A nivel social, el desinterés y/o desinformación respecto de las próximas elecciones PASO, en septiembre, y generales, en noviembre, es notorio, ubicándolas lejos de las preocupaciones inmediatas de mendocinos y mendocinas.

A esto se suma una postergación de los temas ambientales en las plataformas de los partidos mayoritarios, mientras partidos minoritarios los capitalizan y plantean como ejes centrales de campaña.

Los principales debates preelectorales se concentran en temáticas como la producción, el desarrollo y el trabajo, por el lado del Frente de Todos; y en la institucionalidad, austeridad y modernización del Estado como ejes de gestión, desde Cambia Mendoza.

El intento de modificación de la ley 7722, en 2019, generó fuertes cuestionamientos a las dos fuerzas políticas mayoritarias en Mendoza: sobre todo a la oficialista gobernante, encarnada en Rodolfo Suarez y sus respectivas bancadas en la Legislatura.

Pero también, la principal fuerza de oposición, el Frente de Todos, recibió críticas y acusaciones sobre su acompañamiento de la reforma de la 7722, desde sus bases como desde otros partidos opositores.

¿Cuánto del tema ambiental ocupa las agendas políticas de los partidos? Si bien estas elecciones de medio término son legislativas, son las primeras que confrontan a la clase política mendocina con una ciudadanía otrora activa actora en la restitución de la ley 7722 y en ejercicio de la democracia directa.

¿Qué dicen las plataformas?

En su plataforma 2021, Cambia Mendoza hace una escueta mención de la política ambiental que propone, mencionando “un manejo responsable, sostenido y sustentable de los recursos naturales de nuestra Mendoza; donde el agua y los recursos escasos tengan un especial resguardo y favorecer las actividades productivas de triple impacto”.

Mientras, el Frente de Todos profundiza en su plataforma propuestas políticas tendientes a la “inclusión de sectores productivos para promover el crecimiento sostenido, estimular la producción e impulsar el consumo interno”, pero no aborda la problemática ambiental de la provincia.

Por otro lado, los partidos minoritarios que pretenden consolidarse como “tercera fuerza” hacen una fuerte capitalización de los temas ambientales, principalmente de la defensa del agua y de la ley 7722, incluso planteándolos como principales ejes de campaña.

La alianza entre el Partido Verde y Ciudadanos por Mendoza concentra su campaña bajo el slogan: “Defendé el agua con tu voto”. En su plataforma se diferencian de otras fuerzas políticas manifestando: “Sostener las banderas ambientales con convicción y sin traicionar al pueblo mendocino es lo que nos separa de los partidos tradicionales”.

A modo de paralelismo, así como partidos de centro-derecha aglutinan candidatos denominados “pro-vida”, el Partido Verde reúne candidatos con perfiles técnicos-ambientalistas y a algunos “divorciados” de sus partidos originarios que votaron contra la reforma de la 7722 en 2019.

Esto mismo, ha servido de crítica de esa alianza desde el FIT-U. El Frente de Izquierda concentra sus consignas programáticas en la defensa de los bienes comunes, del agua, de la ley 7722, contra el fracking y contra la ley de hidrocarburos denunciando, a la vez, el accionar de otras fuerzas políticas.

Desde el FIT-U interpelan a la ciudadanía: “Quienes defendemos el agua de Mendoza y rechazamos el saqueo de nuestra cordillera por parte de las multinacionales debemos votar por el Frente de Izquierda, que monolíticamente está alineado con la lucha de las asambleas del agua y el pueblo de Mendoza”.

Para estas elecciones, la apuesta de los partidos minoritarios refuerza la agenda ambiental y convoca a votar sobre ese eje, mientras en los partidos mayoritarios, prácticamente, no se esboza ni desarrolla un programa en esa materia.

¿En cuánto incide la agenda ambiental en el voto?

Después de la reforma y restitución de la ley 7722 en diciembre de 2019, ni bien asumido el gobernador Rodolfo Suarez, los pronósticos sobre su gestión fueron agoreros respecto de su descrédito y una potencial e incipiente deslegitimidad de sus políticas.

Sin embargo, menos de 2 años después, lo que se vislumbró como una crisis de representatividad en Mendoza se diluyó, en un contexto inédito y complejo, como el actual, que puso en evidencia urgencias económicas y sociales estructurales.

Asimismo, la agenda ambiental ocupa un lugar preponderante en algunas plataformas electorales, al menos desde lo discursivo, sin propuestas legislativas concretas. Pero: ¿cómo influye esto en el voto de mendocinos y mendocinas de cara a las elecciones 2021?

En proporción, una parte importante de la ciudadanía considera que el intento de reforma de la 7722 no incide en su voto ni modifica su postura respecto de los partidos mayoritarios. De ese universo, una parte señala que la defensa de los bienes comunes trasciende lo político-partidario y depende de la sociedad organizada.

Otro sector, minoritario, se percibe como indeciso, al referir que tal hecho lo obliga a repensar su voto. Mientras, otro grupo, minoritario también, desiste de votar a los frentes que propiciaron la modificación de la 7722 y redirigirá su voto a fuerzas políticas que planteen la temática ambiental como prioritaria.

Candidatos, por su parte, entienden que el factor ambiental en el marco electoral depende netamente de los segmentos etarios y socio-económicos. Las y los jóvenes sí evalúan la cuestión ambiental al momento de votar, mientras a un sector importante del electorado le inciden notoriamente factores como trabajo e ingresos al momento de definir su voto.

Este relevamiento es acotado, aunque tendiente a dar cuenta de una especie de “termómetro” de la incidencia, o no, en el voto de hechos tales como la reforma de la ley 7722 y la movilización social que generó. Asimismo, hoy, la atención de la población, como ciudadanía, lejos está de los debates electoralistas a poco más de una semana de las PASO.