Mendoza // 2021-04-26
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Se suman muertes de docentes y amparos en la justicia para suspender la presencialidad
Los sindicatos refieren que el gobierno escolar incumple las resoluciones del Consejo Federal de Educación en materia de salud pública. SADOP y CTA de los Trabajadores presentaron otro amparo más para retornar a la virtualidad y denunciaron penalmente al Director General de Escuela, José Thomas.


La CTA de los Trabajadores junto a SADOP presentaron una denuncia penal contra la Dirección General de Escuelas por la exigencia de presencialidad en las escuelas de Mendoza, en el marco de un agresivo rebrote de contagios y con 60% de la población de docentes aún sin ser vacunados.

Los sindicatos refieren que el gobierno escolar incumple las resoluciones del Consejo Federal de Educación en materia de salud pública. “Necesitamos que la justicia intervenga de manera rápida”, manifiestan los gremios.

El Secretario General de la CTA, Gustavo Correas, señala que la situación es insostenible. Mientras la DGE prepotea a gremios docentes a diario, desde la representación de los trabajadores de la educación informan las muertes de profesores como de personal de las escuelas.

Este domingo falleció el profesor de Matemáticas Miguel González, del CENS 3 – 466. Este lunes se conoció el deceso de Fabián Zuñiga, celador de la escuela 2 – 042. Los sindicatos y organismos de derechos humanos motorizan amparos para que la justicia se pronuncie.

En el caso de CTA de los Trabajadores y SADOP, junto con el amparo solicitado se realizó una denuncia penal: por violar el artículo 205 del Código Penal al adoptar medidas que permiten la propagación de la pandemia de Covid 19.

La denuncia sostiene que Thomas se niega cumplir la normativa establecida por el Consejo Federal de Educación para suspender el dictado de clases presenciales y, con ello, pone en riesgo la salud de los alumnos que asisten a las escuelas y a toda la comunidad educativa.

En este sentido, señalaron que con el aumento de casos en la provincia se debieron tomar medidas para proteger a la población y frenar la propagación del virus y el titular de la DGE omitió esta situación.

Por su parte, el amparo presentado en la justicia civil, en la misma línea que los llevados a cabo por APDH, Red de DDHH de Mendoza y SUTE, se basa en la resolución 386 del Consejo Federal de Educación en la que se establecieron los criterios para mantener, o no, la presencialidad.

La medida cautelar plantea regresar a la virtualidad hasta tanto baje el ritmo de contagios. El objetivo, argumentan, es proteger la salud de docentes, estudiantes y miembros de la comunidad educativa.

“En Mendoza no hay medidas para enfrentar esta situación epidemiológica. Los números que tenemos son alarmantes. Necesitamos una presencialidad cuidada porque estamos colapsados y no queremos que el sistema de salud tenga que elegir a qué paciente salvar”, refirió Ester Linco Lorca, secretaria general de SADOP.


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