Ayer ingresó a la Cámara de Diputados la iniciativa del gobernador Rodolfo Suárez de constituir por ley un consejo con fines de propiciar el desarrollo socio-económico y ambiental. Otro más. Este consejo estaría integrado por funcionarios diversos y muchos actores sociales. Muchos más.

En la provincia, con fuerza de ley, ya existen varios consejos creados oportunamente para dichas tratativas. Ninguno prosperó, tomó forma completa o al menos cumplió su función. De esta nueva propuesta de Suárez se pueden hacer lecturas que sugieren un guiño a la minería y el fracking.

Para repasar la historia de los consejos creados previamente en Mendoza sin éxito y leer entre líneas la reciente iniciativa, consultamos con el Licenciado en Gestión Ambiental y ex jefe de gabinete de la Secretaría de Ambiente Eduardo Sosa.

Sosa repasa algunos aspectos del proyecto de Suárez, que entre sus objetivos plantea ser un órgano consultivo no vinculante. Es decir, que sus opiniones no son de ejecución obligatoria por parte del gobierno. Algo similar a las audiencias públicas, que sirven de catarsis básicamente, pero no inciden en las decisiones finalmente.

Sin embargo, Sosa advierte: “Entre las funciones de las comisiones de trabajo están las de supervisión de la marcha de los planes, la elaboración de diagnósticos, informes específicos y otras tareas que no son propias de la labor consultiva y que están plasmadas en el proyecto de ley”.

En lo que respecta a la composición de este nuevo Consejo Económico, Social y Ambiental propuesto, se asemeja en buena parte a los consejos creados por la ley 8.051 de Ordenamiento Territorial, vigente actualmente.

Eduardo Sosa detalla: “La ley 8.051 crea dos consejos: el Consejo de Estado para el Ordenamiento Territorial y el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial, ya creados en 2009 y que nunca se pusieron en marcha completamente”.

El primero está compuesto por ex gobernadores, intendentes municipales, ministros de la Corte Suprema, el Superintendente de Irrigación y legisladores; el segundo, por inspecciones de cauce, representantes de ministerios y secretarías, universidades públicas y privadas, sector científico y organizaciones sociales.

“El Consejo de Estado nunca se convocó y el Consejo Provincial de Ordenamiento Territorial funcionó con una conformación muy diferente a la que marca la ley, hasta que el año 2.017 dejó de funcionar, una vez que sus opiniones dejaron de ser favorables para el gobierno”, indica el ex titular de Oikos al referirse a la frustrada constitución de estos órganos que ya están vigentes.

Otro aspecto que destaca Sosa apunta a “la burocracia administrativa que lo quiere regir”. Entre tantas reuniones, plenarios, votaciones, en el  Consejo de Suárez “para poder participar activamente se requiere un esfuerzo en tiempo y dinero que sólo podrán sostener  aquellas instituciones que puedan enviar un representante que ya cobra un salario”, subraya el licenciado.

“Es la historia de los consejos organizados en los últimos 30 años: para formar parte de una organización de este tipo hay que dedicarle la vida o tener el dinero para poder pagarle a otra persona que lo haga.  Y esto va a generar una asimetría muy grande que se verá reflejada en las opiniones que se presenten”, advierte el ex funcionario de Ambiente.

Otro dato no menor: las instituciones que lo conformen deben estar inscriptas en Personas Jurídicas, con sus papeles al día y deben contar con objetivos institucionales congruentes con los objetivos  del Consejo a conformar. “Esto no está mal, en principio. Pero quiere decir que muchas organizaciones se van a  quedar afuera”, observa Sosa.

Y acá viene el alerta: “En los temas medioambientales, las que quedan afuera son la asambleas ciudadanas de defensa del agua y del ambiente, que hoy por hoy son los actores más relevantes en la definición de políticas públicas medioambientales; quedan afuera algunas ONG’s y  muchos actores sociales que no encajan en este corsét que pretende esta ley. La intención es buena, el resultado va a ser malo”, adelanta Eduardo Sosa.

Sobre la proporcionalidad de la composición del Consejo Económico, Social y Ambiental, Sosa considera: “Para mí, si este Consejo empieza a tratar temas como la minería, la seguridad, y otros temas centrales de la vida ciudadana y la administración de gobierno, las opiniones están cantadas”.

“Adelanto que las decisiones serán a  favor de impulsar la minería metalífera, el fracking, incrementar la labor disuasiva de las fuerzas de seguridad, y otras decisiones que debe tomar el gobierno, que para eso fue votado, y no entregarle la opinión a un consejo de estado que funcionaría como aval de las decisiones poco populares”, señala el ex jefe de gabinete.

Y añade: “Se trata de un Consejo plagado de funcionarios públicos del Ejecutivo, Legislativo, Judicial, de empresas, sindicatos y colegios profesionales cuyos intereses están lejos de la gente o concentrados en los intereses de sus representados. Lo que no está mal, pero no alcanza para sostener la vida democrática en el nivel de calidad al que deberíamos aspirar lo mendocinos”.

La idea de Suárez no es nueva: “Este Consejo que se pretende promover a través de esta ley ya fue creado hace más de 10 años, no funcionó, no logró sus resultados. Y además esta idea de formar Consejos también es una manera de retrasar las cosas. Hay decenas de consejos que han sido creados con las mejores intenciones y no funcionan”, cuenta Sosa.

Entre los Consejos ya creados y vigentes, que no funcionan pueden enumerarse: el Consejo Áreas Protegidas creado por la ley 6.045 de 1.993 que funcionó hasta 1.999; el Consejo Provincial del Ambiente, que en 2.009 se retiró cuando el gobierno quiso aprobar el proyecto San Jorge; el Consejo para la Cuenca Ugarteche, que se creó cuando se produjo un derrame en 2003/2004 y nunca se  conformó. Y muchos más.

“Creo que esta idea  es bastante estéril, difícil de implementar, complicada para ponerse de acuerdo. De hecho, este Consejo tiene que dictar su propio reglamentos, esto puede llevar meses probablemente, y no va a servir al objetivo central que es una salida rápida, consensuada, liderada por las fuerzas políticas para el desarrollo de Mendoza”, remata Eduardo Sosa.

Por otro lado, desde el peronismo mendocino, su presidente Guillermo Carmona, quien también ha cumplido funciones oportunamente en la cartera de Ambiente, resumió en Twitter: "El gobernador propone crear un Consejo que ya existe para un fin que ya prevé una ley y al que su antecesor nunca convocó. Un fiasco. Vivimos en una provincia donde la historia comienza con cada gobernador".