_
Si bien faltan dos largos años para las elecciones ejecutivas, el mapa político que plasmó la última contienda de noviembre agigantó la voracidad de los referentes radicales por posicionarse en los principales puestos de partida para las más importantes candidaturas. La reciente cumbre de intendentes y principales dirigentes radicales convocada por Rodolfo Suarez y Alfredo Cornejo para “limar asperezas”, dejó a las claras que son muchos los posibles anotados para el turno de 2023. Las fricciones surgieron a partir del impulso con tono de campaña que protagonizó el sobrino intendente del gobernador, Ulpiano Suarez, con el proyecto de instauración de boleta única de papel.
Esta propuesta, argumentada en la mayor transparencia y menor costo de los procesos electorales, fue leída por los demás “aspirantes” como una estrategia de marketing electoral que le permitiría al intendente capitalino llevarse los laureles, dejando al resto como parte del esquema tradicional de arreglos bajo la influencia de Cornejo. La idea era presentarse como el candidato que rompe con la rosca política y desplazar, de este modo, a Tadeo García Salazar, el hombre que propone Cornejo, y a Daniel Orozco, el que supuestamente apoya Cobos. Estos dos además tienen la desventaja de que, al haberse desempeñado durante dos períodos consecutivos como intendentes de Godoy Cruz y Las Heras respectivamente, no cuentan con la opción de la reelección. Para aquietar las aguas, acordaron hacer un paréntesis de campaña e impulsar desde los bloques legislativos mayoritarios de CM esta iniciativa y quizás también la reforma constitucional. También se habló del pase sanitario, al que el gobernador no ve con buenos ojos no porque sea difícil de aplicar, como se argumentó, sino sobre todo porque le fue bien oponiéndose a toda medida sanitaria que proponga el gobierno nacional.
Todo esto se da en medio de los fuertes tironeos del partido a nivel nacional, en el que el nuevo polo radical que se separó del bloque mayoritario, UCR-Evolución que encabezan Martín Lousteau y el cordobés Rodrigo De Loredo, plantean serias disidencias tanto en la estrategia legislativa como en cuanto a la conformación del Comité Nacional, cuestionando al hasta ahora único candidato a presidirlo, el gobernador jujeño Gerardo Morales. Cornejo quiere bloquear la intención del suarismo local de sumarse a un espacio nacional más cercano a Rodríguez Larreta, como pata radical del Pro, que choca con la aspiración de la dupla Cornejo-Morales de llegar con candidato propio a las PASO de 2023.
En las cosas de todos los días, el impacto mayor fue la evidencia de la crisis financiera de OSEP que se manifestó en la intimación de las entidades que nuclean a las farmacias por el atraso de más de 300 millones que se les adeudan desde septiembre, por lo que advirtieron que no seguirían entregando medicamentos a los afiliados de la obra social más grande de la provincia. Ante la incertidumbre que generó en sus más de 400 mil afiliados, empleados y familiares de trabajadores del sector público, el gobierno provincial giró fondos para pagar una parte de la deuda exigida. La realidad es que este aspecto es sólo una muestra de la gigantesca deuda que soporta OSEP, fruto del pésimo manejo al que ha sido objeto durante el gobierno de Cornejo y en el actual período. Según estimaciones, el monto total de lo adeudado ascendería a cerca de 3.500 millones de pesos.
Ciertamente el endeudamiento es la principal fuente de financiamiento de la provincia. El flamante ministro de Hacienda Víctor Fayad (h) debutó con una nueva colocación de bonos por un monto de 4.570 millones (estaba autorizado por la Legislatura hasta los 10 mil millones). De ellos, una parte se destinará al denominado Plan de Inversión Pública (se omite deliberadamente el término obra pública) y otra a cubrir los vencimientos de deuda vencida en junio pasado. Los costos financieros de la operación incrementarán aún más la deuda comprometida para el período 2023.
En el peronismo, esta semana tres de sus intendentes más notorios, Emir Félix (San Rafael), Roberto Righi (lavalle) y Martín Aveiro (Tunuyán), viajaron a Buenos Aires para hacer operativas las conversaciones postelectorales mantenidas con el Jefe de Gabinete Juan Manzur. Están interesados en concretar obras que fueron planteadas en aquella reunión de fines de noviembre, en especial las obras viales de la ampliación de la ruta 40, también en planes de viviendas que están paralizadas desde la gestión de Macri, entre otras. Si bien estas son tareas inherentes a las diferentes gestiones municipales, se está prefigurando un espacio de coincidencias para perfilar un trabajo conjunto hacia el futuro.
