En 2020, seis mujeres denunciaron a las autoridades del IUSP, el Instituto Universitario de Seguridad Pública, por hostigamiento y acoso laboral y sexual, en soledad, recurriendo a la justicia ante la inacción de los organismos administrativos de esa entidad y del Ministerio de Seguridad.

Ante el escándalo, el director del IUSP, Alejandro Antón fue removido de su cargo. Pero junto con él, las mujeres denunciaron a David Sáez, ex Director Ejecutivo y actual secretario del vicegobernador Mario Abed en la Legislatura, y al empleado Ceferino Sánchez, también integrantes de la institución.

Poco después, la justicia se pronunció al respecto, otorgó un amparo respecto de las violencias denunciadas por las mujeres en favor de ellas y apuntando contra el empleado Ceferino Sánchez que, así y todo, sigue en funciones, según expone María José Terzoli, una de las denunciantes.

María José detalla que fueron acosadas “durante cinco años por toda la gestión de Antón, David Sáez, que sigue trabajando con total impunidad, y Ceferino Sánchez”, mediante diferentes hechos de violencia sobre las mujeres que se desempeñaban en diferentes áreas y de distintos colores políticos,

La mujer, en diálogo con Radio Nacional Mendoza, contó que reconocieron que eran violentadas a través de “conversaciones circunstanciales, porque ni siquiera somos amigas”. “Nos unió el dolor, las amenazas de despidos, que despidieran a una compañera por hacer la denuncia por violencia de género”, profundiza la denunciante.

Si bien la cabeza del IUSP se cambió, Sánchez sigue trabajando en el instituto, aún “con una demanda en la que la justicia ya lo declaró culpable y sigue manejándose con total impunidad por el apoyo que recibe de Majul”, declara María José, refiriéndose a Néstor Majul, el Subsecretario de Relaciones Institucionales del Ministerio de Seguridad.

A la vez, Majul oficiaría de “padrino político” de Sánchez, cuenta María José Terzioli. “Hay una cuestión dolosamente política que supera al género. Él sigue manifestando su situación de poder, a pesar de la condena de la justicia, y no se hace nada, ni siquiera la intención de trasladarlo del lugar”, comenta la denunciante.

“Las autoridades no toman decisiones y el violento sigue en el lugar y hay que convivir y trabajar con él ¿Por qué tenemos que seguir siendo castigadas y no visibilizadas por las autoridades y el Ministerio de Seguridad que no toman resoluciones firmes?”, plantea María José, en la impotencia de no poder hacer nada, amén del fallo judicial.

Las seis mujeres no piden el despido de Ceferino Sánchez, con quien se cruzan a diario y que las sigue hostigando, menciona María José. Ellas solicitan su traslado, para “que no tengamos que seguir nosotras enfrentándonos a él, no es fácil trabajar con un violento. No tenemos qué más demostrar cuando la justicia ya demostró que es culpable”, explica.

Otro aspecto sobre el que llama la atención la denunciante tiene que ver con el nulo acompañamiento ofrecido desde la Dirección de Género y Diversidad de la provincia: “No nos ha ayudado en nada”, comenta María José, y refiere que sólo desde la UNCuyo se acercaron a ellas, pero “ningún ente provincial se ha involucrado en este caso”.

Además, las mujeres detectan la contradicción “feminista” de que la abogada María Paula Vetrugno, a cargo del desarrollo de los cursos sobre ley Micaela hacia el interior de la institución, es la abogada de Ceferino Sánchez, el violento denunciado por sus propias subordinadas.

“Hemos tenido que pelearlas solas en la justicia, de forma individual. Estamos muy desamparadas”, resume María José Terzoli y reitera el pedido de que se realice el traslado correspondiente de Ceferino Sánchez (Saez está en la Legislatura, por ahora) para que no tengan que ser revictimizadas por su agresor en su lugar de trabajo.