“Los/as abajo firmantes, trabajadores/as de la educación de la Provincia de Mendoza, nos dirigimos al Director General de Escuelas para exigir que no se trate ningún proyecto de Ley Provincial de Educación mientras dure la emergencia económica y sanitaria”, promueven los y las trabajadoras de la educación de la provincia.

Ya habían planteado días atrás, desde el SUTE que “si hay un momento inoportuno para discutir una ley de educación, es este”. “A partir de la emergencia sanitaria y económica, se arrogaron las facultades de no pagar aguinaldo, no aumentar salarios, recortar partidas extraordinarias”, reclamó Sebastián Henríquez, titular del gremio, oportunamente.

“Exigimos que se abran paritarias salariales y no salariales, para poder discutir los problemas acuciantes y urgentes del sistema educativo ahora: sobrecarga de tareas; salario pulverizado con el que pagamos conectividad; exposición de compañeros en las escuelas, nuestra obra social colapsada y una  desigualdad educativa que crece cada día”, demandaron.

Desde la DGE destacaron la apertura de un pre congreso para hacer parte a los distintos actores del sistema educativo en un debate que profundice la propuesta de reforma de la ley de educación.

Silvina Del Popolo, Directora de Calidad Educativa de DGE manifestó en declaraciones radiales que por estos días circula un borrador de discusión, de diálogo, “que le dé a la educación mendocina un nuevo punto de vista, apuntando a  la participación de la sociedad en el verdadero pensar del proceso educativo”.

Sin embargo, trabajadoras y trabajadores de la educación además de considerar inoportuno el momento actual para el debate, han reiterado y reafirmado la necesidad de atender las urgencias que hoy por hoy atraviesan, con las dificultades propias de la pandemia, el aislamiento junto con los incumplimientos laborales y salariales.

El SUTE enumera las razones en que se fundamente dicho rechazo, acompañado por las firmas correspondientes. Entre ellas destacan que: no hay condiciones de participación real de la comunidad. “No hay condiciones materiales, físicas ni psíquicas para afrontar este debate”, señalan desde el sindicato.

Al mismo tiempo, para el SUTE esta propuesta representa un retroceso en la educación como derecho: “el sistema educativo digital amplia la desigualdad educativa, ya que no se garantiza el acceso a internet ni a los dispositivos necesarios, no contempla a jardines maternales ni CAE y no garantiza la inclusión real de las personas con discapacidad, entre varios aspectos más.

Asimismo, consideran un retroceso en la calidad educativa, al enfatizar en la evaluación de capacidades y no de aprendizajes, reduce la educación artística a un entretenimiento, carece de perspectiva de género y de un enfoque integral de derechos.

Además, en materia presupuestaria, no garantiza plazos para el cumplimiento de otorgamiento del 35% del presupuesto provincial (ya establecido e incumplido por la presente normativa), junto con la inclusión de financiamiento empresarial y de empresas privadas y la municipalización educativa, profundizándola.