Argentina // 2022-01-02
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PANDEMIA, CONSENSO FISCAL Y RECURSOS EN DISPUTA
El gobernador Suarez abandona el perjudicial Pacto Fiscal que firmó con Macri y se sube a un acuerdo con Alberto Fernández. Pero el mendocino titubea ahora con Portezuelo del Viento y pretende culpar al presidente de sus propias indecisiones. A nivel nacional Juntos por el Cambio no abandona la sección policiales. Ahora es María E. Vidal y la “Gestapo” bonaerense. Con las vacaciones encima, el Covid no da tregua.


En su mensaje navideño de hace una semana atrás, el presidente Alberto Fernández abogaba por un 2022 signado por los acuerdos políticos,  como una práctica que emergió  como necesaria luego de los resultados que arrojaron las elecciones de medio término y su consecuente reflejo en el Congreso Nacional. Un buen ejemplo de este ejercicio lo representa la firma del denominado Consenso Fiscal Federal por parte de todas las provincias argentinas a excepción de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Este acto representó un  importante logro político para el gobierno nacional. Luego de no pocas rispideces iniciales y argumentos sin sentido de los gobernadores que responden a la oposición, incluido el de Córdoba, finalmente el lunes pasado se concretó la firma en un acto en el que hubo un previsible faltazo: el de Horacio Rodríguez Larreta.

Una primera lectura indicaría la relevancia que tienen los recursos provenientes del Estado Nacional en el sostenimiento de los presupuestos provinciales. Pero también es un fenómeno que responde a las consecuencias del Acuerdo Federal de 2017, auspiciado por Macri y su ministro del Interior Rogelio Frigerio. Aquel acurdo condicionó fuertemente los recursos a las provincias con metas de ajuste fiscal, reduciendo  las alícuotas de Ingresos Brutos y Sellos por compensaciones nacionales que nunca aparecieron y que terminó alentando la toma de deuda en dólares, con la anuencia de los mandatarios provinciales, tal como ocurrió en Mendoza durante el gobierno de Cornejo y que continúa con esa misma inercia en el actual período. El espíritu de del Consenso firmado por estos días,  lo resumió el ministro Wado de Pedro, cuando expresó que fue “el presidente Alberto Fernández revirtió esa lógica, respetando el espíritu federal, como manda nuestra Constitución Nacional”.

Pero la causa profunda y estructural es el desequilibrio en los ingresos nacionales de aquellos recursos que sólo percibe la CABA por su condición de Capital Federal, asociada a la alta concentración de negocios, lícitos y de los otros, en su acotado ejido. Esta concentración financiera y política absolutamente asimétrica es una de las anomalías más acusadas del sistema político argentino.

Desde el ejecutivo nacional se valora que los gobernadores y gobernadoras hayan debatido honestamente, con sus matices y diferencias, llegando a un acuerdo, que se propone dar un marco referencial y devuelve autonomía a las provincias, al equilibrar sus respectivas situaciones impositivas. El acuerdo “genera estabilidad y seguridad jurídica para dar certezas a los inversores, a las provincias y a los contribuyentes”, dejando en claro que “este Consenso no aumenta impuestos, sino que pone topes a las alícuotas actuales, autolimitando la suba de impuestos provinciales”, expresó De Pedro.

Las repercusiones políticas locales no tardaron en sentirse al interior de Cambia Mendoza. Aquí salió con los tapones de punta Omar de Marchi, quien se diferenció del gobernador Suárez al juzgar que el Consenso Fiscal representa un perjuicio sobre todo porque limita a la provincia en su declamada intención de demandar a la Nación por el manejo “arbitrario” de los fondos del que dispone discrecionalmente por ley, el Presidente AF.  “No comparto firmar el Consenso Fiscal que autoriza a crear y subir impuestos, y que niega a las provincias poder demandar a la Nación por los perjuicios que su arbitrario manejo de fondos nos ha generado", señaló el lujanino quien pertenece al círculo íntimo del macrismo más ortodoxo. Suarez replicó acusándolo de difundir  una versión malintencionada y falaz, sosteniendo que no implica un aumento de impuestos y agregando  que "la firma del pacto fiscal se realizó por conveniencia para los mendocinos, ya que dispone de renegociación de deuda, muy beneficiosa para las arcas de la provincia".

