Todo indica que en la próxima sesión de la Legislatura de Tucumán se debatirá la adhesión de la provincia a la Ley Micaela que se sancionó para que la administración pública se capacite en temas de género y violencia hacia las mujeres.  Esta provincia es la única que todavía no adhirió y hay legisladores que  se oponen al tratamiento del proyecto  en el recinto y su implementación en la provincia, o tratarán que la ley que salga sea contraria al espíritu de la origina.

La avanzada de Bussi

Un claro ejemplo es el del  legislador de Fuerza Republicana Ricardo Bussi, quien en declaraciones realizadas en la FM Futurock el miércoles 13 de mayo dijo: “No conozco casos de asesinatos por la condición de mujer. Conozco hombres que han asesinado a mujeres por celos, envidia, por depresión, por drogas, pero por el hecho de ser mujer… no conozco ningún homicidio”

Los femicidios son las formas de violencia más extremas hacia las mujeres anclados en patrones culturales patriarcales y en una sociedad con desigualdades e inequidades de género que posibilitan la vulnerabilidad de las mujeres.

Como Estado tenemos un rol fundamental para contribuir a remover esas barreras, por eso es necesaria la formación de una perspectiva de género y una mirada crítica, que nos lleve a tener abordajes adecuados y a la altura de la circunstancias.

Cumplir la ley

La Ley Micaela responde a obligaciones asumidas por el Estado a través de la Ley 26.485 para Prevenir, Sancionar y Erradicar la violencia contra las mujeres y de tratados internacionales incorporados a la Constitución Nacional, para que todas las personas que se desempeñan en la función pública, en los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Nación a través de la capacitación obligatoria en género y violencia de genero adquieran los conocimientos y las herramientas de análisis adecuadas en el marco de sus tareas laborales, la norma busca deconstruir sentidos comunes de desigualdad y discriminación contra las mujeres.

Desde el inicio de la cuarentena, en el marco del aislamiento preventivo y obligatorio se registraron más de la mitad de los femicidios del 2020 y subieron un 40% las consultas al 144 por violencia de género, posibilitado por el contexto de encierro.

El Estado en su conjunto tiene que tomar nota de esta situación y asumir el compromiso en el marco de su función publica, los legisladores no están exentos de esa responsabilidad. 

Desde el Inadi cuestionamos las resistencias de distintos legisladores y bloques de la provincia al tratamiento e implementación de la Ley Micaela, y rechazamos las declaraciones de Ricardo Bussi, sus argumentos están amparados en lógicas que consagran la desigualdad que viven las mujeres.
En ese sentido, desde el Instituto redoblamos nuestro compromiso para desarrollar acciones tendientes a la erradicar la discriminación y la violencia de género y trabajar en la más amplia coordinación para que la Ley Micaela sea una realidad en todo el país.