Hace solo dos semanas, la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Mendoza habilitó la enseñanza y práctica de la religión católica en las escuelas. Mientras en muchos ámbitos se discute sobre la separación definitiva entre Iglesia y Estado, la Corte local emite un fallo que va a contramano de los tiempos que corren.

En este marco, la Cámara de Diputados trató un pedido de rechazo al fallo en cuestión. Durante la sesión de la Cámara de Diputados, se avaló una propuesta del legislador del Partido Intransigente Eduardo Martínez Guerra, quien pidió que dicho cuerpo legislativo emitiera un rechazo al fallo de la Suprema Corte de Justicia que habilita la enseñanza y práctica de la religión católica en las escuelas.

Además de ser discriminatorio para con quienes profesan otros credos, sesgado en la población de fe católica, este fallo parece anacrónico en el Siglo XXI, una marcha atrás para con el Estado Laico. 

Según un comunicado del propio legislador Martínez Guerra, “Como es de público conocimiento el 25 de Noviembre del corriente año, la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Mendoza ha resuelto, con la firma de dos sus miembros, Juez Julio Gómez y Jueza Teresa Day, favorablemente, una petición interpuesta por el Arzobispado de San Rafael a los fines de que se declarare nula una resolución de la Dirección General de Escuelas emitida en el año 2018, por la cual se prohibía la celebración de misas, conmemoraciones, festejos, alabanzas, etc, en establecimientos educativos de enseñanza pública”.

Una de las firmantes es la jueza María Teresa Day, quien fue designada de manera express por el gobernador Rodolfo Suárez y a quien se le criticaba en su momento el incumplimiento de requisitos básicos para el ingreso a la Corte y falta de perspectiva de género. 

La Corte ratificó el pedido del Arzobispado de San Rafael donde dice “lo que se busca es sacar a Dios del horario escolar y expulsarlo definitivamente de la Escuela”, según se puede leer en el fallo.

En el comunicado de Martínez Guerra también se expresa Ricardo Ermili, titular de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) de San Rafael y de la Secretaría de Estado Laico de la Asamblea a nivel nacional, “todo comenzó tras la denuncia por discriminación que hiciera la APDH en julio de 2018 por la celebración de misas en la escuela albergue "PEDRO SCALABRINI" N° 8-597. En cada periodo de albergada, y dentro del horario de clases, se realizaba una misa a cargo de un sacerdote de la Iglesia Católica Apostólica Romana de aproximadamente dos horas”. 

En ese momento, y ante la denuncia, la DGE conducida entonces por Jaime Correas emitió dos resoluciones que establecen la "prohibición" de utilizar esos establecimientos para celebraciones, misas o fiestas de cualquier confesión religiosa.

El fallo muestra un avance de la Iglesia Católica sobre decisiones de cuestiones estatales, la gravedad del asunto es que la laicidad educativa está estipulada por la Constitución. Según la sentencia del Supremo Tribunal, la DGE “se encuentra viciada en su objeto, toda vez que transgrede normas constitucionales”.

En este sentido, el diputado Martínez Guerra señaló que “queda claro que este fallo solo es útil para imponer a quienes no profesan la religión católica, la celebración de actos escolares vinculados a dicha doctrina, sin considerar que el verdadero camino para el desarrollo de la convivencia ciudadana podrá realizarse mediante una auténtica educación laica que difunda y defienda el derecho de creencia o de no creencia sobre algún aspecto en particular. El principio rector del laicismo educativo en la Constitución de Mendoza es un principio ético que permite garantizar el respeto a los derechos humanos, entre ellos, reiteramos, el de la libertad de creer o no creer”.

Por último, en el comunicado de Martínez Guerra expresa que “la pluralidad, la tolerancia y la legalidad son hoy las premisas que marcan el comportamiento de una sociedad como la nuestra. En la pluralidad construimos consensos y definimos disensos. En la tolerancia conviven minorías y mayorías con diversas manifestaciones de pensamiento. En la legalidad le damos cauce a los acuerdos sociales y perfeccionamos nuestro régimen de derecho”.