En el marco de la 7ma Marcha Nacional Contra el Gatillo Fácil y la Impunidad, familiares de víctimas de la violencia que ejerce el Estado junto a organizaciones sociales y políticas, se convocan para marchar por las calles de Mendoza por cuarta vez. La convocatoria tiene lugar para este viernes 27 de agosto a las 17hs desde Plaza Independencia.

Las familias señalan a los tres poderes del Estado como principales responsables del avance de la política de mano dura, que se materializa en hostigamientos en barrios populares, gatillo fácil, represión de la protesta, persecución y procesamientos a militantes socioambientales.

Asimismo, abusos contra trabajadores organizados de la economía popular, torturas y muertes en cárceles y comisarías, como así también en hogares que alojan niñeces y hospitales  de salud mental. 

En ese marco, Babel dialogó con un referente de las organizaciones que luchan contra la Violencia Institucional, Sergio Juárez. El entrevistado recordó que “el año pasado no se pudo hacer de manera presencial, hicimos un acto simbólico, y esta vez con el avance de las vacunas y menos restricciones decidimos hacer la marcha”. 

La gacetilla de difusión mediante la cual se invita a los mendocinos y mendocinas a participar de la marcha, señala que “la emergencia en seguridad pública asigna partidas presupuestarias a reforzar dispositivos de control y represión, desfinanciando políticas de educación, salud, trabajo, justicia, vivienda y asistencia a mujeres y diversidades que atraviesan situaciones de violencia machista”.

En ese sentido, Juárez fue consultado por un “aval discursivo a la represión” en el marco de la pandemia. Ante esto, el entrevistado señaló que “es difícil de dilucidarlo, pero sin dudas la policía a partir de la tarea del control de la circulación de las personas, se les dieron más potestades para profundizar la represión. Sobre todo, al inicio de la pandemia”. 

En ese contexto, Juárez asegura que “también la sociedad cargó sobre ellos como un grupo esencial, dándoles una cierta ‘confianza’ o ventaja. Y la policía mientras más poder tiene más abusos comete”.

Ante este panorama, el entrevistado apunta que “ha habido casos resonantes como el de Facundo Astudillo Castro. Al inicio de la pandemia también hemos tenido casos en San Luis, con una chica que se llamaba Magalí y apareció “suicidada” en una comisaría”.

Tras estos hechos y en este contexto, la movilización de esta tarde exige la urgente investigación, sanción y erradicación de las torturas y muertes en manos de las instituciones públicas, como así también políticas de prevención de las mismas. 

Algunas de las consignas de esta tarde serán, la creación inmediata del órgano de revisión de la ley de salud mental, por la participación real de organizaciones en el desmantelado Comité de Prevención de la Tortura, por el esclarecimiento del asesinato de Magalí Morales en Comisaría de San Luis, por  justicia para Melody Barrera, víctima de crimen de odio, por Sebastián Moro primera víctima fatal del golpe de estado perpetrado en Bolivia en el año 2019, exigiendo al Estado argentino que contribuya al esclarecimiento del asesinato del periodista, causa en la que se realizó la denuncia en la investigación sobre su muerte y que "se encuentra paralizada". 

Además, se pide por la separación inmediata del Ministro de Seguridad Raul Levrino y Roberto Munives Director General de la Policía Provincial. En este sentido, Juárez fue consultado sobre las razones que movilizan el pedido sobre estos dos funcionarios provinciales.

“El caso de Munives viene más allá del gobierno de Suárez. Viene cumpliendo funciones desde el gobierno de Cornejo. Estos gobiernos han permitido y apañado a la institución policial en los abusos. Traen responsabilidad de varios años e incluso ha habido inconvenientes con su hijo. Las responsabilidades políticas en el uso de la fuerza abusiva caen sobre él. Y la gestión de Levrino no vino a cambiar nada para mejor”, advirtió Juárez.

Las represiones en el marco de las protestas contra las modificaciones a la Ley 7722 y la represión a los trabajadores municipales que protestaban a mediados del 2020 son responsabilidad de ambos funcionarios. 

En tanto que, las organizaciones contra la represión institucional también reclaman por la inacción de políticas en el marco de la protección de las mujeres y adhieren al pedido del movimiento Ni Una Menos, quienes también piden la destitución de los funcionarios.

Esta tarde, desde las 17hs, en la Plaza Independencia, habrá una Radio abierta y transmisión en vivo de entrevista a Familiares. El inicio de la Marcha hacia el Poder Judicial, donde se realizará lectura de documento de Familiares, documento de organizaciones sociales y políticas, documento de Movimiento Ni Una Menos.