documentos revelan la presencia de armamento nuclear en el conflicto de Malvinas.


En un reciente informe oficial producido por el Ministerio de Salud de la provincia, se muestra a las claras que el final de 2021 y la primera semana del año nuevo, Mendoza sostuvo una suba tendencial de casos similar a la nación. Como comparación al período que transitamos, que registra un promedio de más de 2.800 casos diarios, a principios de diciembre se situaba en 56 casos  y en octubre en 15. El aspecto a destacar dentro de la virulenta tercera ola es que el sistema sanitario está respondiendo adecuadamente, debido a la amplia cobertura de vacunación lograda, que redujo sustancialmente la gravedad de los casos. Se supone que la aceleración de los contagios se debe a la circulación de la variante Ómicron responsable de al menos el 60% de los casos. Esta suposición está fundada en los síntomas de las personas afectadas, ya que la provincia no dispone de medios para establecer con precisión la secuenciación de casos. Este panorama sanitario que tiende al incremento más que a la baja, plantea la necesidad de la aplicación sistemática del pase sanitario (certificación de esquema vacunatorio) para acceder a eventos masivos tanto públicos como privados.

La Decisión Administrativa 1198/21 del ejecutivo nacional que lo implementó, delega su aplicación efectiva en las provincias, una medida reclamada airadamente por las administraciones de Juntos por el Cambio en el Consejo Federal de Salud durante el largo proceso pandémico que ya está por cumplir dos años. La incoherencia a la que acostumbra el gobierno de Suarez ahora no se hace cargo de ejercer el poder reclamado de protección social, al argumentar que atenta contra la circulación y en definitiva contra “la libertad”. Su improvisada propuesta, manifestada en los últimos días por el ministro de Gobierno Víctor Ibañez, es que el control (o su omisión) del pase sanitario lo ejerzan quien organicen estos eventos de asistencia masiva, ya se trate de un municipio, entidad pública u organizador privado. A esta inconsistencia argumental se refirió el Intendente de San Rafael, al criticar la dejadez oficial en ejecutar el rol sanitario que exigen las circunstancias  ante la verdadera explosión de casos que se verifica por estos días. Emir Félix  expresó que "este permanente 'oponerme a todo' no se puede dar en la salud, que es algo que debe abordarse con decisiones y fundamentos objetivos. Yo no he visto tantas contradicciones entre la ministra de salud de la Nación y la de la Provincia".

Otra polémica que se instaló ni bien Mendoza firmó la adhesión al Consenso Federal es la ratificación legislativa prevista para la primera semana de febrero, la que seguramente mostrará fisuras ideológicas notorias entre las distintas expresiones oficialistas. Las fuentes parlamentarias estiman que en Diputados, la demócrata Mercedes Llano, Pablo Priore y la negacionista Hebe Casado del Pro, junto a Josefina Canale, seguramente voten en contra de la ratificación. A ellos se sumarían el alvearense  Gustavo Majstruk, alejado del Frente de Todos, el FIT y el inclasificable Mario Vadillo (PV). En cambio, cosas de la política, será acompañado plenamente por la coalición opositora que encabeza el peronismo. Este apoyo impensado del bloque del PJ trata de mostrar que el camino del diálogo entre Nación y Provincia es el más sensato para Mendoza, más allá de que Suárez lo hace menos por convencimiento que motivado en la necesidad de refinanciar la deuda con el Banco Nación y ANSES, cuyos vencimientos ascienden a unos 16 mil millones de pesos durante 2.022.

Respecto de la zigzagueante actitud oficial respecto del proyecto Portezuelo del Viento, todavía no se hace explícita la decisión de cambiar de agenda y encarar otras obras hídricas por parte del gobernador Rodolfo Suárez, quien se niega a asumir el costo político que tal decisión implica. En los pasillos de Casa de Gobierno tienen pensado destinar los escasos recursos disponibles en obras cuyo impacto económico sea más directo y sobre todo más rápido, entre las que se menciona la presa El Baqueano en el Departamento de San Rafael. Esta alternativa además tienen tras de sí importantes intereses empresarios que la apoyan. Entre las consecuencias políticas a las que hicimos alusión, está la comprensible frustración de las y los malargüinos, cuyo intendente Juan Manuel Ojeda (JxC) reclamó enfáticamente al peronismo local que apoye la obra, como si el Gobierno Nacional fuera el que la impide. La demora se debe más a las dudas del gobierno provincial que se escuda en la necesidad de un laudo presidencial innecesario, ya que la obra fue aprobada por el COIRCO, más allá de la atendible oposición de la provincia de La Pampa, que la percibe como un perjuicio a sus derechos como integrante de la cuenca del río Colorado.

