En sesión semipresencial, el Senado no ratificó el decreto del Ejecutivo que homologa el Convenio Colectivo de Trabajo de Vialidad Provincial por 21 votos a favor, 16 en contra y 1 abstención. Tras siete años de archivo y mediante un tratamiento exprés pasó, de una semana a la otra, de la Cámara Baja a la Alta.

Se trata del decreto 2342/14, firmado por el entonces gobernador Francisco Pérez, donde se homologa el CCT denominado “80 aniversario”, un convenio basado en el Estatuto de Escalafón de Agentes Viales, a través de la ley provincial 5563, según informa Claudio Díaz, secretario general de SITRAVI, el Sindicato de los Trabajadores Viales.

El CCT “80 aniversario” fue y volvió varias veces en el ámbito de la justicia, tras su homologación. Incompleta, porque en 2014 fue analizado por tres comisiones en la Legislatura que le dieron despacho favorable, pero nunca llegó a recinto para su ratificación. En los primeros días de junio de 2021, la homologación volvió a ver la luz para establecer su “no ratificación”.

El oficialismo consideró que el CCT “80 aniversario” es desventajoso para los trabajadores viales. El senador radical Juan Carlos Jaliff informó que dicho convenio es nulo, porque viola principios legales, es ilegítimo y resulta inconveniente en las cuotas sindicales establecidas, por lo que pidió se avanzara en la no ratificación del decreto del Ejecutivo que lo avalaba.

Asimismo, Jaliff reconoció la vigencia de otro CCT, el 572/09, firmado por la Federación Argentina de Trabajadores Viales y el Consejo Vial Federal, que reúne a las direcciones de Vialidad de las distintas provincias, de alcance nacional. Desde SITRAVI consideran que dicho convenio es, como mínimo, leonino. Por eso, elaboraron el propio, de carácter provincial.

Los tironeos por el “80 aniversario” no son nuevos. De hecho, en torno al mismo hay, al día de hoy, una medida cautelar interpuesta desde el sindicato, sobre la que hizo lugar la Sala Segunda de la Suprema Corte de Justicia. Allí radica la principal suspicacia de SITRAVI como del peronismo en torno a esta “no ratificación” del decreto que homologa el CCT.

Y es que el peronismo, en la Legislatura, entiende que mediante esta acción lo que pretende el radicalismo es generar un “hecho nuevo”, a presentar ante esa misma Sala de la Corte -sino en el pleno-, para que se pronuncie acerca del CCT, porque “este gremio no le es simpático al oficialismo”, al decir del senador del PJ Alejandro Abraham.

Abraham señaló que SITRAVI “ha puesto en escena los problemas de corrupción en Vialidad”, al punto de constituirse el propio Díaz, secretario general del gremio, en querellante de la causa que tiene en la mira al “renunciado” director de Vialidad Provincial, Oscar Sandes. Por eso, consideró Abraham, el oficialismo apunta a castigar al sindicato.

Sobre Sandes, quien se desempeñó como titular de la DPV de 2015 a 2020, pesa un proceso penal, junto con multas del Tribunal de Cuentas, por irregularidades administrativas. Entre ellas, facturas apócrifas y millonarios gastos injustificados: vacaciones pagas, compra de joyas y bombones y faltantes en la caja chica, por un monto de al menos 3 millones de pesos.

“Lo que no quieren es que haya un control de los trabajadores o de personas que no sean del palo, porque no vaya a ser que haya bombones que fueron a parar a otro lado que no sea Vialidad”, ironizó el senador peronista Alejandro Abraham, al enfatizar que pretenden deslegitimar el rol y lugar de SITRAVI en ámbitos decisivos, como el Consejo de Vialidad.

Desde el peronismo, como desde el gremio, refieren que el oficialismo sacó el decreto archivado “de la galera”, inmediatamente después de que la Corte hiciera lugar al pedido presentado por SITRAVI, a su favor. Lo que sería una treta del radicalismo a fin de incidir en el proceso judicial que se lleva adelante, especulan.

Al margen de ello, desde el FIT dan cuentan de la peligrosidad que implica que “la Legislatura se yerga como tribunal para analizar la legalidad, o no, de un acuerdo paritario entre un gobierno constitucional y un sindicato reconocido para hacer sus tareas pertinentes”, según expuso el senador Lautaro Jiménez. 

¿La Legislatura tiene potestad para hacer eso? En parte. “Acudimos a la Legislatura para que homologue los acuerdos que firmamos en paritarias con el Ejecutivo, porque sin esa homologación, la patronal -el Estado mendocino, a través del gobierno de turno- puede abstenerse de aplicarlos en las distintas reparticiones”, explicaron desde otro gremio estatal.

Legisladores de la oposición y SITRAVI observaron que la autoridad de la Casa de las Leyes en la ratificación, o no, de acuerdos alcanzados en paritarias, se acota a aquellos artículos que suponen erogaciones para el Estado. "En todo caso, debieron no ratificar esos artículos, pero no un Convenio Colectivo completo", consideraron.

“Si ese Convenio de Trabajo es malo y realmente perjudica a los trabajadores de Vialidad, lo que corresponde es que se modifique en la instancia paritaria. En siete años han tenido las instancias para hacerlo... Acá no ha llegado ningún reclamo para que se modifique o se anule ese CCT”, resumió Jiménez, advirtiendo que se sienta “un precedente muy malo”.

La preocupación del FIT radica en que el accionar de la Legislatura, en este caso, deslegitima la paritaria: “Se considera juez de una negociación paritaria, con lo que patea el tablero de todas las paritarias. No se invitó ni se ha escuchado al sindicato para que dé su versión. Esto desequilibra cualquier reconocimiento del derecho paritario”, subrayó el legislador del FIT.

“Si el acuerdo es malo, se tiene que debatir en la paritaria. Si es ilegal, lo tiene que definir la justicia. No tiene nada que hacer la Legislatura en este aspecto”, enfatizó el senador de la izquierda cuestionando el tratamiento que se le dio al decreto desarchivado y la gravedad que implica que la Legislatura se inmiscuya en la vida interna de un sindicato.

Desde SITRAVI, Claudio Díaz anticipa que la acción encarada por el oficialismo tiene meramente la intención de “preconstituir pruebas” para usar contra su gremio en la justicia, cercenando la libertad sindical. Además, señala que, tras 7 años, el decreto de homologación 2342/14 “ha tenido ratificación tácita por parte de las cámaras”, por lo que nada cambiaría para los trabajadores viales.