Luego de 13 semanas consecutivas donde se verifica en Argentina la tendencia descendente de la curva de contagios por Covid 19, queda contundentemente demostrada la garantía que ofrece el plan de vacunación que se está ejecutando con sostenido ritmo en todo el territorio nacional. La efectividad del mismo es categórica: una baja del 85% de casos respecto a mayo y una ocupación de camas UTI en torno al 47% en todo el país. Ordenadamente, el Estado Nacional está disponiendo en paralelo la habilitación plena de las actividades sociales, educativas y económicas. La amenaza latente de una nueva ola impulsada por la variante Delta, hace que las medidas a tomar deban ser meditadas conservando los protocolos preventivos que, junto a la responsabilidad ciudadana, han demostrado ser un aliado inestimable en esta circunstancia. Ya existen más de un centenar de casos en Córdoba, unos cuantos en CABA y se acaba de registrar el primer caso en Mendoza. Suficientes alertas para no hacerse los distraídos.

Los desastres ecológicos no sólo ocurren en recónditas regiones amazónicas o en fotogénicos glaciares, ni son atribuibles exclusivamente al cambio climático. Así lo intenta reflejar el título de la nota de hoy en relación a la súbita proliferación de esta especie de roedores, habitantes originarios de esteros y riachos del Tigre y alrededores, en las enormes urbanizaciones construidas no ya a la vera de los arroyos pantanosos sino en los lechos mismos. Sin menoscabo del lado jocoso del hecho, no evitaremos el simbolismo latente de otros aluviones zoológicos que la invasión evoca, cuyos partícipes humanos antes y carpinchos ahora, refrescaron sus patas en históricas fuentes o en piletas climatizadas, como en este caso. 

Sin proponérselo, la reivindicación territorial capibarista puso nuevamente en agenda la olvidada Ley de Humedales, que cuenta con media sanción del Senado, pero no consigue tratamiento en Diputados y corre serio riesgo de perder estado parlamentario. La misma propone presupuestos mínimos para su protección, conservación y restauración ecológica atendiendo a los servicios ambientales que prestan los humedales. 

El debate entre la preservación ambiental y el avance inmobiliario descontrolado es una tensión que se plantea en todos lados y los ejemplos afloran en cada esquina. La ausencia de política y gestión ambiental en Mendoza claramente es una decisión deliberada. Dos casos alumbran esta afirmación. El Proyecto Ecoparque, anunciado con bombos y platillos durante el gobierno de Cornejo, con el mismo Secretario de Ambiente en el gabinete de Suárez, hoy es prácticamente una ruina que no se sabe hacia dónde va. La noticia no pasa solamente por el abandono en que ha caído el lugar, sino también por el descuido y la muerte de valiosas especies, la última de ellas un hipopótamo hembra que lo habitaba desde 1992.

El otro caso emblemático y poco transparente es la licitación para el mantenimiento y limpieza del parque General San Martín, adjudicada a la UTE conformada por Servicios Urbanos Mendoza S.A. y Bodegas y Viñedos Santa Elena SRL, por el módico precio de casi $2.000 millones en 120 meses, con las actualizaciones correspondientes claro. 

Santa Elena actualmente presta servicios de limpieza en los municipios radicales de Capital, Godoy Cruz, Guaymallén y San Martín, además de Luján, administrado por el Pro. Lo que se dice una aquilatada experiencia. La dejadez notoria y deliberada de los últimos tiempos operó como justificativo para forzar la privatización. Esta abulia pública había generado denuncias múltiples y hasta presentaciones ante Fiscalía de Estado por presunto incumplimiento de los deberes de funcionarios públicos de los miembros de la Secretaría de Ambiente. La Asamblea del Árbol, una de las ong´s denunciantes, aseguraba a fines de 2020 que existía una "falta de responsabilidad y dedicación para conservar" el Parque General San Martín. No es que la Dirección de Parques y Paseos Públicos no cuente con personal y capacidad logística: tiene una planta de 40 empleados, herramientas y vehículos que ahora estarán de más. Ante la avalancha de críticas, incluso de las otras empresas concursantes, las autoridades de Ambiente argumentan que “Tercerizar el servicio es una decisión política y las principales ciudades en el mundo tienen concesiones en este tipo de trabajos en los espacios públicos”. Una sentencia que pinta con claridad su concepto del estado. 

Por otra parte el caldeado clima generado por los conflictos salariales, derivados de las escuetas escalas de actualización propuestas por el ejecutivo provincial han tenido esta semana una calma chicha, a la espera de la resolución de las asambleas de base especialmente en cuanto a los ofrecido a los trabajadores de la salud, algunos de ellos profesionales. Concretamente, la gestión de Rodolfo Suarez ofreció llegar a un monto del 45% al que se arribaría en diciembre, suprimiendo la incompatibilidad para el doble cargo. Por otra parte, Los judiciales provinciales han reavivado la puja salarial y están en pie de guerra. La consigna en el ejecutivo es desinflar el ímpetu sindical por lo menos hasta las elecciones.