La política de control de precios impulsada por el gobierno nacional comenzó a mostrar resultados en los números de noviembre, en donde el IPC registró un 2,5% de incremento inflacionario. Luego de dos meses consecutivos con una inflación del 3,5%, el Indec volvió a registrar una tendencia a la baja. Esa variación intermensual, además, es la más baja del año. En perspectiva, la inflación acumula en relación a diciembre de 2020 presenta una variación de 45,4%, mientras que la variación interanual -entre noviembre de 2020 y noviembre de 2021- fue de 51,2%. Es interesante analizar que, en la composición general de este índice, los rubros que más crecieron fue el de indumentaria (prendas de vestir y calzado) y esparcimiento (hoteles y restaurantes), mientras que los alimentos se contaron entre los que están por debajo del promedio general (2,1%). Aquí cabe la aclaración que el rubro carnes que sí tuvo una fuerte suba, no estaba incluido en los acuerdos de congelamiento. Esto muestra la eficacia de la estrategia impulsada por el área que conduce Roberto Feletti y desmiente a las mayoritarias voces neoliberales que desaconsejaban estos acuerdos. En ese marco, el secretario de Comercio Interior, confirmó que el congelamiento de precios se extenderá el año próximo en forma de acuerdo con actualización mensual y revisión trimestral. Previsiblemente, el IPC anual cerrará debajo del 50% que era una meta a la que el gobierno quería llegar.
La negociación con el Fondo, luego de un largo proceso pacientemente recorrido por Martín Guzmán y su equipo, muestra avances reales que el propio FMI en un comunicado reconoció la recuperación más fuerte de la esperada en la actividad económica y la inversión este año, y “la importancia de un marco de políticas para sostener de manera duradera la recuperación económica y las mejoras en las condiciones sociales y laborales". Un idioma bastante alejado de la tradicional receta de ajuste y reducción del déficit fiscal al que acostumbran. Lamentablemente la actitud de la oposición de rechazar la ley de presupuesto debilita la posición argentina frente al FMI.
El poder del estado más desprestigiado y peor evaluado por la sociedad argentina es el Poder Judicial. Según un estudio de la Universidad de San Andrés 8 de cada 10 ciudadano tiene una mala imagen de esta corporación en general, donde un 50% de la población sospecha de los fallos y la conducta de los miembros de la Corte Suprema en particular.
Los argentinos no creen que los magistrados puedan proveerles verdad y justicia. La impunidad de sus miembros, salvo contadas excepciones, deviene de una serie de factores que deberían ser revisados. Lejos están del modelo aristotélico que entendía que la justicia “es la suma de todas las virtudes». El pueblo no los elige; tampoco rinden cuenta por sus decisiones; cobran salarios y jubilaciones de privilegio, son vitalicios en sus cargos entre otras características de casta, que se traducen en un comportamiento corporativo, poco transparente, donde prolifera la impunidad y la discrecionalidad. Consecuencia de ello es que muy pocos jueces, de los casi 5.000 que tiene la argentina, pagan Impuestos a Las Ganancias, un dispensa que no tienen millones de trabajadores en el país , tanto del sector público como privado. Los magistrados están en su mayoría sospechados de estar embanderados políticamente y, en consecuencia también sus dictámenes. Los escándalos permanentes de lawfare, mesas judiciales, promiscuidad con otros poderes del estado, fallos contaminados de parcialidad son moneda corriente. La designación por decreto de Mauricio Macri del año 2015, de los supremos Carlos Rosenkrantz y a Horacio Rosatti, en una decisión abiertamente inconstitucional, fue una de las situaciones más impúdicas donde se hizo visible la dependencia de la Corte de los factores de poder que los aúpan.
Ahora nuevamente, en su eterno afán de querer co-gobernar el país y en un acto groseramente político la Corte Suprema declaró inconstitucional la composición del Consejo de la Magistratura, que es el órgano responsable de seleccionar jueces, de imponerles sanciones, de suspenderlos para dar inicio de un juicio político y, si amerita, proceder a su eventual remoción. Este órgano, creado por el artículo 114 de la Constitución Nacional, está integrado por jueces, abogados, legisladores, un representante del Poder Ejecutivo y otro del sector académico.
Pero esta semana la Suprema Corte de Justicia de la Nación, arrogándose funciones que solo corresponden al Congreso Nacional, declaró inconstitucional una ley del año 2006, que redujo de 20 a 13 la composición de ese cuerpo. La supuesta razón de esta gravísima decisión es que, después de quince años sus Señorías se da cuenta que la actual composición del Consejo no respeta, a su juicio, “el equilibrio” de los sectores que seleccionan, sancionan y remueven a los jueces. La ley 26.080, dictada durante el gobierno de Néstor Kirchner, estableció un Consejo con 13 miembros, de los cuales 7 actúan en representación de los poderes Ejecutivo y Legislativo, una distribución que molestó, después de 15 años, a los cortesanos que argumentan que esta distribución les da la posibilidad de adoptar a la representación política de conductas “hegemónicas o de predominio sobre los otros tres estamentos técnicos, en clara transgresión al equilibrio que exige el artículo 114 de la Constitución Nacional”.
Paradójicamente la misma Corte dijo exactamente lo contrario, sobre esta misma ley, en marzo del 2014, cuando declaró improcedente el recurso extraordinario presentado por el denunciador serial Ricardo Monner Sans, que pedía también declarar inconstitucional la ley 26.080. Esta semana la Corte, contradiciendo su propio dictamen, retrocede vulnerando gravemente la división de poderes.