La respuesta del gobernador da con la clave del razonamiento central del acuerdo: para De Marchi la motivación política principal de Mendoza debería ser demandar a la Nación por manejo “discrecional” de fondos “discrecionales”. Este supuesto perjuicio ascendería a la módica suma de 18 mil millones de pesos. Para Suárez, es la posibilidad de renegociar las deudas con el Banco Nación y con el ANSES que vencen en 2022,  estimadas en cerca de 13 mil millones y para las cuales la provincia no cuenta con recursos suficientes. Se debe aclarar que la deuda provincial total con organismos nacionales es de cerca de 40 mil millones que, a modo de referencia, representa algo así como el 10% del Presupuesto de Mendoza para 2022. La agitación que buscó generar De Marchi fue secundada por la UIM (Unión Industrial de Mendoza), denostando el acuerdo como una puerta de entrada a la supuesta suba impositiva. Se percibe un clima interno  tenso en la coalición de gobierno que se expresará seguramente esta semana en la Legislatura provincial cuando se trate la aprobación del Consenso Federal. Las críticas que sostienen en la tienda ultra macrista estará a cargo de la Fundación Pensar, núcleo que representa el sentir del liberalismo mendocino. Desde allí agitan el parche en contra, afirmando que en el acuerdo fiscal  "esconde intereses distintos a los que expresa su letra", con consecuencias “peligrosas e indeseadas" para Mendoza. Lo que no  dicen tan abiertamente los pensadores lujaninos, es que  están más interesados en que su Jefe llegue a la gobernación en el 2023, sin importarles mucho  la forma en que lo consiguen.

El tema del mega emprendimiento  Portezuelo del Viento sigue dando que hablar. El gobierno provincial ya no está tan convencido de defender la obra a capa y espada, porque quiere invertir esos recursos en otras que le sean más provechosas a los intereses de los grupos económicos que conviven en el poder, además de redituables en materia electoral. Bajo el falaz argumento de que el presidente debería decidir si se hace o no, la intención que tímidamente comienza a surgir en un importante sector del gobierno, incluido el propio gobernador, es destinarlo a otras obras públicas. "No podemos tener esa plata inmovilizada. Necesitamos que haya trabajo, que la economía se empiece a mover. Una forma de hacerlo es con la obra pública inteligente y consensuada", "Iremos a la Legislatura con este tema y lo hablaremos con la Nación. A esos fondos se les puede dar otro destino que no sea Portezuelo. No podemos comenzar la obra con una incertidumbre de un laudo que puede salir en contra, yo no me lo perdonaría", señaló Suárez.

Justamente el tema del laudo presidencial mencionado para decidir adjudicar la construcción de Portezuelo, es en sí mismo, un argumento sumamente débil. Su fundamento está en el reglamento del Comité Interjurisdiccional del Río Colorado (COIRCO), que integran la Nación y las provincias que integran la cuenca, que lo menciona como una alternativa para el caso de no llegarse a acuerdos sobre emprendimientos que pudieren afectar gravemente a alguna de ellas, como ocurre con el conflicto promovido por la provincia de La Pampa.

La pretensión de Rodolfo Suárez es sacarse el peso de la decisión política de adjudicar, para que sea el presidente el que pague el costo y de esta manera disponer rápidamente de recursos frescos para obras hídricas de impacto más localizado y menor nivel de conflicto,  a construirse tanto en el sur  como en otras regiones. Es una jugada arriesgada que demuestra además la escasez de recursos disponibles para la inversión en Mendoza provenientes de actores ajenos al tan atacado estado, más aún luego del rechazo del presupuesto nacional que obligará a negociar una por una  las obras con partidas asignadas,  que se quedaron sin recursos por la irresponsabilidad de  la alianza de la que forma parte el  propio Gobernador. El tratamiento legislativo también pondrá en claro la capacidad de respuesta de la oposición política mendocina a este desafío, especialmente al peronismo.

