Gustavo Correa, secretario General de la CTA de los Trabajadores, denunció penalmente a Mariana Caroglio, directora de Educación de Jóvenes y Adultos de la DGE por incumplimiento de deberes de funcionario público, abuso de autoridad y prácticas discriminatorias.

Los hechos en los que se fundamenta la denuncia penal son los que constan a raíz de los sucesos que se produjeron durante el traslado preventivo y la baja del personal docente y no docente del CENS 3-503, del Penal de Boulogne Sur Mer, en agosto de este año. 

“Estamos acostumbrados a una situación muy compleja que tenemos que plantear en la justicia para defender a los trabajadores. En este caso se expresa separando del cargo a director y suspendiendo a los docentes por una situación desmedida y desproporcionada”, expuso Correa.

Jorge Galleguillo, director de ese CENS, junto a un grupo de cinco trabajadores fueron removidos y suspendidos, de acuerdo a su situación contractual, del CENS del penal. De acuerdo a la presentación judicial, la situación comenzó el 1 de septiembre, cuando se le impidió el ingreso a un grupo de docentes a la institución.

Cuando se toparon con este impedimento, les justificaron la medida señalándoles a los trabajadores que estaba en marcha una investigación administrativa por un almuerzo que se realizó el 28 de julio en el que “no se habrían respetado los protocolos sanitarios vigentes en ese momento”, según La DGE.

Los trabajadores afectados iniciaron las acciones pertinentes, a nivel administrativo y, en esta ocasión, judicial, destacando las irregularidades de la DGE. Entre quienes tomaron cartas en el asunto, oportunamente, estuvo la Inspección General de Seguridad, por el CENS estar inmerso en el penal de Boulogne Sur Mer.

En la denuncia que presentó la Central Obrera se señala que la DGE cometió irregularidades porque el expediente se tramitó en el ámbito de la Inspección General de Seguridad y no en la Dirección General de Escuelas, como correspondía. 

Por este motivo, desde la CTA señalan que “se trata de un acto discriminatorio, de carácter persecutorio, que debe ser investigado de manera urgente porque son acciones que buscan eliminar la pluralidad de ideas en el ámbito docente y silenciar las voces críticas en relación a la gestión educativa”.

“Mariana Caroglio persigue y hostiga a trabajadores por su ideología política. Esta situación no es nueva. La actual funcionaria de la DGE fue una de los artífices del Ítem Aula, que significó una extorsión para los trabajadores de la educación de Mendoza”, señaló Correa, al tiempo que alertó sobre cómo estas prácticas atentan contra la libertad educativa.

“Es una decisión arbitraria. En los docentes existe el principio de derecho a la defensa y en esta situación no se ha cumplido. De todas maneras, no sorprende porque ya venían sucediendo acciones violentas y esta es una muestra más del autoritarismo creciente que tiene Caroglio”, completó el removido director Jorge Galleguillo.

Desde la CTA, su titular completó describiendo el escenario laboral en el sector de jóvenes y adultos: “Es un sector muy vulnerable para la conquistad e derechos. Hay muchos trabajadores suplentes, muy precarizados. Eso hace que la directora de línea -Caroglio- tenga una situación de abuso de autoridad permanente y de maltrato para con los trabajadores y trabajadoras”.

La denuncia penal es dirigida a Mariana Caroglio, no a la DGE, esto responde a que “ha intervenido en una situación particular, ella se atribuye situaciones que no las puede hacer de por sí. Hay cuerpos colegiados para atender estas situaciones, tenemos dos juntas de disciplina que funcionan y es adonde esto se deben debatir”, aclaró Gustavo Correa.

El procurador de la Corte, Alejandro Gullé, recibió en persona la denuncia realizada desde la central trabajadora en representación de los trabajadores afectados, pero no dio declaraciones a la prensa que se convocó en la explanada del Poder Judicial.

A dos meses de la suspensión que sufrieron, al día de hoy los trabajadores no han sido restituidos en sus puestos de trabajo, amén del pronunciamiento que la IGS hizo oportunamente, desestimando los hechos que se les imputaron, junto con los reiterados reclamos de distintas agrupaciones que acompañan a docentes y director.