El miércoles 8 de septiembre se realizó la Cumbre Latinoamericana del Cambio Climático, organizada por Argentina. El presidente Alberto Fernández, solicitó apoyo al Fondo Monetario Internacional (FMI), al CAF (Banco de Desarrollo de América Latina) y al Banco Interamericano de Desarrollo (BID) como un “gran pacto de solidaridad ambiental”, así como “acuerdos de transferencia tecnológica”.

Para el presidente argentino, el sistema de gobernanza global no ha demostrado eficacia respecto a la movilización de recursos hacia los países en desarrollo, por lo que se requiere “una nueva justicia social ambiental” que incluya a países deudores, países acreedores e instituciones financieras internacionales, así como del sector privado. Estos acuerdos deberían servir para extender los plazos, atender los pagos del endeudamiento y para la aplicación de menores tasas, bajo las actuales circunstancias de estrés sanitario y ecológico.

Pero no solo Argentina alertó sobre esta situación, sino que todas las intervenciones de los presidentes y ministros resaltaron los efectos de la crisis climática en la región y pidieron mayores fondos a países desarrollados y organismos internacionales de crédito. A ello se sumó el reclamo de reducir las deudas soberanas, que en muchos casos aumentaron durante la pandemia. El evento sirvió para unificar posiciones en política climática y abordar el problema desde el punto de vista latinoamericano. 

Guterres, secretario general de Naciones Unidas, se refirió a los esfuerzos de muchos países por reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero y señaló la importancia de llevar a cabo una transición hacia las energías renovables y las economías resilientes. El enviado especial para el Clima de Estados Unidos, John Kerry, anunció que su país tiene previsto incrementar la asistencia para elevar la capacidad en energías renovables en Latinoamérica y el Caribe. Kerry garantizó que habrá financiamiento de los bancos más importantes de su país para la transición energética de más de 4 billones de dólares en los próximos diez años.

Quizá el momento más tenso de la reunión fue cuando los representantes de los países insulares, los más afectados por la subida del nivel del mar y por los fenómenos climáticos extremos, expresaron su opinión y fueron muy contundentes al reclamar por un cambio de rumbo. “Estamos decepcionados”, dijo la primera ministra de Barbados, Mia Amor Mottley, tras describir las consecuencias del huracán Elba sobre esta isla caribeña el pasado julio, que destruyó cientos de hogares, escuelas y hospitales. Mottley relató que los pequeños países centroamericanos no han causado la crisis climática, pero sus consecuencias los obligan a endeudarse para poder reconstruirse una y otra vez. En la misma línea, el presidente de Costa Rica, Carlos Alvarado preguntó “¿Qué tiene que cambiar para que nosotros nos salvemos y salvemos al planeta?”. “La realidad de la naturaleza está siendo muy clara. Vemos inundaciones, incendios forestales, se derriten los glaciares, hay pérdida de la biodiversidad”. Por último, remarcó que este año el gasto militar del mundo volvió a crecer, mientras que la mayor amenaza que tiene el planeta es el desastre climático y sigue sin atenderse. 

El evento, convocado por Argentina, contó con la participación de representantes de 21 países de la región, entre ellos Chile, Colombia, Costa Rica, Panamá, Barbados, Ecuador, Paraguay, República Dominicana. También estuvieron presentes delegados de Estados Unidos y Reino Unido, sede de la próxima COP26. 

Es importante destacar que el PBI de América Latina cayó un 7,7% el año pasado y no volverá a los niveles anteriores a la pandemia hasta 2024 y que, en ese marco, se buscará que los países aprovechen para iniciar una recuperación económica que sea al mismo tiempo ecológica. Aumentar la proporción de energía renovable y tecnologías limpias son los objetivos que se establecen como prioritarios. 

América Latina representa solo el 5% de las emisiones mundiales, pero es una de las más afectadas por el cambio climático, y lo será aún más en el futuro cercano. Esto significa que, mientras 10 países son los mayores responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, las consecuencias impactan sobre todo en Latinoamérica. Este hecho vuelve más razonable aún el reclamo a los grandes contaminantes de que deben financiar la transición a economías sustentables. 

La reunión se llevó a cabo previo a la Conferencia de Cambio Climático de la ONU (COP26) que se realizará en Glasgow en noviembre. Es una muestra política importante de la opinión de América Latina sobre el tema, que ayudará a mejorar su posición en espacios multilaterales. Los países deben actuar conjuntamente para superar el estancamiento económico y, a su vez, adaptarse al cambio climático de la mejor manera posible. La urgencia de incrementar políticas más respetuosas del medio ambiente está unida a la necesidad de una modificación de la arquitectura financiera internacional. No existe la crisis climática alejada de la crisis social y de la crisis financiera. 

La agenda climática es ya una prioridad política y económica a nivel global, y lo será mucho más en los próximos años. En ese sentido, la COP 26 será probablemente la reunión global más importante desde la Segunda Guerra Mundial, y quizá la última oportunidad para poner freno al cambio climático, a través de una gobernanza global ambiental, donde América Latina, actuando coordinadamente, puede ser protagonista.