Uno de los delitos más recurrentes de la administración de la gestión Mauricio Macri fue la compulsiva conducta de espiar ilegalmente a opositores políticos y aliados; artistas, periodistas, jueces,  funcionarios, activistas de distintos movimientos sociales  y colaboradores de  su propio gobierno fueron víctima de esta práctica sistemática. Incluso miembros de su propia familia fueron objeto  de este espionaje mafioso  cuyo fin fue amedrentar, perseguir y  armar causas judiciales para encarcelar a distintos tipos de adversarios a su gobierno.

Esta semana se conoció una nueva evidencia de lo que fue  un modus operandis extendido durante la gestión del gobierno de Cambiemos. En una revisión de rutina en dependencias de  la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se descubrieron una serie de videos,  en  los que quedaron grabadas reuniones que revelan un plan concertado entre empresarios, legisladores,  y funcionarios  de la ex gobernadora de la provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal,  destinado a  perseguir y encarcelar a dirigentes sindicales.

En la filmaciones se ven y escuchan a los distintos invitados , en especial  al ex  ministro de Trabajo Marcelo Villegas  del gobierno de Vidal, promoviendo entusiasta el armado de causas judiciales contra dirigentes gremiales. En el éxtasis de su exposición se lo escucha decir  a Villegas, "Créeme que si yo pudiera tener, y esto te lo voy a desmentir en cualquier parte, si yo pudiera tener una Gestapo, una fuerza de embestida para terminar con todos los gremios, lo haría". Verborrágico e impune continua,  "el esquema es el siguiente: necesitamos preconstituir una serie de elementos para impulsar una causa judicial.” En esta caso la víctima elegida era el dirigente platense de la UOCRA  Juan Pablo "Pata" Medina,   que tres meses después cayó preso por orden del juez federal de Quilmes Luis Armella . Tanto Macri, Vidal como los empresarios de la construcción platenses  festejaron eufóricos la detención del referente sindical. Clarín, vocero del gobierno, se sinceraba y admitía que “El gobierno nacional y la administración de María Eugenia Vidal están decididos  a intervenir el gremio” .  Hoy se sabe que  todo fue una causa “trucha” como tantas otras que, a medida que avanzan las investigaciones, se van cayendo a pedazos.

Más grave aún es lo que acaba de revelar Página 12. El portal señala que Marcelo Villegas, el promotor de la Gestapo bonaerense,  había estado un mes antes de esta reunión en la  Casa Rosada, donde coincidió, el mismo día y casi a la misma hora, con el   director general de la Agencia Federal de Inteligencia Gustavo Arribas. Además de la repudiable alusión a la policía secreta del régimen nazi  conocida por perseguir y  asesinar, entre otras minorías,  a miembros de la comunidad judía, ya no se sostiene la teoría macrista que esta larga lista de personas espiadas durante la gestión macrista hayan  sido producto de acciones ilegales de espías “cuntapropistas”, producto de “un desorden que era aprovechado para llevar adelante planes delictivos puntuales”, como habían sostenido  hace algunas semanas  los jueces Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens, inquilinos de Comodoro Py, cuando dejaron libre de culpa y cargo  a Gustavo Arribas y a Sivia Majdalani,  quienes estaban  imputados de asociación ilícita y de haber formado parte de las maniobras ilegales  por espiar a Diego Santilli, Horacio Rodríguez Larreta, Hugo Moyano, Graciela Caamaño, entre otros.

