Desde este martes 22 de junio y hasta mañana 23 de junio, inclusive, enfermeros y licenciadas en Enfermería llevan adelante una medida de fuerza, que impacta, sobre todo, en el Hospital Central.

El motivo: la sostenida precarización laboral a la que se ven expuestas y expuestos, y el incumplimiento del gobierno provincial de regularizar su situación. Inicialmente debía normalizarse la contratación en fraude laboral de trabajadores al 31 de marzo.

Pero desde el Ministerio de Gobierno, mediante decreto, establecieron la continuidad de contratos hasta el 31 de diciembre de 2021, tirando por tierra la regularización de trabajadores de la salud que llevan en sus funciones entre 5 y 8 años, denuncian los autoconvocados.

Asimismo, denuncian públicamente la desigualdad salarial que sufren. Y es que el régimen de contratos en el que están contemplados les impone una brecha salarial que no alcanza al mínimo, vital y móvil.

En sus redes, bonos de sueldo y facturas mediante, dan cuenta de la inequidad de la remuneración a igual tarea, junto con lo retrasado que se encuentran los sueldos del sector de la salud.

Un Licenciado en Enfermería, contratado, cumpliendo 40 horas de trabajo semanales, cobra 28.000 pesos al mes. Con descuentos, aportes jubilatorios, pago de Ingresos Brutos y monotributo, de bolsillo, percibe 24.000 pesos, sin contar con obra social ni ART.

Una Licenciada en Enfermería, contratada bajo la figura de “prestación de servicios”, cumpliendo 40 horas de trabajo semanales en UTI COVID en el Hospital Central -nosocomio de cabecera en pandemia- cobra al mes 37.000 pesos. Con descuentos e impuestos, en mano recibe 33.000 pesos, también sin contar con obra social ni ART.

Pero estos salarios desfasados del costo de la canasta familiar no sólo se registran en quienes están contratados precariamente. Sino también en el personal de planta. Autoconvocados también informan el sueldo de un enfermero profesional en planta permanente, con antigüedad de 9 años.

Para él, el salario mensual, cumpliendo 40 horas semanales alcanza los 53.000 pesos, en este caso con obra social y ART. “No supera el valor de la canasta familiar de 63.000 pesos mensuales en Mendoza”, subrayan.

Toda esta información de salarios, la cotejan con los aumentos previstos en los sueldos de legisladores provinciales, quienes a partir de julio cobrarán, aproximadamente, 240.000 pesos mensuales. “Esta es la desigualdad salarial que denunciamos. Esta es la precarización a la cual nos somete Suarez”, denuncian trabajadores de la salud.

“Hemos presentado, notas, petitorios, desde el 2020. Le pedimos estar en blanco, con una obra social y una ART. Cuando nos accidentamos, al no tener A.R.T, somos despedidos. Nos amenazan con descuentos, por intentar hacernos escuchar”, cuentan al enumerar las acciones que encaran y las advertencias que reciben antes sus reclamos.

A la vez, demandan al gobierno provincial una instancia conciliatoria para avanzar en la regularización urgente que precisan. “Queremos sueldos dignos para no tener que trabajar en dos y tres lugares para llegar a fin de mes”, manifiestan las y los trabajadores.

Por eso piden al gobernador Suarez, entre otros aspectos, que se reconozcan sus títulos como profesionales. “Dejen de presionarnos para renunciar a nuestra licenciatura”, plantean en un comunicado.

Ante la inequitativa situación que atraviesan, llevan adelante un paro y movilización, este martes y miércoles, que los concentra en la explanada del Hospital Central, “cansadas y cansados de tanta injusticia y de un gobierno necio”, remarcan.