Días antes de las elecciones, el gobernador Rodolfo Suarez, en modo campaña a full, anunció la posibilidad de prórroga de la Revisión Técnica Obligatoria, más allá de enero de 2022, cuando entre en vigencia.

“Cuando escucho a la gente la escucho en serio. Si me dicen: Rodolfo, no consigo cubiertas; es nada más que sentido común”, decía el gobernador diez atrás, antes de las elecciones del domingo.

Al mismo tiempo, desde el gobierno provincial remarcaron que la medida responde a una legislación nacional y que es la Agencia Nacional de Seguridad Vial la encargada de tal normativa.

Ese mismo día, el Partido Verde convocó a un caravanazo que reunió a cientos de coches en el KM Cero rechazando la puesta en vigencia de la RTO, al considerar la supuesta medida de seguridad vial como mero “curro” recaudatorio.

El mismo día, desde las áreas legales del gobierno, a cargo del control de la RTO, aclararon que no se suspendería y esbozaron la “oblea provisoria”, que tendría validez por 60 días para vehículos con problemas menores, a fin de no pagar dos veces al taller.

Suspender la RTO fue uno de los ejes de campaña del Partido Verde, con Mario Vadillo a la cabeza del rechazo y el reclamo.

“Han convertido el sistema de educación vial en un sistema confiscatorio de los vehículos de las familias mendocinas. Es perverso, es generar infracciones viales que terminan saliéndoles más cara a quienes tienen vehículos para andar todos los días”. Expresó Vadillo.

Durante la sesión de este miércoles, el legislador provincial reclamó: “Rechazamos confiscar los automotores de las familias mendocinas, el robo de autopartes y que terminen subastando o compactando el desguace en San Agustín”.

“¿Cómo hace quien tiene un Corsita, un Duna 98, si le secuestran el auto, que sale 200.000 pesos, y le cobran la grúa, los días de secuestro, lo que puede ser más de 40.000 pesos?”, expuso Vadillo, a la vez que pidió “blanquear” el sistema.

Hace pocos días, un usuario compartió su experiencia al asistir a realizar la RTO al utilitario con que trabaja: “La chata esta impecable, una semana con frenos hechos nuevos, le rebotaron los frenos”, cuenta el damnificado.

A la vez, el conductor revela que en el mismo taller le informaron que de “todos los autos con 5 o 6 años de antigüedad, no la pasó nadie”.

Tras dos horas y media de revisión, que no pasó, el propietario de la camioneta comienza enumerando: “Hacer frenos nuevamente: $12.000 de repuestos y mano obra”.

“Tiene una pérdida muy chica de aceite, imagínate, tienen que levantar y desarmar para arreglar una gota de aceite: $50.000 como mínimo. Más todo lo otro que le rebotaron: $100.000, y no sé si me quedo corto”, lamenta el usuario.

Para el “bochado de la RTO”, no pasarla representaría un problema, ya que es el vehículo con el que trabaja a diario como repartidor. “Se arriesga a no poder trabajar o a ser multado y su vehículo secuestrado”, señalan desde el Partido Verde.

Por su parte, desde el Ministerio de Seguridad informaron que en caso de no contar con la RTO aprobada, la multa que le cabría al “infractor” será considerada una falta leve, cuyo valor es de 100 Unidades Fiscales, es decir alrededor de 2.200 pesos.

Sin contar los arreglos y reparaciones para que el coche en sí la pase, hoy tiene un costo de alrededor de 2.500 pesos para vehículos livianos de hasta 2.500 kilos y de entre 1.000 y 1.500 pesos para motos.