Los artífices de “la revolución de la alegría” y la de un gobierno que eliminaría la pobreza, los ajustes, el desempleo, los tarifazos,  el impuesto a las ganancias y que terminó en el 2019 con una inflación record, una desocupación rampante, con millones de nuevos pobres, un endeudamiento desastroso y una derrota electoral sin atenuantes, hoy ocupan sus energías en dos grandes menesteres: dañar intencional y sistemáticamente  al gobierno de Alberto Fernández y en destrozarse mutuamente  en una  interna despiadada. 

El primer gran despropósito de Juntos por el Cambio como fuerza opositora,  fue dejar sin presupuesto al gobierno y al país. Hay que recordar que, si bien el oficialismo logró retener la primera minoría en la Cámara de Diputados en la últimas elecciones de medio término,  para lograr  la aprobación de leyes  el bloque del FdT  depende de un complejo armado de alianzas que no siempre es posible en una Cámara altamente fragmentada y fuertemente radicalizada. Esta situación es explotada por JxC con el solo fin de  generar caos e ingobernabilidad. 

La semana que termina,  se inició con una invitación del gobierno nacional  a los gobernadores para brindar detalles de las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional (FMI) con el cual está renegociando  la deuda de US$ 44.000 millones que contrajo el gobierno de Mauricio Macri. Pero la oposición de JxC, con la excusa de que era una reunión política y no institucional, decidió no concurrir. Faltaron Horacio Rodríguez Larreta  y  los gobernadores radicales Gerardo Morales, Gustavo Valdés  y el mendocino Rodolfo Suárez. El único gesto que tuvieron los mandatarios del radicalismo  fue enviar a un representante por cada distrito.  En ese encuentro, que realizó en el Museo del Bicentenario,  tanto el Presidente como el ministro Guzmán dieron detalles de negociación con el organismo de crédito,  subrayándose  que aún no hay acuerdo porque  "La diferencia con el FMI es un programa de ajuste versus uno de crecimiento". Dando seguridad  que no habrá ajustes ni default, los  gobernadores que concurrieron al encuentro expresaron su coincidencia con el gobierno nacional,  otorgándoles  pleno  respaldo a las negociaciones en marcha,  en un momento donde argentina necesita como pocas veces el máximo consenso y el mayor respaldo político.

Sin embargo, el presidente Alberto Fernández,  con paciencia y máxima tolerancia, pudo finalmente acordar con el titular de la Unión Cívica Radical  y gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, un nuevo encuentro entre el ministro Guzmán y los gobernadores radicales,  al que volvió a negarse el empresario inmobiliario y jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta. De este último encuentro participarán también los jefes de los bloques parlamentarios. Este gesto, del todo razonable de parte del  radical jujeño, quien se justificó diciendo que la oposición no puede jugar a las escondidas y que debe actuar con responsabilidad.    ”Esta deuda que se está renegociando la contrajimos nosotros y lo menos que tenemos que hacer es, si decimos que vamos a construir, es ir y escuchar", afirmó. Esta decisión del jujeño  desató la furia interna de los cambiemitas más violentos del PRO,  como Waldo Wolff y Fernando Iglesias quienes lo trataron de ignorante y oficialista.

La interna en JxC se sigue profundizando. Esta decisión de los gobernadores radicales de asistir la próxima semana  a una reunión con el ministro Guzmán dejó expuestas una vez más las despiadadas internas de un oposición que, de seguir con esta dinámica, va a terminar fracturada y perdiendo la capacidad de fuego que hoy a duras penas puede sostener.

  Como ya es un clásico de la semana, JxC nuevamente ocupó las portadas de la sección judiciales de todos los medios de comunicación del país. “Al inicio de la gestión denunciamos la existencia de más de 100 teléfonos móviles encriptados entregados por AFI entre los que se encontraban funcionarios nacionales, pero también gente de Justicia y socios políticos y comerciales de Cambiemos”, disparó el presidente Alberto Fernández.

