Tras el fiasco que representó, el oficialismo anunció que avanzará en una nueva ley de alquileres fue adelantada por el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa.

Massa llamó este miércoles en la noche a "discutir" en el Congreso una nueva ley de alquileres que brinde "certezas" al propietario y "garantías y tranquilidad" al inquilino.

Por su parte, el ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi, consideró que la Ley de Alquileres fue un "fracaso" pero planteó que no es necesario “derogarla sino mejorarla, partiendo de una ley existente”.

Al mismo tiempo, mientras se elabora la modificación de la actual ley, se contempla la suspensión de la misma por 180 días.

Desde las cámaras que reúnen a corredores inmobiliarios, a nivel nacional y en la provincia, han manifestado preocupación, en principio por el “intervencionismo” del Estado en la regulación del mercado inmobiliario.

Ante esta posibilidad de suspensión de la ley vigente, han sugerido lo problemático que podría llegar a resultar el vacío legal que la suspensión de la norma implique.

La próxima semana se reunirán con legisladores, y el propio Massa, en el Congreso para consensuar, a través de una mesa de trabajo, potenciales modificaciones en pos de mejorar hoy la compleja situación.

¿Pero qué dicen los inquilinos? El hilo más fino, y desprotegido, de embrollo que hoy es la Ley de Alquileres son los inquilinos, afectados por las alzas de actualizaciones exorbitantes, contratos extensos, y exigencias difíciles de cumplir para calificar para alquilar.

Gastón Villegas es integrante de Inquilinos Autoconvocados de Mendoza y refiere, desde su vivencia las complicaciones que, desde siempre y potenciadas por la ley, ha tenido para con los propietarios y/o inmobiliarias al momento de alquilar.

“La ley implementa muchos requisitos para los inquilinos. Cada vez nos complican más. Me parece absurda, no nos dan la posibilidad de alquilar. Muchos queremos alquilar y no podemos porque nos piden mes de depósito, mes de alquiler, dos o tres o más garantes”, enumera Gastón.

Y es que las exigencias de locadores se mantienen en desmedro de locatarios: monto por mes de alquiler, mes de depósito, mes para la inmobiliaria y 50% del impuesto a los sellos del contrato. Es una fija que inquilinos deben afrontar desembolsando enormes sumas.

Gastón cuenta: “Lo he vivido en carne propia. Yo pagaba 15.000 pesos y pase a pagar 25.000. Para mudarme tuve que pagar 50.000 pesos. Yo gano 30.000 pesos, menos de la canasta básica ¿Por qué? Por nada”, lamenta el joven trabajador.

Para Gastón, la modificación de la ley debería contemplar reducción en los requisitos al momento de ingreso, que en muchos casos llegan a pretender garantes propietarios también para habilitar el contrato, a la vez que los montos que deben pagarse para ingresar.

Y otro problema se presenta al salir: “Es injusto, te hacen contratos de acá a tres años. Que dejen al inquilino salir cuando lo precise”, señala Gastón, quien considera, en el escenario actual, sería aceptable retornar al régimen de contrato por dos años.

“La extensión debería ser de uno a dos años. Lo hacen a tres años para generarse más ingresos. Gana las inmobiliarias y los propietarios, pero pierden los inquilinos, que tenga más prioridad el inquilino, que tenga más derechos, porque nos han quitado los derechos”, reclama Gastón.

Los problemas para finalizar los contratos, que hoy implican multas, responden a múltiples causas. En muchos casos “alquilas y tenés problemas de agua, de luz, de gas, hay goteras, y no se quieren hacer cargo de los arreglos, que en muchos casos te los descuentan a vos”, dice el inquilino.

Capítulo aparte merecen las prohibiciones de “tener niños o mascotas” para poder alquilar, algo que la actual ley “prohíbe” pero que no se regula y sigue complicando a las familias al momento de acceder a una vivienda rentada.

En los próximos días, inquilinos autoconvocados realizarán una concentración y manifestación para solicitar se agilice el tratamiento de la modificación de la Ley de Alquileres, a la vez que se flexibilicen las inscripciones y adjudicaciones, en este caso del Instituto Provincial de la Vivienda.

“Hemos pasado dos años de pandemia, es imposible ir a alquilar. Para ingresar a un plan del IPV necesitás más de 900.000 pesos ¿Adónde va a ir la gente en este momento?”, plantea Gastón Villegas.

Sobre la modificación que se viene, el representante del colectivo de inquilinos mendocinos plantea: “¿Por qué no lo hicieron antes, cuando el dinero valía y se podía pagar? A esta altura es imposible pagar un alquiler.