Un joven de 14 años está detenido por el femicidio de la adolescente Lucía Inés Fernández, de 15 años. Es el único acusado del crimen, y según se supo, confesó haber matado a Lucía tras enterarse de que estaba embarazada.

El joven se habría quebrado ante su madre y oficiales de la policía, por lo que se procedió a su detención, mientras avanza la investigación en la justicia local y desde algunos sectores reclaman la revisión del Régimen de Responsabilidad Penal Juvenil. Ergo: Baja de la edad de imputabilidad.

Ante los reclamos de más punitivismo, desde Ni Una Menos atribuyen a un Estado ausente las responsabilidades por el femicidio y reclaman superarlo para abordar, en este caso el femicidio de Lucía, desde una mirada integral que denota las falencias del Estado en varios frentes.

“Para nosotrxs, promover estrategias punitivas demagógicas, como la baja de la edad de imputabilidad, que legitiman la selectividad del sistema penal y la situación de abandono en la que se encuentran las niñeces y adolescencias, no es una alternativa posible”, expreszaron desde Ni Una Menos en un comunicado.

A lo que agregaron: “No aceptamos que utilicen nuestras muertes como argumento para ampliar el Estado policial en el que vivimos. Advertimos que, si el primer paso es bajar la edad de imputabilidad, el segundo paso será la pena de muerte”, refirieron, al sostener una política amplia en materia de derechos humanos.

“Queremos manifestar públicamente que para nosotrxs, estas no fueron antes ni son ahora, salidas políticas posibles, sino siniestros retrocesos en garantías democráticas que no vamos a negociar, al calor de los oportunismos electorales para la Mendoza sin memoria”, reclamaron ante los planteos de legisladores nacionales, como Luis Petri.

Por eso, desde NUM exigieron al Estado una respuesta integral, “que aborde las problemáticas estructurales e históricas, que tienen su origen en el sistema patriarcal y sirven de contexto para legitimar las violencias que padecemos”, manifestaron.

Desde la organización de mujeres, que reúne a más de 70 agrupaciones feministras y disidentes, reclaman por el cumplimiento efectivo de la Ley de Educación Sexual Integral y por la falta de asignación presupuestaria adecuada para abordar la prevención de las violencias de género.

Asimismo, insistieron sobre el cumplimiento efectivo de la Ley Micaela, que “requiere entender la trascendencia que tiene en nuestras vidas que la gestión pública se desarrolle bajo un paradigma que contemple la perspectiva de género”, indicaron.

“Necesitamos respuestas y políticas públicas urgentes, por lo que exigimos una Ley Provincial de la Emergencia en Violencia. Queremos y reclamamos un Estado social presente y una Justicia con perspectiva de género que garanticen nuestro derecho a vivir una vida libre de violencias”, expresaron desde Ni Una Menos.