Desde la APDH, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de San Rafael, y desde el SUTE se han presentado amparos a la justicia local para que avance en la suspensión de la presencialidad en las escuelas.

Este viernes, en Mendoza se registraron casi 900 contagios de Covid 19 y 20 muertes, cifra record en decesos en lo que va de la pandemia. En la misma semana se conocieron las muertes de al menos cuatro docentes como consecuencia de la enfermedad.

Por eso, y ante la decisión firme de la DGE de sostener la presencialidad en las escuelas, ambos organismos presentaron sendos amparos. El amparo colectivo del SUTE consiste en una acción preventiva.

Esta acción “busca preservar las vidas de trabajadores/as de la educación, estudiantes y de sus familias ante la decisión del Estado de no tomar medidas frente al agravamiento de la pandemia”, señalan desde el gremio.

Desde el gremio docente reiteran retornar a la virtualidad en lo inmediato, argumentando la explosión de casos registrada desde el inicio del ciclo lectivo; la saturación del sistema de salud; los problemas edilicios y la falta de insumos para garantizar protocolos en las escuelas.

También, el SUTE advierte la suspensión del plan vacunación para las y los docentes; las aglomeraciones que se producen en el transporte público, junto con los casos registrados de fallecimientos de educadores.

“El gobierno, en cambio, prefiere simular normalidad. No podemos permitir que la desidia estatal siga agravando los contagios y cobrándose vidas de trabajadores/as”, manifiestan desde el gremio.

Antes, desde la APDH, su referente Ricardo Ermili había remitido un amparo también en la misma línea. Ermili expone la fundamentación a favor de la presencialidad de la DGE, en el marco del Consejo Federal de Educación, debe contextualizarse y comprenderse a la luz de la fecha del dictado de la norma: el 23 de febrero de 2021, poco antes de la “segunda ola”.

Desde esa fecha a esta, Mendoza ha pasado a estar en alto riesgo sanitario. El amparo de Ermili detalla: hace 28 días los casos confirmados era 4.027; hace 14 días, los casos registraron treparon a 10.965. el cociente, de riesgo epidemiológico resulta entonces en: 2,61.

El semáforo epidemiológico establecido por las autoridades educativas marcaba que con un cociente superior a 1,21, la luz roja indicaría el riesgo que implica la presencialidad y medidas al respecto que debieran abordarse.

En cambio, salteándose su propia normativa, la DGE sostiene las clases presenciales. Incluso el Director General de Escuelas José Thomas recrimina a los y las docentes que “cuando no hay presencialidad, les mandan la tarea a los chicos y ‘arréglatelas’, que te enseñen tus padres”.

En su pedido de amparo, el titular de la ADPH señala que el gobierno escolar, y el de Mendoza tras él, comete la omisión de autoridad pública: la omisión de adoptar medidas razonables y proporcionales a la gravedad de a la pandemia en la provincia.

Destaca que no asumen su autoridad conforme a la titularidad de las obligaciones que pesan sobre el Gobernador de la Provincia y el Director General de Escuelas en relación a Tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional -Art. 75 inciso 22- referidas a los derechos a la vida, a la salud y a los derechos de niños niñas y adolescentes.

Otro punto remarcado por Ermili es la arbitrariedad con la que se maneja el gobierno: existe arbitrariedad, cuando con ostensible negligencia se omite tomar medidas razonables y proporcionales que neutralicen una de las causas de propagación de la pandemia en circunstancias de extrema gravedad.

“El daño que sufre una persona, con una actitud como la de las autoridades de la provincia que, haciendo caso omiso a la gravísima situación fáctica de aumento exponencial de la pandemia y la información científica disponible, produce una grave lesión a las dimensiones físicas, psíquicas y morales, y jurídicamente encuadran en violaciones al derecho a la vida, a la salud y la integridad”, considera el abogado sanrafaelino.

Así como el SUTE exige la suspensión de las clases presenciales, desde la APDH suman el pedido argumentando que la decisión de la DGE “pone en riesgo a todos los ciudadanos, particularmente a quienes se ven involucrados ya sea como docentes, trabajadores, directivos y alumnos y al conjunto de familiares de cada uno de ellos”.