Sabido es que la estrategia del gobierno provincial es no brindar información sobre temas conflictivos. Pauta oficial y silencio de los funcionarios es la consigna probada. Se puede verificar tanto en la falta de respuestas de las autoridades en materia de seguridad como en la falta de prevención del delito que lamentablemente crece sin parar en Mendoza. Respecto al flagelo de los femicidios, en lo que va del año son al menos cinco. Cuando todavía nada se sabe del destino de Abigail Carniel, desaparecida, y poco de los casos de Mercedes Zárate, Daiana Aballay y Griselda Guerra, esta semana se produjo otro que se cobró la vida de Lucía Fernández, una adolescente de 14 años.  Estos hechos violentos hacia las mujeres, han puesto sobre el tapete la necesidad de políticas públicas polivalentes, preventivas, concretas y efectivas, que han sido nulas o insuficientes vistos los resultados lamentables. 

El femicidio de Lucía ha motivado la reacción comunitaria en Rodeo del Medio, de donde era oriunda, y una citación a la Legislatura para el ministro invisible Raúl Levrino y el comisario Roberto Munives, jefe de la Policía. Se sabe que una denuncia policial anterior realizada por  la familia sobre el acoso que recibía de parte del hoy asesino, fue desatendida. La acción que impulsan lo bloques del Frente de Todos para saber que pasó, seguramente buscará ser neutralizada por el oficialismo, como las 6 “invitaciones” anteriores.

La estrategia electoral del Gobierno que encabeza Alberto Fernández es continuar avanzando con el cronograma de vacunación, recuperar  la economía y mantener unida la coalición que conforma el Frente de Todos.

El presidente está decidido a mostrar la reactivación que se está verificando en todo el país, para lo cual inició esta semana una gira federal. Haciendo esfuerzos por dejar atrás el desgraciado episodio del festejo del cumpleaños de Fabiola Yañez, fotografía, ahora se sabe, divulgada por un técnico del Grupo Clarín. En ese plan volvió por tercera vez  a San Juan. En la vecina provincia reivindicó la estrategia de sostenimiento económico a sectores productivos y la contención social, brindada durante la pandemia, visitó fabricas e inspeccionó la obra en construcción de dos barrios que se están erigiendo en el Gran San Juan. Acompañado por los ministros de Desarrollo Territorial y Hábitat, Jorge Ferraresi y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, Fernández  pidió a los argentinos, en alusión a la grave crisis heredada, no repetir errores del pasado: "el mayor riesgo de que la puerta de salida sea el túnel del tiempo que nos acerca a un pasado que nos hizo mucho daño" advirtió. 

Aunque a partir del  18 de agosto rige  la veda electoral para la inauguración de obras, la idea fuerza  es federalizar la campaña. La visita a las provincias de Catamarca y  La Pampa, y próximamente a Salta y Tucumán  manifiestan esta vocación federalista. Con un mensaje anclado fuertemente en el plano de las inversiones,  muestra índices de que en 2021 se recuperó la inversión por encima de 2019, año pre covid. El comercio, la construcción y la  industria dan muestras de esta lenta pero firme recuperación. El crecimiento interanual de la industria fue del 19,1% a junio y el uso de la capacidad instalada fue del 64,9%, el más alto desde abril de 2018. La consecuencia inmediata de esta remontada se refleja en un notable crecimiento del consumo de bienes durables, producto de las facilidades de acceso al crédito y secundariamente, se empieza a notar una leve mejora en una variable dura como lo es el empleo. 

No es necesario insistir aquí con algo que todos sabemos. La profundidad de la crisis heredada sumado a los estragos de la pandemia, no hacen fácil la recuperación que poco a poco se muestra redunde en beneficios para todos los sectores de la sociedad con igual intensidad, el derrame se demostró falaz. Pero el proceso de recuperación está en marcha y su ritmo marcará también el grado de confianza y aceptación que irá cosechando el gobierno nacional. 

En tono de campaña, la consigna declamada por Juntos, integrado mayoritariamente por el PRO, la Unión Cívica Radical y la Coalición Cívica, es mantener la unidad para ser oposición y opción, pero los roces y codazos están a la orden del día.  En ese clima es que Juntos por el Cambio sigue avanzando con su armado político tanto en las provincias como a nivel nacional. Las batallas internas son descarnadas y superan por mucho a las coincidencias. Hay algo en la que la mayoría de los socios coincide: esconder a Mauricio  durante la campaña. Desde el promotor de la independencia de Mendoza, el separatista  Alfredo Cornejo, pasando por el alcalde porteño Rodríguez Larreta y llegando hasta la fanática  de las  pistolas taser  Patricia Bullrich, todos eluden aparecer con el ex presidente. Además de viejas facturas pendientes, especulan que el fanático de las reposeras y de las series de Netflix, está jugando sus últimas fichas y su aporte en términos electorales tiende a 0. 

