Mendoza // 2020-06-21
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PANORAMA POLÍTICO
No es sólo la pandemia
Nuevos contagios y punitivismo, protestas de trabajadores estatales, y la suspensión de la nominación de María Teresa Day están marcando los temas más importantes de la agenda provincial. La buena noticia, la voluntad política del Presidente de hacer Portezuelo, y el as que tiene pensado Suárez para negociar en el Coirco.


La provincia vuelve para atrás en las medidas tomadas tras superar la fase cuatro de la pandemia. Las reuniones y fiestas entre amigos en casas produjeron una serie de contagios que elevó el número de contagiados a 124. Sólo el sábado se registraron 8 nuevos casos por contacto estrecho, entre los que hay dos menores de edad, y 5 nuevos casos se registraron el domingo.

Sin duda la irresponsabilidad individual obligó al gobierno a volver a las salidas por DNI, y a prohibir las juntadas de amigos en hogares. Sin embargo, la punitivización que el gobierno promueve a los contagiados, como por ejemplo 15 días de cárcel a quien haga reuniones con amigos, solo ha logrado que los que tienen el virus mientan, lo que impide poder realizar las investigaciones para llegar a los nexos que podrían seguir generando contagios.

En tanto, sin dudas el tema de la semana pasada fue la postulación de María Teresa Day como miembro de la Corte Suprema de Justicia en Mendoza. La Sala 2 de la Suprema Corte de Justicia admitió una presentación que fue presentada por los bloques de la oposición del Frente de Todos, el Partido Intransigente y Protectora. Tras una serie de más de 400 impugnaciones, finalmente la Corte decidió antes de intervenir, llamar a una audiencia de conciliación en la que estará presente el vicegobernador Mario Abed como representante del oficialismo. 

Los bloques legislativos cuestionaron que la nominada de Suárez no cumple los requisitos establecidos en la Constitución Provincial: Cumplir 10 años de ejercicio como abogada o magistrada. 

De este modo queda en suspenso la nominación de Day, que ha sido criticada por las organizaciones de mujeres, la oposición y numerosas abogadas, por carecer totalmente de perspectiva de género, estar en contra de la Interrupción Legal del Embarazo, y por haber tratado a una empleada de “retardada”. 
 

Docentes, académicos y académicas, científicos y científicas señalaron en una carta que “quienes integren el Poder Judicial deben contar con una profunda formación en materia de géneros, diversidades e identidades sexo-genéricas para incorporar la perspectiva de género en la justicia y así velar por el respeto de los derechos de las mujeres y evitar prácticas discriminatorias y violentas”.

El estado debe velar por la igualdad de opotunidades y el pleno goce de los derechos de las mujeres, debiendo designar magistrados que tengan la adecuada formación. En este sentido, la Convención de Belem Do Pará y las leyes nacionales y provinciales, “permiten adoptar todas las medidas apropiadas para modificar los patrones socioculturales de conducta con miras a alcanzar la eliminación de prácticas basadas en la idea de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los sexos o en funciones estereotipadas de hombres y mujeres”, señalaron.

En tanto, los estatales continúan en un plan de lucha por la situación de precarización laboral. Desde Ampros, realizaron este sábado un caravanazo porque según indicaron el bono de 20.000 pesos, pagadero en cuatro cuotas de 5.000, prometido por el Gobierno Nacional incluyó sólo a algunos efectores. El bono fue otorgado a quienes se encuentran en hospitales con servicio de Internación y se dejó por fuera a la Atención Primaria de la Salud, la puerta de ingreso de los enfermos con COVID-19, quien deriva a los pacientes a los hospitales.  

Por su parte el sindicato de empleados de la municipalidad de capital se vio envuelto en jornadas de protestas y represión. El principal reclamo es el salarial: el básico en algunos casos es de tan sólo $10 mil pesos mensuales. Los manifestantes se vieron reprimidos por la policía en el predio de la UCIM. Hubo forcejeos entre policías y manifestantes en uno de los portones metálicos del predio y cuatro estatales debieron recibir atención médica. El desalojo fue ordenado por la fiscal María de las Mercedes Moya.

Desde los sindicatos estatales, también realizaron un caravanazo a Casa de Gobierno. El pedido es el pago del aguinaldo en tiempo y forma no escalonado, y la reapertura de paritarias.

La retención de tareas y el paro incluyó un caravanazo a Casa de Gobierno desde el predio de la UCIM, escenario de la represión sufrida por trabajadores durante una asamblea. Según informó el secretario general de ATE la adhesión al paro convocado por el frente sindical superó el 80%, sumándose a ello Administración Central, Salud y Municipales. Esta semana realizarán un nuevo paro de 48 horas.

