Las reiteradas intromisiones de Alfredo Cornejo y Rodolfo Suárez para con la justicia han sido el motivo por el cual distintas organizaciones han realizado una denuncia ante la ONU. Según apuntan los denunciantes en la misma “se da cuenta de la existencia de un plan sistemático para someter la independencia del Poder Judicial, implementado en Mendoza a partir de la asunción de Alfredo Cornejo al poder político provincial en diciembre de 2015 y que subsiste bajo el mandato de Rodolfo Suarez”.

En el año 2019, la misma Relatoría había expresado preocupación “por la existencia de un plan de carácter sistemático y estructural para quebrar la independencia judicial durante la gestión presidencial de Macri”.

Según advierte el documento en el cual se da conocimiento de la denuncia, la misma “presenta diversos hechos que ponen de manifiesto el quiebre de la independencia en la Suprema Corte mendocina, Casos de Intervención y Subordinación en el Ministerio Público de la Provincia de Mendoza, la persecución a Magistrados por sus resoluciones, la estigmatización y ataques contra abogados, la discrecionalidad en la designación de magistrados y el sometimiento político de los órganos de control”.

Xumek explica que “los ataques a la independencia de la Corte Mendocina comenzaron a pocos días de asumir Cornejo como reacción al fallo plenario por el que la Corte hizo lugar a una acción de hábeas corpus interpuesta por Xumek por el uso abusivo de la prisión preventiva. Al conocerse la sentencia, Cornejo fustigó públicamente al Juez Omar Palermo y en forma insólita, concurrió a las oficinas de la Suprema Corte para presionar en forma directa y pública a los magistrados. Las maniobras realizadas para no cumplir con el fallo de la Corte fueron calificadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una maniobra regresiva”.

El sistema de selección de jueces le permitió al partido hegemónico contar con una Corte Suprema “a la medida” y, desde ahí, según denuncian estas asociaciones, hostigar a abogados y jueces independientes.

Entre las designaciones, advierte la denuncia, hubo varias polémicas en relación a los miembros. Jueces con masivas impugnaciones, ex Ministros, entre otros. “José Valerio fue nombrado en 2016 recibiendo más de 600 impugnaciones por dictar fallos de contenido homofóbico y discriminatorio contra mujeres y homosexuales. Dalmiro Garay, nombrado en 2018, dejó su lugar de Ministro de Gobierno para ser parte de la Suprema Corte sin solución de continuidad. Alejandro Gullé fue designado como Procurador General en el año 2016, presentado por Cornejo como “un paladín de la justicia que funcionará como un segundo ministro de seguridad”. Estas designaciones, fueron acompañadas por un proyecto de ampliación de miembros de la Corte, denunciado como un intento de contar con un Tribunal adicto por todo el arco político provincia”, sostiene la denuncia.

Persecuciones a “los otros”

El Poder Judicial, bajo el mandato de Cornejo y Suárez, dejó de ser un poder independiente y se puso al servicio de los designios del partido gobernante. El juez Garay participó como juez y parte, evaluando desde la Corte algunas decisiones que se tomaban desde el gobierno mientras era Ministro.

Las persecuciones a la Agrupación Tupac Amaru, la sanción del criticado ítem aula y las imputaciones a algunos referentes de la oposición son algunos de los momentos “destacados” de la gestión.

“Se destacan las imputaciones efectuadas a legisladores provinciales del Frente de Izquierda Lautaro Giménez y Héctor Fresina, junto a otros dirigentes sociales, acusados de participar en un paro nacional convocado por la CGT. Al Senador Marcelo Romano de “Protectora Fuerza Política”, quien fue imputado arbitrariamente debido a un altercado durante las elecciones provinciales, y la prisión preventiva del ex intendente de Santa Rosa, Sergio Salgado, del Partido Justicialista. Caso en el que la Sala II de la Suprema Corte luego consideró que el Ministerio Público Fiscal utilizó la figura penal de ‘asociación ilícita’ sin elementos probatorios para justificar su privación de libertad”, asegura el documento.

Finalmente, la denuncia apunta al desarrollo de esta concentración de poder efectuada durante la gestión de Cornejo quien renovó a todos los integrantes de los organismos de control independiente, entre los que se encuentran el Presidente del Tribunal de Cuentas de la Provincia, el Contador General de la Provincia, la titular de la Defensa Pública y el Procurador de las Personas Privadas de la Libertad y el desmantelamiento de la Comisión Provincial para Prevenir la Tortura, limitando la participación de Organismos de Derechos Humanos y consagrando la hegemonía oficialista.