El diario La Nación reveló que el escándalo se desató a raíz que   “decenas de exfuncionarios, exasesores y amigos de Macri recibieron teléfonos celulares encriptados marca Huawei durante el gobierno de Cambiemos; entre ellos, el jefe de gobierno Horacio Rodríguez Larreta, la exgobernadora María Eugenia Vidal, la exministra de Seguridad Patricia Bullrich y decenas de colaboradores y dirigentes políticos afines.” También en el  listado dado a conocer por la AFI aparecen personajes que ni siquiera pertenecieron el gobierno,  como es el caso empresario  Daniel Angelici,   Nicolás Caputo, el asesor Jaime Durán Barba y el exdirector de Aduana Diego Dávila entre otros empleados de este organismo que depende de AFIP, cuyo titular durante la gestión Cambiemos,  Alberto Abad, integra también la lista de los encriptados.

Las pruebas son tan abrumadoras y los antecedentes de espionajes y mesas judiciales son tan numerosos,  que resulta casi redundante afirmar que en  los gobiernos de Mauricio Macri y de María Eugenia Vidal  funcionó una “fuerza paraestatal”,  como en su momento lo definió Agustín Rossi, destinada a perseguir opositores.     La República de los espías está quedando al desnudo. Será la justicia quien desentrañe el   accionar de estas organizaciones.

Un éxito diplomático  trascendente  aconteció esta semana  en Buenos Aires donde se llevó a cabo la XXII Reunión de Cancilleres de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC).  Los 33 países latinoamericanos integrantes del foro multilateral eligieron  a Alberto Fernández como Presidente Pro Tempore de la CELAC para 2022.  La relevancia de  este espacio de integración regional radica en que el mismo constituye en una voz unificada de la región en  la discusión de los grandes temas globales, con el objetivo de buscar una mejor inserción y proyección de la región en el ámbito internacional. 

Este intenso trabajo político y diplomático, permitió  de los Estados Miembros expresaron su apoyo a la República Argentina, tanto en las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional como también un  respaldo  al reclamo argentino por la soberanía de las Islas Malvinas, a 40 años de la guerra en el Atlántico Sur.

Previsiblemente la derecha argentina salió a repudiar el encuentro. Lo hicieron  en defensa de la “democracia” argentina, cuando justamente están la mayoría de ellos encauzados judicialmente por formar parte de una red dedicada a  atentar contra las instituciones democráticas. La  llamada "Gestapo" antisindical,  la mesa judicial bonaerense y la causa de los teléfonos encriptados son alguna de los tantos expedientes judiciales donde va quedando expuesto la metodología  con la que operó el macrismo en el poder.

También en plano internacional, el sitio de investigación periodística denominado   Declassified UK reveló que el  Reino Unido desplegó 31 armas nucleares durante la guerra contra Argentina por las Islas  Malvinas en 1982. El periodista Richard Norton-Taylor, con información tomada de los archivos nacionales ingleses, no hace más que confirmar lo que ya se sabía desde el año 2003 cuando Gran Bretaña reconoció esta flagrante violación de Tratado de Tlatelolco, acuerdo que convirtió a América Latina y el Caribe en una zona libre de armas nucleares. El mendocino Guillermo Carmona, quien se encuentra  al frente de la Secretaría de Malvinas, Antártida y Atlántico Sur de la Cancillería argentina, señaló con esta nueva revelación del envío de armas atómicas "queda develado el belicismo del Reino Unido” En un comunicado difundido también por el gobierno argentino se asegura que “De confirmarse la existencia de archivos desclasificados que aporten mayores detalles respecto de la gravedad de los hechos (…) el gobierno argentino reiterará su reclamo al gobierno del Reino Unido y en el marco de su invariable política contraria a las armas nucleares así como respecto de su uso, prevé plantear esta situación ante los organismos internacionales competentes.” Cuando se cumplen 189 años de la ocupación británica de las Islas Malvinas y en el 40 aniversario de la guerra, estos documentos no hacen otra cosa que ratificar la retrógrada política colonialista que aún sostiene el Reino Unido en  pleno siglo XXI.


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