Mendoza // 2020-07-31
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Desnaturalizar la violencia de género en el trabajo: el desafío de la causa contra Jofré
La elevación a juicio de la causa por acoso sexual, por parte del ex Subsecretario de Trabajo Alejandro Jofré contra tres empleadas de esa cartera, representa un avance de la justicia, al incorporar la perspectiva de género, a la vez que esperan una condena ejemplificadora tendiente a acabar con estas conductas, analizan desde la querella de las denunciantes.


El Tribunal Penal Colegiado, integrado por los jueces Eduardo Martearena, Claudia Vallejos y Nancy Lecek, decidió elevar a juicio la causa que tiene como imputado a Alejandro Jofré, ex Subsecretario de Trabajo durante la gestión de Alfredo Cornejo, por abuso sexual simple.

Tres mujeres, empleadas de la Subsecretaría, denunciaron en 2017 tocamientos, cuya figura legal corresponde a abuso sexual simple.

“Me acusan de tocarles la cola, ese es el abuso concreto, y ella dice que fue sin presión y sin caricias y yo me tengo que defender de eso”, dijo Jofré a MDZ Radio en declaraciones, tras conocerse el avance en el proceso judicial.

Las mujeres denunciantes dan cuenta, a través de sus representantes legales, que desempeñándose en distintos áreas, cumpliendo distintas funciones, sin conocerse entre sí, corroboraron que no estaban solas ni eran las únicas víctimas.

Julieta Naciff, abogada querellante y representante de las mujeres, explica: “Al hablar, al comentar los que les había pasado, se dieron cuenta de que no eran responsables de lo que les había ocurrido y que no era una cuestión inocente, sin intención”.

La abogada señala que se registró más de un hecho de tocamiento a cada una de ellas. “Eso demuestra la intencionalidad.”, afirma Naciff. Al mismo tiempo, da cuenta de que tras las pericias psicológicas realizadas por el Área de la Mujer y el Cuerpo Médico Forense se reunió la prueba.

En casos de acoso sexual, es válido cualquier medio probatorio, incluso el testimonial. Tras reunir las pruebas, a fines del año pasado, la fiscal Cecilia Bignert consideró que eran suficientes para elevar la causa a juicio, lo que fue confirmado por la jueza Pietrasanta.

La defensa apeló esa decisión, lo que a mediados de esta semana se definió y ratificó, elevando la causa a juicio. “Las chicas no se dieron cuenta de la magnitud de los hechos. Coincidieron que el modo y la forma fueron reiterativos. No se puede decir que fue sin querer o al pasar”, manifiesta Julieta Naciff.

Las situaciones de abuso sexual son factibles dentro de toda relación de trabajo, motivando los consiguientes roces entre subordinadas (en este caso) y jerárquicos, dando lugar a controversias jurídicas de difícil solución.

Asimismo, las situaciones de abuso se dan en un ámbito de privacidad, que impone que la trabajadora denunciante corra la difícil carga probatoria de acreditar que fue, efectivamente, sometida a hostigamiento con fines sexuales.

Acerca de esto, la abogada de las mujeres comenta: “Las subordinadas por miedo a represalias, a perder al trabajo, callaron mucho tiempo hasta saber que otras habían pasado lo mismo”.

“Ya sea porque las víctimas no reaccionaron o por la asimetría, tratándose de un funcionario cabeza máxima del ámbito de trabajo y siendo ellas sus subordinadas, se le otorgaba un poder que le permitía esta impunidad”, explica Naciff.

Y expone: “Es muy difícil para una víctima de violencia realizar la denuncia. Más ante una autoridad máxima, porque no sabes cuál es la represalia que puede traer. Además del proceso cognitivo que tiene que hacer la víctima: entender, sacarse la vergüenza, el miedo, la bronca de no haber reaccionado. Es muy difícil estar en ese momento”.

Hacia el interior de la dependencia del gobierno provincial, no se llevó a cabo investigación alguna sobre los dichos de las empleadas. “Nunca se inicio sumario, ningún tipo de investigación hacia el interior de la entidad”, dice la abogada.

Tras la denuncia en la justicia, “las víctimas sufrieron todo tipo de revictimización por parte del Estado, porque durante muchos meses, seguían encontrándoselo”, cuenta la representante de las mujeres, que recalca la desprotección en la que se encontraron, hasta que Jofré renunció.

Para la abogada Julieta Naciff, esta nueva instancia en el proceso judicial aporta además al reclamo generalizado por desnaturalizar prácticas de violencia de género, como el abuso sexual, en ámbitos laborales.

Tras la salida de Jofré y el proceso encaminado, las trabajadoras continúan desempeñándose en la Subsecretaría, en las mismas condiciones, funciones y en áreas. Esto tira por tierra, al parecer de Naciff, las especulaciones que motivaron la denuncia: “No hay una intención de conspiración o de obtener algo a raíz de realizarla”.

No hay un plazo para realización del juicio oral, aún. “La defensa todavía tiene recursos para interponer, no ha quedado todavía firme. Esperamos que llegue a un juicio, para que las victimas tengan la posibilidad de contar más en profundidad lo que han vivido”, detalla la letrada.

Por el delito de tocamiento, la pena es baja, incluso excarcelable. Pero la denuncia y la elevación a juicio va mucho más allá, apuntando a desnormalizar el acoso y abuso sexuales en ámbitos de trabajo, en este caso.

“Pretendemos una condena social y ejemplificativa, porque es la única forma de erradicar la violencia, de que esto no quede en el camino, tanto para el ámbito púbico como privado, que esto no quede en nada”, demanda Julieta Naciff.

A la vez, esperan una sanción complementaria para que Alejandro Jofré no ejerza cargos públicos, ya que es profesor de la UNCuyo, y este mismo martes 4 de agosto será expositor en una cátedra de Derecho Administrativo  en la misma casa de estudios.


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