Este miércoles 3 de noviembre, a partir de las 18 hs, asambleas ambientalistas han convocado a una manifestación en el KM Cero de la Ciudad en repudio al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que beneficia a la Minera San Jorge y que degrada el espíritu de la ley 7722.

Asimismo, el reclamo tendrá como eje avanzar sobre la declaración del área protegida Uspallata-Polvaredas, zona codiciada por San Jorge, proyecto que tiene muchos años en debate, con fuerte énfasis de su tratamiento por parte de grupos ambientalistas, pero sobre el cual no se avanza en la Casa de las Leyes.

Desde varios, y cada vez más, sectores políticos se pronunciaron respecto al fallo de la Corte que, si bien reafirma la constitucionalidad de la ley, quita del artículo 1 de la ley 7722 la especificidad de “otras sustancias tóxicas similares”, dejando una laguna, a primera vista, peligrosa.

Quienes tomaron la posta, desde el arco político, fue el FIT y el Partido Verde. El FIT robusteció su campaña, a la vez que denunció la maniobra y el lobby de la minera San Jorge, en el ámbito de la justicia. El Partido Verde, por su parte, difundió un video en el que el senador y candidato Marcelo Romano denunciaba la misma acción.

El Frente de Todos, que otrora acompañó el proyecto de modificación remitido por el flamante gobernador Rodolfo Suarez, refirió, esta vez que “la 7722 es el estándar ambiental que la sociedad impuso en las calles a toda la dirigencia política de la provincia de Mendoza y eso para el Frente de Todos es sagrado”.

En el marco de un debate organizado por la Federación de Estudiantes Secundarios en el Teatro Selectro, la senadora nacional y candidata Anabel Fernández Sagasti expuso: “En diciembre de 2019 el pueblo se manifestó en las calles. Si hay algo que el peronismo y el Frente de Todos reivindica y respeta es la voluntad popular y la lucha en las calles”.

Partidos minoritarios, por su parte, expresaron lecturas similares, al suscribir que “en Mendoza no existe licencia social para la explotación minera a gran escala” y al mismo tiempo al referir la ambigüedad en la que sume, dicha sentencia, los intereses megamineros, por un lado, y el cuidado del agua y los bienes comunes, por otro.

Desde el oficialismo provincial, la UCR y PRO evadieron dar declaraciones, hasta el momento en torno al fallo. Reina el silencio sobre el tema en el gobernador Suarez como en su entorno, en el gabinete y en la Legislatura. Mientras, desde sectores ambientales, con cautela, marcan la cancha y se movilizarán ante el fallo que echa mano a la ley 7722.