“En Mendoza será legal contaminar”, lanzó el diputado Mario Vadillo y generó una gran polémica en torno a la modificación de la Resolución 778/96 mediante las resoluciones 51 y 52 del Departamento General de Irrigación durante corriente año. ¿Es como dice Vadillo? ¿Qué explicaron las autoridades?

En diálogo con Babel, el propio diputado Mario Vadillo analizó la situación, en tanto que el Sergio Marinelli, Superintendente de Irrigación, explicó las medidas y el senador Ernesto Mancinelli, presidente de la Comisión de Ambiente en la Cámara de Senadores apoyó al funcionario.

Hace casi un año, el 23 de diciembre del año 2019, la ciudadanía mendocina se expresó de manera masiva en torno a la defensa de la Ley Nº7722. El gobierno de Suárez, recientemente asumido, se amparaba en el apoyo conseguido en las urnas para modificar dicha ley y abrir la puerta a la llegada de la mega minería a nuestra provincia. “No se negocia el agua de Mendoza” y “El agua vale más que el oro” fueron dos de las consignas que más resonaron por entonces. 

La polémica

El Departamento General de Irrigación cuenta desde 1996 con una resolución específica que regula y controla la contaminación tanto de cauces como de acuíferos. En la misma se establecen tanto los parámetros de los efluentes que pueden ser volcados sin ser considerados contaminantes, hasta las sanciones que se aplicarán a cada empresa o persona que viole estas restricciones. 

En diálogo con Babel, el diputado Mario Vadillo señaló que desde su espacio “hace bastante que venimos denunciando. Pero, con el tema de la pandemia no se ha hablado de esto”. La normativa del año 1996, Resolución 778, que regula el control de los cauces y acuíferos con respecto a los desechos cloacales e industriales ha sido modificada y desde Protectora denuncian que la medida ha sido un retroceso para la provincia.

En este marco, la Legislatura citó, mediante sus comisiones de ambiente al Superintendente de Irrigación, Sergio Marinelli, quien luego de dicha reunión dialogó con Babel. “Dimos explicaciones con los técnicos que llevaron adelante el proceso”, señaló el funcionario.

En este sentido, Marinelli explicó que el funcionamiento existente en Mendoza no era del todo eficiente y por eso se planteó la modificación. “Muy poquitas empresas tenían el permiso de vertido o un convenio (acuerdo que hace Irrigación) para que se comprometan en un plazo determinado a que las instalaciones cumplan con los requerimientos”, aseguró.

En torno a esto, quien se expresó fue el senador Ernesto Mancinelli, presidente de la comisión de ambiente en la Cámara de Senadores, quien apuntó que “la 778 estaba a punto de ser letra muerta. Entonces, con estas modificatorias, lo que se busca es que las industrias tengan una normativa para cumplir. La idea es minimizar el impacto de la contaminación”.

La resolución 778/96 fue modificada por Resoluciones 51 y 52 de febrero de este año. Según señala Vadillo, “generan problemáticas contaminantes graves. Crea una figura nueva que no existía y es el ‘agente contaminante’”, en tanto que apunta que “en nuestra legislación no se podía contaminar”.

En ese sentido, desde DGI aseguraron que se buscó una figura existente en la jurisprudencia nacional. “La crítica es la creación de la figura de agente contaminante. Se reconoce una situación que hoy en día pasa. Se genera un plan para poder revertir esa situación”, explica Mancinelli. 

Tras estas modificaciones, el diputado Vadillo denuncia que los inspectores perderán poder de Policía del Agua, “los inspectores de Irrigación llegaban a un lugar donde se denunciaba que había contaminación: si había una contaminación patente o probable, se podía pedir el cese del volcamiento o clausurar la planta de los volcamientos”.

En respuesta a ese argumento vertido por el Legislador, el superintendente de irrigación aseguró que “es una chicana. Si un inspector va a un establecimiento cualquiera y encuentra una manifiesta situación de contaminación, se comunica de manera inmediata con el subdelegado o conmigo y a los 10 minutos estamos ordenando la clausura del punto de vuelco”.

En este contexto, el funcionario señaló que esto no implica que el criterio sea más laxo porque lo toma una autoridad superior. “Esto es opinable, lo que me molesta es cuando no tiene fundamento técnico. Esto no significa que se pierda poder de policía. El inspector lo hace ahora con un procedimiento”, puntualizó.

Asimismo, Marinelli apuntó que “lo que se hizo con esta norma es una nueva modificación: la resolución 51 mejora en aspectos procesales y el único cambio es la conductividad eléctrica. Y se toma cuál es el agua que está usando la empresa para tratar sus efluentes. Las empresas nuestras son de base agrícola, no son residuos peligrosos como los de las curtiembres”. 

Por tales motivos, desde el Departamento General de Irrigación realizaron un relevamiento de las empresas que estaban volcando al cauce. Según señala el senador Mancinelli, con este estudio se supo que, de las 1700 industrias, solo 5 tenían permiso de vuelco y la gran mayoría tenia permisos provisorios. 

Uno de los cambios que se llevaron a cabo es que se cambió los parámetros generales de salinidad permitida en los efluentes por parámetros que son diferentes para cada una de las cuencas de nuestra provincia. Según señala Vadillo, “en materia ambiental, se supone que una norma que reemplaza a otra debería dar progresividad. Pero en cambio esto es regresivo”.

En cambio, Marinelli subraya que se adapta la situación a cada caso. “En el Valle de Uco hay un agua de excelente calidad, de bajísima conductividad eléctrica. Esa norma, que era muy restrictiva e impedía lugares como el Sur de la provincia y perjudicaba a las cuencas del Valle de Uco”.

En este contexto, el funcionario señaló que “en la parte técnica intervinieron varios ingenieros, el INA, el INTI, el INTA y técnicos de distintas cámaras empresariales”. Por tal motivo, asegura que la queja de Vadillo en redes sociales es de tal gravedad que “si fueran ciertas las cosas que dice, debería recurrir a la justicia”.

En tanto, Sergio Marinelli aseguró que “las opiniones son aceptables y el juego político, lo acepto. No es discutir conmigo, es discutir con especialistas de primer nivel”. No obstante, apuntó que esta regulación “da un mejor marco de procedimiento. Todo depende de cómo actúan los potenciales contaminantes y cómo actúa el controlador”.

Finalmente, el senador Ernesto Mancinelli aseguró que “estaba fallando el sistema, se busca controlarlo mejor”. De esta manera, el presidente de la comisión de ambiente de la Cámara de Senadores aseguró que “se respeta la progresividad en materia de derecho ambiental”.

La discusión está sobre la mesa y, en Mendoza, se ha generado una conciencia social sobre el tema de la importancia del agua que permite tenerlo en el centro de la agenda política. Uno de los puntos a destacar es que la sociedad mendocina ha alcanzado un consenso en relación al cuidado del agua que va a hacer que cualquier espacio político deba tener una “agenda ambiental” en sus plataformas políticas de los próximos años.