Eso explica, al menos en parte, su magra cosecha en las listas de precandidatos que competirán en las PASO. Por ahora, los dirigentes con aspiraciones quieren limitarlo a  trajinar distritos, Córdoba, Santa Fe y CABA, donde si bien no suma, tampoco resta. Se verá si el ex inquilino de Balcarce 50 acata la sencilla consigna. Cornejo por caso, fue contundente sobre una posible visita a estos pagos: "No me parece que su presencia contribuya”. Qué lejos quedó aquel tiempo en que invitaba a los mendocinos a  “votar la opción del presidente Mauricio Macri con la boleta de Cambia Mendoza", cuando el radicalismo mendocino disfrutaba  entusiasta  de ser el furgón de cola de la alianza  encabezada por el PRO.  

No es menos cierto que el ex presidente estará más ocupado atendiendo asuntos  judiciales  que recorriendo distritos electorales. Tampoco sus amigos ayudan. Algunos de ellos quedaron imputados por la justicia esta semana por presunto envío de material bélico a Bolivia para apoyar al golpe de estado del 2019 contra Evo Morales. Entre ellos  figura su “otro yo”  Marcos Peña, el ex canciller Jorge Faurie y el ex secretario de Asuntos Estratégicos, Fulvio Pompeo. Nombres muy cercanos que rozan su figura.   

Por estos días, el ex espía y falso abogado Marcelo Sebastián D’Alessio, con contactos estrechos con los popes del gobierno saliente, fue condenado a 4 años de prisión por extorsión en la causa conocida como "Mafia de los contenedores”. En la volteada cayó también el ex  fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone, condenado a 3 años y 8 meses de prisión y otros ex agentes de inteligencia. 

Estos nuevos condenados por la justicia se suman a otros resonantes casos como es el del prófugo Fabián “Pepín“ Rodríguez, coordinador de la extinta y popular Mesa Judicial del macrismo.  Está  sospechado de integrar una asociación ílicita dedicada también a la extorsión, en este caso sobre los accionistas del Grupo Indalo. Pepín, un “perseguido político” para MM,  tiene pedido de captura de Interpol, a la espera que la justicia y el gobierno uruguayo lo despachen a la brevedad para que “se ponga a derecho”.  

No es casual la fuerte presencia del Ministro Martín Guzmán tanto en los cenáculos políticos como en los medios de comunicación, En este fin de semana también visitará Mendoza. La intención gubernamental es que su figura cobre fuerza en el último tramo de campaña antes del 12 de septiembre. El avance en varios puntos álgidos hasta hace poco de la siempre difícil agenda con el organismo financiero internacional así lo estarían justificando. Esta semana los rumores de un posible acuerdo con el Fondo fueron el acicate para una suba importante en las acciones y papeles de empresas argentinas o con intereses en el país, que rondó el 8% promedio. También bajó el Riesgo País.

Pero también hubo otra noticia positiva para los argentinos. Se produjo el reparto de unos 4.300 millones de dólares en Derechos Especiales de Giro (DEG es la “moneda” del Fondo) sin devolución, correspondiente a la ayuda votada por los 169 miembros como contribución a la recuperación económica pos pandémica, tal como lo señaló Guzmán. Estos son  fondos de libre disponibilidad y el Gobierno los destinará a cancelar las obligaciones derivadas de la deuda corriente para este año, liberando recursos para invertirlos en emergencia social y promoción de empleo. Como dice la canción infantil Juguemos en el Bosque, el FMI siempre está.

El principio de acuerdo de refinanciación, que comenzó a partir de las conversaciones de  Alberto Fernández con Kristalina Georgieva en Roma en mayo pasado,  ha ido tomando cuerpo. El dúo Martín Guzmán - Sergio Chodos, los  economistas encargados de la negociación,  plantean la reestructuración de  los 57.000 millones de dólares que tomó Mauricio Macri  para contener el dólar allá por 2018 y que terminó con fuga masiva de divisas. De ellos, efectivamente ingresaron al Banco Central 44.000 millones dado que Alberto Fernández desistió de la última cuota prevista. La letra chica del acuerdo habla de realizar una sustancial reducción de los intereses del 4% pactado al 1%. De confirmarse la aceptación  del FMI de estas condiciones, apoyadas por el despliegue diplomático que lo acompaña, el país alcanzaría un ahorro de entre u$s6.000 y u$s8.000 millones, en un acuerdo a 10 años. Argentina comenzaría a pagar su deuda recién en 2025, a partir del alivio que permita  conseguir  equilibrio fiscal en el período anterior a ese lapso. La intención declarada del presidente y su ministro es que el acuerdo al que se arribe sea respaldado por el Congreso Nacional.