Como lo anunció el primero de mayo en la apertura de sesiones ordinarias de la legislatura, el Gobernador Rodolfo Suárez envió el proyecto de ley para reformar la Constitución provincial.

La propuesta, es una reforma parcial de la Carta Magna provincial, que deberá ser tratada en la legislatura y luego votada en un plebiscito el año que viene en las elecciones legislativas.

Los temas sobre los que más énfasis hace el ejecutivo, es la “introducción de un sistema unicameral disminuyendo el gasto político, eliminación de elecciones intermedias y limitación a un solo período de reelección para cargos legislativos y municipales”, según declaraciones del ministro de Gobierno Víctor Ibáñez.

Luego de esta presentación en un contexto de pandemia y de recesión económica, dialogó con Guillermo Carmona, el presidente del Partido Justicialista de Mendoza, y Presidente del Instituto de Ayuda Financiera en el ministerio de Defensa de la Nación.

Para Carmona, “Suárez padece una alteración de las prioridades. Hay una situación de inoportunidad en los tiempos para el tratamiento de una reforma constitucional en el medio de una debacle económica, y de una pandemia que está golpeando duramente a Mendoza y hay una impertinencia en cuanto al contenido propuesto en la reforma”.

Lo que sostiene el presidente del PJ, es que no hubo una instancia pre constituyente, fundamental para todo cambio constitucional, y tampoco “hubo instancias de diálogo previas con la oposición ni con sectores representativos de la sociedad.”

“Este proyecto está marcado por una voluntad de bajar el costo de la política, cuando en realidad no ha exhibido Suarez ninguna acción para bajar costos en el poder ejecutivo. Respecto a la unicameralidad no está justificado que vaya a significar un ahorro para el estado. Básicamente es una iniciativa desenfocada respecto de la realidad que estamos viviendo en la provincia, las prioridades deben pasar por la salud y no por una iniciativa de reforma constitucional”, señaló.

Cuando el proyecto fue anunciado el primero de mayo, el peronismo en su conjunto no mostró oposición a la reforma. Sin embargo, Carmona resaltó que en ese momento “no teníamos la impresión de que la pandemia se iba a prolongar tanto tiempo, entonces la inoportunidad tiene que ver con el hecho de que hay otras prioridades y el contenido es impertinente en cuanto no plantea una reforma amplia e integral de la constitución sino parcial, en el marco del interés del poder ejecutivo de avanzar sobre los otros poderes. Sobre la legislatura debilitándola, y sobre el poder judicial. Achicar la legislatura es achicar la representación política”.

En este marco, Carmona señaló que “se podría lograr una representación más equilibrada de los departamentos en un sistema bicameral”.

Por otra parte, explicó que desde el Partido Justicialista se vienen realizando una serie de conversaciones con especialistas, “pero siempre hablando de una reforma amplia e integral de la constitución”.

El proceso de reforma constitucional tiene distintas instancias, una de ellas es la pre constituyente, etapa antes de que se aprueba la ley que declara la necesidad de reforma, esa instancia de búsqueda de consenso y consulta previa no ha existido. “El Partido Justicialista no ha sido convocado a aportar y debatir sobre la reforma, en esto hemos planteado la preocupación de que pretendan desde el oficialismo tratar esto a libro cerrado. Para votar la reforma se requiere de la votación de dos tercios de ambas cámaras, números que el gobierno no tiene. El Ejecutivo afirma que hubo un proceso de participación en el senado provincial, pero fue en la gestión de Cornejo y el PJ tampoco fue invitado”, señaló Carmona.

Además agregó que antes de presentar el proyecto “debería haberse convocado a la oposición, a los sectores representativos de la sociedad. Suárez no hablo con nadie del peronismo y en el proceso anterior también se convocó al partido justicialista a opinar. También hay medidas específicas que no están contempladas en el proyecto. La impertinencia del contenido es porque no refleja los consensos construidos desde la política y la vida social mendocina”.

Además señaló que desde el radicalismo-Pro plantean que la reforma judicial a nivel nacional es inoportuna porque hay pandemia y crisis económica. “La reforma judicial se discute en el congreso, no hace falta convención constituyente, ni llamar a elecciones, y creen que ahora es oportuna modificar la carta magna provincial”.  

Consultado por los motivos que impulsan al Gobernador a realizar esta maniobra en este momento, Carmona respondió que es “meramente distractiva, en un momento sumamente crítico que se está viviendo en la vida económica y social de la provincia. El mensaje hacia la sociedad es reducir gastos de la política. Debería el gobernador empezar abordando los problemas de reforma que tiene que hacer en el Poder Ejecutivo de reducción de gastos”.

En este sentido, señaló que el Ejecutivo podría “reducir el costo de la política evitando que el presidente de vialidad, tuviera los gastos en viáticos para irse de vacaciones, o evitar sobreprecios en distintas obras públicas, y de eso no se habla” 

Por último, Carmona señaló que “en este momento debemos poner la energía  en superar la pandemia y enfrentar los desafíos económicos del desastre que nos dejaron Cornejo y Macri. Desde el peronismo somos reformistas por naturaleza, pero consideramos que la reforma debe ser amplia e integral al mismo tiempo planteamos que se tiene que hacer en el momento oportuno. Y la reforma constitucional requiere grandes consensos que no existen”.  

La consagración de la igualdad de género

En la parte de Derechos y Garantías, un artículo del proyecto de reforma propone “consagrar la igualdad de oportunidades entre mujeres y varones en el ámbito público y la obligación del Estado de promover en el ámbito privado la igualdad real de oportunidades entre géneros”.

En este aspecto, y esto es nota de la periodista, no puede consagrarse la igualdad de género. Si el fin del patriarcado tuviera que ver con una simple consagración en un artículo constitucional, los feminismos ya lo habrían tenido en cuenta. Se trata en realidad, de reconocer la estructura de desigualdad de género y privilegio del que gozan los hombres en el sistema patriarcal capitalista en el que vivimos.

En ese marco, si se quisiera incluir un artículo sobre la necesidad de deconstruir este sistema y estas prácticas, podría empezarse por ejemplo desde una reforma constitucional, en establecer obligatoriamente la participación de hombres y mujeres en el Poder Ejecutivo y Judicial, situación que no ocurre en la práctica. En las legislaturas sucede simplemente porque las mujeres logramos a través de la lucha el cupo femenino. Por otra parte, resulta contradictorio proponer esta “consagración de igualdad”, cuando lo destinado en el presupuesto provincial para la dirección de Género y Diversidad de la provincia es de 36 millones de pesos, y de ese total, 25 millones corresponden a gastos de personal. Hay 15 millones de pesos anuales para asistencia a las mujeres, es decir $15 por mujer. 

Mucho más contradictorio resulta este artículo, cuando el Gobernador propuso a María Teresa Day como jueza de la Corte en un juramento exprés, y con denuncias de por medio sobre la duda de si cumple los requisitos o no para ser jueza de la Corte. Day considera que la perspectiva de género es que “traten a una mujer como a un hombre”. Una mujer con perspectiva de género en la Corte, es una medida concreta y realmente a favor de las mujeres, que sirve mucho más que una “consagración” de derechos escritos en un papel.