Este jueves 19 de agosto inició la medida de fuerza impulsada por la Asociación Gremial de Empleados y Funcionarios del Poder Judicial, en las cuatro circunscripciones de la provincia, en reclamo de reapertura paritaria y la rediscusión salarial.

El paro se extenderá hasta este viernes, inclusive, en el marco del conflicto que mantiene con el gobierno provincial, disconformes por el aumento promedio de 30% establecido, sumado a bonos en negro, mediante la paritaria que se cerró unilateralmente.

Reclaman la recomposición salarial, que recibieron ministros de la Corte, mientras a trabajadores no. De ahí, uno de los motivos del reclamo que condujo a dichas medidas de fuerza.

César Llanos, secretario general de Judiciales, refirió que, al día de hoy, los trabajadores judiciales han parecido una pérdida del 60% de su poder adquisitivo, a la vez que el 50% de esa masa laboral percibe un salario por debajo de la canasta total de consumo.

“El gobierno viene haciendo oídos sordos, por eso esta medida tan extrema, de paro de 48 horas y movilización en toda la provincia”, señaló Llanos, al destacar que al día de hoy son alrededor de 4.500 trabajadores en la provincia.

El titular del gremio añadió, al respecto: “Se han generado vacantes, que no han sido repuestas. Esto provoca sobrecarga en las tareas del personal que sigue vigente”.

El dirigente sindical explicó que el sueldo de un ingresante en el Poder Judicial es alrededor de 50.000 pesos, “mientras que la canasta está alrededor de 68.000 pesos”.

Otro aspecto, que se suma al reclamo paritario y salarial, tiene que ver con el retorno al trabajo presencial en el Poder Judicial y sus sedes, denunciado desde hace días por Judiciales y parte de la medida de fuerza similar que se llevó adelante hace días atrás.

“La mayoría de los trabajadores han vuelto a la presencialidad, aun cuando no hay condiciones de infraestructura en los edificios”, destacó Llanos y graficó que en el edificio principal del Poder Judicial hay 150 personas trabajando y solo 3 baños, en pandemia.

Llanos también criticó la aplicación, todavía verde, del expediente digital: “Cada día hay mayor cantidad de expedientes y menor cantidad de trabajadores. Esto es una decisión política del Poder Ejecutivo y de la Corte, que subsume a los trabajadores en la pobreza y, por otro lado, que afecta a los todos los mendocinos”.