Enclavada en la zona rural de Agrelo, sobre la calle Cobos, se encuentra la ex Colonia 9 de Julio, un importante predio de más de 70 hectáreas en el que funcionó por décadas una granja modelo en la que habitaban menores que se encontraban bajo la tutela del Estado provincial. Con la desafectación de la colonia para ese fin a fines de la década de los 90, quedaron allí viviendo las familias del personal e incluso de ex internos, las que se arraigaron en el lugar por varias generaciones. 

Desde hace años padecen múltiples presiones para dejar las casas que ocupan en la ex colonia, siendo la más reciente el corte del suministro eléctrico que se encuentra en el acceso general del predio, lo que ha significado que por varios días los vecinos se vieran privados no solo de luz sino también de la provisión de agua debido a que la misma es obtenida de una perforación ubicada en el predio. 

Preocupados por la situación, destacan que no han recibido una explicación satisfactoria de parte de las autoridades respecto a los motivos del corte, aunque suponen que el mismo puede estar relacionado con las continuas presiones que los habitantes del lugar reciben para que abandonen el inmueble o para que acepten nebulosas propuestas que parecieran estar destinadas a dividir el reclamo colectivo de solución que sostienen. Además, señalan que actos de esa naturaleza no solo afectan la normal vida cotidiana de las familias sino también ponen en riesgo la seguridad y salud de niños y niñas y personas ancianas que residen en el lugar en el actual contexto de pandemia. Asimismo afectan el funcionamiento del centro de salud y el mantenimiento del Centro de Capacitación para el Trabajo (CCT) que se localizan dentro de la ex colonia.  Esta situación ha aumentado la preocupación e inquietud de los residentes respecto de su permanencia en su lugar de residencia.

Los vecinos y vecinas destacan que desde que el inmueble pasó a manos del municipio lujanino las presiones sobre las familias que habitan el lugar han aumentado. Al abandono histórico del inmueble se suma ahora la desidia respecto de la situación de los actuales habitantes y de las condiciones de conservación de los espacios comunes que se evidencian en la negativa de la intendencia al ingreso de los empleados municipales para que realicen las actividades de cuidado y mantenimiento del lugar y la desinversión en el centro de capacitación que ha visto afectada su oferta de algunas de sus capacitaciones por no tener el material necesario para las mismas.

La larga historia de idas y vueltas en torno al destino de la ex colonia ha estado marcada por la falta de una visión clara respecto del destino de la propiedad, en ciertos momentos, los intentos de transformarla en un enorme negocio inmobiliario, en otros, y, sobre todo, de la ausencia de un plan integral que contemple a sus actuales habitantes. Un breve repaso de ese proceso sirve para comprender mejor el reclamo de las familias residentes. 

De colonia de menores a negocio inmobiliario

La Colonia Granja Modelo 9 de Julio fue creada en 1941 y concebida como un instituto modelo agrario. Su creación estuvo asociada con la sanción, el 14 de enero de 1939, de la Ley N° 1304 con el nombre de «Ley de patronato y Tribunales de menores de Mendoza», que establecía la competencia del juez de menores para decidir acerca de los asuntos concernientes a los menores víctimas o infractores. A partir de dicho marco legal fueron surgiendo, como en el resto del país, instituciones del tipo Macro-Hogares para menores de hasta 18 años. En ese contexto, a principios de la década del 40 se proyectaron y construyeron tres colonias: la Colonia 25 de Mayo en San Rafael, la Colonia 20 de Junio en Godoy Cruz y la Colonia 9 de Julio en Agrelo. En enero de 1940, por decreto del Ejecutivo, se aprobaron los planos y los presupuestos referentes a la construcción de la Colonia de Agrelo, con capacidad para 110 menores.

La colonia albergó a menores con situaciones sociales problemáticas hasta fines de los años 90. Los cambios de paradigmas en el abordaje de la realidad de niñas, niños y adolescentes fueron provocando el cierre de los Macro Hogares. La sanción de la Ley Provincial N° 6354 de 1995 y, más claramente la Ley Nacional N° 26.162, sancionada en el  2005, consolidaron el nuevo paradigma. Con los cambios que dieron lugar al cierre de la Colonia comenzó un tortuoso camino lleno de marchas y contramarchas respecto del destino del inmueble y de sus ocupantes. 

A partir de 2012, el gobierno provincial propició la creación de un centro de campamentismo, una iniciativa impulsada por el vicegobernador Carlos Ciurca y que involucró a un significativo número de organizaciones sociales en una tarea de recuperación del predio. Dos años después, en junio de 2014, la Legislatura Provincial sancionó la Ley N° 8682 que creaba el Centro de Campamentismo en la ex Colonia y de manera simultánea autorizaba a enajenar por licitación pública y a sobre cerrado dos fracciones del inmueble que sumaban algo más de 56 hectáreas. La Ley disponía que el producido de la venta se destinaría a dotar de infraestructura al centro de campamentismo. Tras la sanción de la Ley el centro de campamentismo quedó en la nada. Lo que sí se mantuvo fue la iniciativa de enajenación de las tierras que el siguiente gobierno reimpulsaría. 

