La anterior gestión del Instituto Provincial de Juegos y Casino (IPJC) se encuentra en el centro de la polémica a raíz de la salida a la luz de un expediente fechado el 6 de mayo de 2020 y donde el Tribunal de Cuentas da a conocer una serie de irregularidades cometidas por el IPJC durante el transcurso del 2018.

El fallo Nº17.350 da cuenta del pago a la compañía Sielcom por un monto de 10.403.000 pesos sin presentación de facturas. El hecho, de por sí irregular y por un importante monto, toma mayor relevancia ya que en 2016, la directora del Instituto Provincial de Juegos y Casinos, Josefina Canale, había dado de baja un contrato de la empresa al encontrarse con irregularidades.

La empresa había empezado a trabajar en octubre de 2015, tras ganar una licitación en 2014. Sielcom cedía los derechos a otra empresa que se llamaba “Sielcom Fideicomiso”. Las autoridades frenaron el pago y determinaron la cancelación del contrato.

La actual diputada de Juntos por el Cambio, Josefina Canale, aseguraba que se podía dar de baja porque el Instituto tenía las condiciones necesarias para llevar el control que se le había encargado a la empresa.  

El fallo del Tribunal de Cuentas

Los controles realizados por el Tribunal son siempre a año vencido. Durante el ejercicio se pueden hacer revisiones de manera parcial en cuanto a los procedimientos, pero casi siempre las cuestiones fuera de norma terminan saliendo a la luz una vez que concluyó el ejercicio.

Según detalla el fallo Nº17.350, las irregularidades encontradas en este caso son el pago de más de 10 millones a la empresa Sielcom sin la presentación de las correspondientes facturas y un faltante por 200 mil pesos en el marco de comprobantes de tickets ganadores y su relación con los premios pagados. Es decir, la provincia pagaba premios que no presentaban el ticket ganador. 

En diálogo con Babel, el Secretario General de la Unión de Personal de Juego y Casinos de Mendoza, Martín Caín recordó que en 2016 y tras encontrar algunas fallas, el IPJC decidió dar de baja el contrato con la empresa Sielcom.

“No solo son groseros los 10 millones sin facturas, estamos hablando que los mismos funcionarios que denunciaron irregularidades, son los que después le pagan a esta empresa que no presenta facturas”, señaló el gremialista.

La cúpula directiva del instituto estaba conformada en ese momento por tres funcionarios que ahora son legisladores: la diputada Josefina Canale, el presidente de la Cámara de Diputados Andrés “Peti” Lombardi y la senadora Mercerdes Rus.

Lo grave de la situación es el monto de la misma, las contradicciones de las autoridades y el mero hecho de que el Estado pague sin facturas, promoviendo la evasión fiscal, señalan desde el sindicato.

Por otro lado, Caín comentó que “en el año 2016 UPJCM denuncia que hay una falla en el sistema que permite que el premio que no se cobra y se está por vencer, el agenciero lo puede descargar”.

Es de público conocimiento que para quienes juegan a la Quiniela, la única forma de cobrar un premio es acudir con el ticket ganador. Sin embargo, sostiene Caín que “descubrimos que lo cobraban igual sin el ticket del comprobante”.

En 2017, desde la cúpula directiva se aseguró que se corregiría dicha falla. Que se haría un convenio con la Universidad Nacional de Cuyo y que estas irregularidades ya no volverían a ocurrir.

Al parecer no se corrigió nada, porque en el año 2018 el Tribunal de Cuentas vuelve a mostrar esta irregularidad por un monto superior a 200 mil pesos. Lo paradójico es que, con los antecedentes, el tribunal de cuentas no ha realizado denuncias, “les ha metido multas a empleados con cargos de gerentes”, señaló Caín.

En este marco, el sindicalista apuntó que “en el Instituto no se paga nada sin orden del directorio, deben firmar la orden para pagar las cosas. Los gerentes pueden tener ciertas responsabilidades, pero la responsabilidad política la tiene el director”

Con las multas, el Tribunal procede a una sanción de tipo administrativa para los gerentes. La gravedad, señalan desde UPJCM es “que se están violando normas de la AFIP, es un delito federal que las autoridades no exijan la facturación de un pago. Después hay toda una serie de irregularidades dentro la Ley de Procedimientos Administrativos e inherentes a cuestiones financieras”.

En cuanto al papel del Tribunal, el sindicalista aseguró que “el hecho de que no hayan procedido obedece a una cuestión política. Han multado para sacarse de encima el problema”. En tanto, se espera que en los próximos días tome intervención la Fiscalía de Estado para continuar con la investigación sobre estos fondos y sus respectivas responsabilidades.  

Serán los Legisladores Canale, Rus y Lombardi, otrora funcionarios de la gestión Cornejo quienes seguramente deban dar explicaciones respecto a estas irregularidades encontradas en el marco de Juegos y Casinos.