Por otra parte, después de una semana en la cual llovieron los apoyos a Portezuelo del Viento por parte de todos los sectores políticos, y empresarios, y también, en la cual hubo repetidas operaciones periodísticas en contra de Guillermo Carmona y Anabel Fernández Sagasti, como “defensores” de la decisión de Alberto Fernández de llamar al consenso antes de iniciar la obra, el Presidente reafirmó en una entrevista federal en Radio Nacional que la obra se realizará, pero con el consenso de todas las provincias.

“Sobre la construcción, pido que se pongan de acuerdo. La obra se tiene que hacer, pero con el acuerdo de todos. El impacto ambiental no es solo en Mendoza”, sentenció. Mientras que aseguró que “tendría que ser una obra que se haga, pero queremos garantizar que no lastime a nadie”.

En tanto el Gobernador tiene preparada una demanda por las regalías de los Nihuiles que La Pampa le debería a la provincia desde hace 47 años. Por esto le tocaría recibir retroactivamente  más de U$S 116 millones es decir unos 8 mil millones de pesos.

Esta demanda es porque las regalías que recibe la provincia generada por el Nihuil I, II y III se comparten con La Pampa desde 1973, pero en realidad es la provincia la que posee la fuente de agua con la que se produce la energía, por lo tanto, Suárez cree posible reclamar los ingresos de manera retroactiva, y comenzar a cobrarlos en su totalidad en el futuro.

De hecho, de todas las centrales hidroeléctricas del país Mendoza es la única que comparte regalías por compartir un río que descansa en un embalse mendocino. Sin embargo, esta demanda es por ahora una carta del gobierno provincial para negociar en la reunión del 26 con el resto de las provincias.

En tanto, Alfredo Cornejo volvió a estar en el centro de las críticas porque se venció nuevamente el plazo que la provincia tenía para pagar los intereses del título PMY24, también denominado “bono Cornejo” por la oposición. El pasado 19 de mayo, Mendoza no pagó los intereses del “Bono Cornejo 24” por un valor de 24,7 millones de dólares. Una de las cláusulas del bono daba un plazo de 30 días más para la cancelación o la refinanciación de la misma.

De este modo, se pone en cuestionamiento el repetitivo mensaje del ex gobierno provincial, y también del actual, el del supuesto “orden de las cuentas públicas”, como principal conquista de gestión.

Según datos que recabó el economista mendocino Dante Moreno, en la economía local hay “mala praxis”. Por ejemplo, según la Asociación de Fabricantes de Cemento Portland, el consumo de cemento portland cayó un -9,7%. Por otro lado, las ventas de supermercados, según datos relevados por la DEIE, cayeron un -20,7%. En tanto, el patentamiento de automotores en la provincia se contrajo un -29%.

El Producto Bruto General de la provincia cayó un -4,8%. Entre 2016 y 2019 el desempleo aumentó un 121,2%, según datos del INDEC, además, en la última gestión la deuda consolidada aumentó un 400,8% según un informe del Ministerio de Hacienda.

En síntesis, Mendoza prorrogó el pago por diez días más, y desde el equipo económico aseguran que “hay voluntad de pagar” y por eso se estiró el plazo para la negociación.

Desde la legislatura pidieron la presencia del ministro de Hacienda Lisandro Nieri para que explique cómo será la renegociación del bono Cornejo. El ministro, anunció que el Ejecutivo se apresta a renegociar una deuda de $500 millones de dólares, que debe ser pagada a una tasa de interés de 8,375% y con tres amortizaciones iguales y consecutivas para 2022, 2023 y 2024.

Durante esta parte del año 2020 Mendoza recibiría de Nación la suma de $ 2.500.000 millones de pesos por adelantos del tesoro nacional. Las partidas recibidas de Nación para atender necesidades por la pandemia ascienden ya en abril a $825 millones.

Desde la legislatura la oposición señaló que las leyes que apruebe la oposición “no serán una carta en blanco para continuar con el endeudamiento”.

De este modo el gobierno radical, se encuentra en una situación de marcado estancamiento. No es justo echar toda la culpa a la pandemia. Si bien la situación económica se ha agravado por la misma, la enorme cantidad de deuda contraída fue realizada en 2016, a un año de asumir Cornejo como Gobernador. La precarización laboral tampoco es novedad, pero en contextos extremos la paciencia y sumisión de las y los trabajadores no es una posibilidad. En tanto, la nominación de María Teresa Day, tiende más a pretender controlar totalmente la Corte Suprema en la provincia, que a ceder a los pedidos de una mujer con perspectiva de género en el máximo tribunal. No se puede negar, sin embargo, que las medidas tomadas para evitar que el coronavirus afecte la salud de más mendocinos, es una prioridad para el gobierno provincial, quien en todo momento respondió con firmeza ante las medidas planteadas por el Presidente.


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