Ahora la Corte invita a que el Congreso dicte una nueva ley, en un plazo razonable. De todos modos el Poder Ejecutivo ya había enviado el Senado un proyecto de ley para reformar el Consejo, donde propone aumentar a 17 el número de consejeros, con la siguiente división por sector: 4 jueces, 6 legisladores, 4 abogados, 1 representante del Ejecutivo y 2 académicos. En este esquema que impulsa el gobierno de Alberto Fernández, solo 7 son representantes de órganos políticos, la proporción más baja desde que existe el Consejo. También sus señorías ordenaron al resto de los miembros del Consejo que , en 120 días, vuelvan a acomodarse al viejo funcionamiento a la ley de 1998, con una integración de 20 miembros.
Otra decisión lamentable que desprestigia aún más unos de los poderes de la república que se maneja a su antojo y conveniencia, muy alejados de la independencia e imparcialidad que se espera de ellos.
El trípode Corte Suprema, la oposición política y los grandes medios de comunicación han operado coordinadamente y con fuerza contra el gobierno nacional la semana que termina provocándole un daño que, de no mediar una firme actitud política de la coalición gobernante, puede trasladarse con fuerza destructiva sobre un gran sector de la sociedad argentina.
Así como la Corte busca condicionar al gobierno, también el macri-radicalismo en el Congreso Nacional provoca también un profundo daño a la sociedad, impidiendo la aprobación del Presupuesto del 2022, y debilitando así al gobierno en medio de una dura negociación con el Fondo Monetario por la deuda tomada por Mauricio Macri y sus seguidores.
Quedó en evidencia esta semana que JxC que, la fuerza política compuesta mayoritariamente por el radicalismo y el macrismo, han tomado la decisión política, desde el Congreso Nacional, de completar su tarea, impidiendo que el gobierno nacional cuente con las herramientas para ejercer, con todos los instrumentos necesarios, la función de gobierno.
Luego de más de 20 horas de debate sobre el proyecto de Presupuesto 2022, este resultó finalmente rechazado. Sin ninguna razón de peso, con este desaprobación, la oposición intenta terminar con la incipiente recuperación económica, el incremento del empleo, y la mejora en el bienestar de trabajadores y jubilados. El diputado Sergio Palazzo lo definió con claridad: “La verdad es clara y contundente. Nunca tuvieron la voluntad política de acompañar este Presupuesto. La voluntad política que han venido a expresar es que el Gobierno nacional se quede sin Presupuesto y que se quede sin la posibilidad de arribar a un acuerdo en mejores términos con el FMI”. También el dirigente Agustín Rossi, argumentó en la misma línea, en relación al comportamiento de la oposición “Incendiaron el país cuando se fueron y ahora, en vez de colaborar, hechan más leña al fuego”, afirmó luego de conocido el resultado de la votación.
En consecuencia, detenerse en las razones técnicas que esgrimió la oposición para eludir su responsabilidad, es desconocer que nunca existió la mínima voluntad de acompañar esta ley fundamental. La mezquindad sectaria primó sobre el interés general y lo que ocurrió en el recinto fue una lamentable puesta en escena para disimular esta reprochable conducta política. Bien lo definió la senadora salteña Nora del Valle Giménez quien declaró que “el mismo día que la oposición dejó sin Presupuesto a los argentinos, el INDEC confirmó que el Producto Bruto Interno creció 11,9% en el tercer trimestre del año, lo que representa una suba de 4,1% en relación al segundo, y acumula en el año un avance de 10,8%”.
“Estos que venían a salvar la República se la llevan puesta.” Esto decía hace un par de años atrás Margarita Stolbizer hablando del PRO y sus dirigentes. Muy pronto cambio de opinión y hoy es una acérrima seguidora de macrismo y sus aliados. Sacándose toda responsabilidad de encima votó en contra argumentando que “La responsabilidad de garantizar el Presupuesto de un gobierno es de la bancada oficialista” a sabiendas que esta no cuenta con los votos suficientes.
Tampoco hubo novedad en los votos del Frente de Izquierda que terminó, como lo ha hecho durante los últimos años, votando igual que la derecha más recalcitrante. No estuvieron ausentes los argumento delirante como el del diputado santafecino de Juntos por el Cambio quien afirmó que el gobierno, con este presupuesto comenzó, una “travesía de simulación soviética”.
Terminada la sesión, el bloque de diputados del Frente de Todos emitió un áspero comunicado donde denuncia la irresponsabilidad de la oposición y “un golpe a la recuperación de la economía y un retroceso para el país, las provincias y los municipios de todo el territorio nacional, que perderán obras e inversiones necesarias para mejorar la vida de los argentinos y argentinas”.
La respuesta de Alberto Fernández tampoco se hizo esperar "Voy a seguir gobernando en el 2022, con presupuesto o sin presupuesto" afirmó. Frente a esta situación el presidente decidió prorrogar el presupuesto vigente.
La oposición ha puesto en marcha su plan para desgastar al gobierno, sin importar las consecuencias que traerá esto aparejado para el conjunto de la población. El futuro puede tornarse sombrío y impredecible.