Ya por entonces se mencionaba el interés de grupos económicos en la explotación del inmueble por su enorme potencial productivo. Emplazada en el corazón de un área de producción vitivinícola de alto valor inmobiliario, la ex colonia fue visualizada como una potencial fuente de negocios. Así fue como las distintas iniciativas de uso público de la finca fueron derivando hacia proyectos de enajenación del inmueble a privados. Esa impronta se consolidaría con la decisión del gobernador Cornejo de dejar sin efecto el proyecto del centro de campamentismo y de transformarlo en una subasta pública lisa y llana, sin ningún requisito de licitación pública ni de valor base para la venta mediante una iniciativa que derivó en la sanción de la Ley 8998 de agosto de 2017. Se llegó incluso a fijar fecha para el remate del inmueble para el día 14 de diciembre de ese año, el que no se concretó a partir del dictado por el Honorable Concejo Deliberante de Luján de Cuyo de la Ordenanza Nº 13.099, mediante la cual dispuso la creación de la Zona de Educación Pública, Investigación y Desarrollo de Agrelo, en el sector conformado por los inmuebles cuya enajenación autorizaba la Ley Nº 8998, estableciendo que los únicos usos permitidos en la Zona de Educación Pública, Investigación y Desarrollo de Agrelo serían los correspondientes a los rubros “Enseñanza” tipo A, B, C, D y E, y “Oficinas Públicas”, de acuerdo a la Planilla de Usos del Suelo de la Ordenanza Nº 12.914-17, e instruyendo al Departamento Ejecutivo Municipal, en virtud del uso establecido para las parcelas en cuestión, que solicite al Departamento General de Irrigación que no autorice la transferencia del derecho de uso de agua de pozos existentes en las mismas. Configurando tal destino una restricción al dominio que limitaba las posibilidades de concreción de la subasta, el Gobierno Provincial suscribió con fecha 13 de diciembre de 2017 un convenio con la Municipalidad  de  Luján de Cuyo en el que se acordó la venta del inmueble al Municipio “a los efectos de que sea reubicado en las fracciones I, II y III del inmueble individualizado anteriormente la sede o áreas de su dependencia, en forma total, del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria ubicada actualmente en calle San Martín Nº 3853 de Luján de Cuyo, Mendoza” comprometiéndose la Municipalidad al pago de la suma de pesos cuatro millones ochocientos mil ($ 4.800.000) en doce cuotas iguales y consecutivas de pesos cuatrocientos mil ($ 400.000) y a gestionar con las autoridades nacionales la instalación del INTA en el predio. La celeridad con la que se celebró el convenio entre el Gobierno Provincial y el Ejecutivo Municipal tras el dictado de la Ordenanza que bloqueaba la subasta y el involucramiento de un organismo dependiente nacional como es el INTA, en tiempos en que el gobierno de Macri propiciaba negocios para privados mediante la enajenación de tierras públicas, dio lugar a especulaciones sobre el impacto que tendría en el mercado inmobiliario lujanino el traslado de ese organismo a Agrelo y la disposición de 78 hectáreas para el proyecto de un parque municipal en el actual emplazamiento del INTA en el distrito Mayor Drumond. Bastó con especular con el aumento del valor de los inmuebles de la zona que produciría una significativa plusvalía para que surgieran cuestionamientos al acuerdo, especialmente de los trabajadores del INTA. Dicho convenio fue aprobado por el Poder Ejecutivo provincial mediante Decreto N° 382/2018 del día 23 de marzo de 2018. Por los tiempos transcurridos sin la concreción del traslado del INTA a Agrelo, podría suponerse que las clausulas de resolución de lo pactado, por la existencia de una condición resolutoria con plazos ya vencidos, podría dar lugar a que lo convenido entre la Provincia y la Municipalidad quede sin efecto. 

En abril de 2018, el entonces diputado nacional Guillermo Carmona expresó en el Congreso, mediante un proyecto de resolución, la preocupación y rechazo por el canje promovido por el intendente de Luján de Cuyo Omar De Marchi ya que fue impulsado “sin evaluar los perjuicios de relocalizar un centro de excelencia en materia de investigación y desarrollo para el mejoramiento de la actividad agropecuaria” y dado que “tampoco ha sido adecuadamente valorado el impacto que esta iniciativa provoca en términos de la reducción de suelos productivos y ecológicamente aptos para la actividad agrícola que estos proyectos generan, un principio que la ley 8051 de Ordenamiento Territorial y Usos del Suelo se esmeró en proteger”. A partir de una iniciativa del dirigente justicialista lujanino Alberto Chaparro, Carmona, se reunió la semana pasada con los vecinos de la ex Colonia, quienes le expresaron sus preocupaciones por los últimos acontecimientos. Si bien el servicio eléctrico fue restablecido gracias a una gestión de la diputada provincial Marisa Garnica, la preocupación de los residentes crece a partir de la abierta hostilidad de las autoridades municipales. 

La constante de toda esta historia, aún sin final predecible, es que las familias residentes en el inmueble nunca fueron contempladas en una solución integral que les garantizara el acceso a una vivienda digna en reemplazo de las que actualmente habitan. Los hechos ocurridos en los últimos días hacen resurgir una doble amenaza: la de una disposición del inmueble que nada tenga que ver con el interés público y la que surge de la acción gubernamental que expone a los vecinos de la ex Colonia a quedarse en la calle sin ninguna respuesta del Estado.