El sueño del macrismo y sus aliados empresarios de  una sociedad sin derechos para los trabajadores ya había tenido sus expresiones. Sin dudas que las imágenes y los diálogos de la reunión hechas pública esta semana  donde se promueve una Gestapo sindical son un escándalo en sí mismas,  pero lo verdaderamente alarmante  es que, como consecuencia de estas mesas judiciales,   se armaron  causas contra dirigentes políticos, sociales, empresarios, y sindicales que pagaron con  persecución y cárcel estas maniobras. La justicia macrista sigue actuando con absoluta arbitrariedad. Si ese bolsón de corrupción judicial no es desarticulado, la impunidad para los responsable políticos de estos graves ilícitos está garantizada.

Argentina está atravesando  la tercera ola de coronavirus.  Los más de  50.000  nuevos contagios reportados por las autoridades  sanitarias en las últimas 24 horas, revelan que este repunte exponencial de nuevos casos confirma este escenario,  pero que difiere de los dos picos anteriores por varias razones. La primera es que ya hay casi 70 millones de dosis de vacunas aplicadas. Un 70% de la población ya tiene su primera dosis y más de un  60% ya lo completó. Este índice de protección minimiza la ocupación de camas de Unidades de Terapia Intensiva que llegan al 35%  a nivel nacional como también incide en el número de personas fallecidas que alcanzó los 35 el día 30 de diciembre. Si bien  la campaña de vacunación más grande de la historia argentina avanza a ritmo vertiginoso para todos los grupos etarios,  el presidente Alberto Fernández  ha adoptado nuevas medidas para prevenir los efectos de la nueva escalada. La más importante de ellas es la aplicación de una tercera dosis, a las  4 semanas desde la aplicación de la segunda,   a todas  las personas mayores  de 18 años y a los inmunocomprometidos, en forma escalonada.  El acuerdo del gobierno nacional con los gobernadores es que cada jurisdicción podrá iniciar esta estrategia de acuerdo a su propio plan operativo. Si bien la  llegada de Omicrón complejiza aún más el escenario sanitario, esta variante, si bien mucho más contagiosa, es  menos letal y el tiempo de infección del contaminado vacunado es mucho más corto, lo que reduce también el tiempo de aislamiento y en consecuencia la disposición de las camas de terapia intensiva.  Otra medida de alto impacto es que, partir del 1° de enero de 2022, se implementa el llamado Pase Sanitario. Si bien la vacuna no es obligatoria,   las personas de 13 años o más deberán acreditar esquema de vacunación completo contra COVID-19 para realizar actividades como ir a bailar a discotecas, ingresar a salones de fiestas, realizar viajes grupales y asistir a eventos masivos en espacios abiertos, cerrados o al aire libre. Esta constancia se obtiene a través de la aplicación “Cuidar”.

 Con la temporada de vacaciones por delante, la población deberá informarse sobre la exigencia que adopte cada provincia y cada municipio respecto de esta exigencia,  ya que cada una de ellas, es responsable en el ámbito de sus juridicciones.

 El gobierno sigue preocupado y actuando pero no está pensando en un cierre de actividades ni en nuevas restricciones. "Las medidas son las que ya están. Ya hemos prorrogado el decreto sanitario", sostuvo en su momento el presidente Alberto Fernández  frente a este nuevo escenario. Mas vacunas y mayor responsabilidad de la población frente a esta tercera ola es la estrategia para minimizar el impacto sanitario. Se verá cuanta conciencia social hay respecto de la responsabilidad que tiene cada cual frente a este nuevo pico de la pandemia.

 Se cierra un nuevo año y con él la tentación de realizar un balance político. No será este el caso. Las continuidad de procesos económicos, sanitarios,  sociales y políticos en pleno desarrollo,  llaman a la prudencia y seguir día a día su evolución y desenlace. Este panorama político, hecho con esfuerzo y un sincero compromiso  con las ideas que aquí se sostienen, continuará con su modesto aporte a una comunicación alternativa y popular que de visibilidad a las problemáticas sociales que son ignoradas por el sistema de medios hegemónicos.


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