El viernes pasado, Luis Teloc se subió a un colectivo desde Santa Victoria Oeste, en la provincia de Salta, para arribar este fin de semana a Mendoza, a ocuparse en una finca como trabajador temporario.

El sábado, los ómnibus en los que se trasladaban Luis y unas 80 personas más, entre ellas mujeres y niños y niñas, fueron requisados en el control de Jocolí y se constató que los vehículos no presentaban los permisos vigentes para ingresar a Mendoza.

Sin embargo, las y los trabajadores sí cumplimentaban con los requisitos, permisos y estudios médicos para poder entrar a la provincia y desempeñarse temporariamente en fincas y chacras.

Desde el sábado, Luis está varado a la vera de la Ruta 7, en Jocolí, en pleno desierto lavallino, junto a otros 80 trabajadores temporarios que quedaron, literalmente, tirados en la ruta, sin alimentos ni acceso a servicios mínimos. Entre esas personas, hay 5 niños.

La primera en asistir a los varados fue la CNRT, la Comisión Nacional de Regulación de Transporte, aunque no tuviera nada que ver.  Porque la CNRT se ocupa de la fiscalización del transporte y el servicio, no de las personas que son trasladadas.

En traslados de estas características, la CNRT, que también tiene sede en Jocolí, regula y exige el denominado  DUT -Documento Universal de Transporte- que consta además con un listado de pasajeros; el certificado de circulación de esenciales; la revisión técnica y el contrato de trabajo.

Mientras, la provincia exige otros documentos y requisitos a las personas, en este caso, expone Alejandro Mutis, delegado en Mendoza de la CNRT. Entre las exigencias solicitadas por la provincia se incluyen: declaración jurada de ingreso, firma médica del listado de pasajeros, comprobante de trazabilidad -para saber en qué fincas van a air y cómo se van a movilizar-.

Si bien los coches colectivos no contaban con la documentación adecuada para ingresar, la policía fronteriza negó el ingreso a las personas, según denuncian los trabajadores temporarios.

“Los coches ese domingo no tenían permiso de ingreso a la provincia. Las empresas de transporte no tenían la documentación y papeles exigidos por la provincia”, explica Mutis. En ese caso, el procedimiento consiste en trasladar los vehículos hasta la terminal, bajar a los pasajeros y retener los coches hasta tanto se pague la multa.

Sin embargo, en este caso, al impedir el ingreso a los pasajeros, estos quedan varados, a su suerte. Mutis cuenta: “Al ver que se dilataba en el tiempo el permiso otorgado por la provincia, le manifestamos que nos preocupaba porque quedaban varados, sugerimos que se los trasladara a la terminal donde pudieran ser asistidos y tener un servicio sanitario adecuado”.

Desde la CNRT plantearon destinar a los trabajadores a la Terminal, y desde ahí resolver la situación ¿Qué pasó? “No se solucionó nada. No se acercó nadie”, manifiesta el delegado de la CNRT.

Luis Teloc, uno de los 80 trabajadores varados, narra con angustia: “No tenemos agua, no tenemos nada para comer, estamos en el medio del campo. El senador habló no sé con quién, que nos trajo turrones, galletas, gaseosas, ayer comimos”.

“El senador” es Marcelo Romano, quien en sus redes sociales denuncia la situación. Visibilizando la situación, el senador de Ciudadanos por Mendoza plantea: “Estas personas están entre Mendoza y San Juan, los obreros migrantes están tirados, algunos desde el sábado. El gobierno de Mendoza no los deja entrar”.

Romano da cuenta que “la gente está tirada como perros, comiendo a la orilla de la ruta”. “La gente está hidratándose con lo que puede. Necesitamos que el gobierno deje ingresar  a la gente a un lugar donde tenga un trato humano. Todas las formalidades se van a cumplir pero en un lugar donde la gente no esté tirada en el medio del desierto”, pide el legislador.

Otra de las trabajadoras varadas da cuenta en un video viralizado también en redes: “Tuvimos que pasar el lunes a la noche, con la tormenta que había, como delincuentes por el costado de la ruta, con los bolsos, en medio de la lluvia. Estamos desde el sábado ahí, no nos dejaron pasar”.

“La policía no nos deja pasar, nos dijeron que es una decisión política, que el gobernador no quiere saber nada que entremos a trabajar”, expresaba la mujer. Mientras, Luis explica: “Los papeles están todo bien. Dicen que han cambiado una resolución, dicen que la finca tiene que hacerse cargo, sacar una autorización del Ministerio de Economía”.

Luis manifiesta que el encargado de la finca a la que debe presentarse a trabajar le mandó vía whatsapp un formulario que debe descargar, imprimir y completar cada trabajador. Parece muy sencillo, pero en medio del desierto, es imposible poder completar ese trámite.

“Quieren que imprima algo, que sea firmado por la gente, y acá no tengo salida ni para San Juan ni para Mendoza, estoy acorralado. Estamos con el calor, no hay sombra, algunos se acuestan abajo del colectivo donde hay sombra, los chicos lloran, no hay nada, ni un negocio”, expresa el trabajador que oficia de vocero de los otros 80 varados.

A ello, aguardando una solución de donde sea, Luis se lamenta: “La estamos pasando, la verdad, que mal. No somos perros para estar así. El senador nos quiso dar una mano y todo pero allá no le dan ni pelota. De la CNRT también no trajeron comida”, dice. Romano, por su parte, insiste al pedirle al gobernador Rodolfo Suarez “que tome cartas en el asunto”.