La pandemia generó algunos inconvenientes en cuanto a la cosecha, si bien fue una de las primeras actividades que se autorizó para llevar adelante, la precarización y las dificultades para el traslado se acrecentaron este año.

Al momento de emprender el retorno a sus provincias, los trabajadores y trabajadoras que estuvieron en Mendoza levantando la cosecha se encontraron con una gran cantidad de inconvenientes adicionales. Algunos quedaron con sus familias varadas durante varias semanas en la terminal de ómnibus.

Aquellos que lograron volver a sus provincias, lo hicieron tras largos viajes en ómnibus colmados de gente, a precios mucho mayores a los habituales y sin paradas. Según explican desde organizaciones sociales que han emprendido ayudas solidarias a las personas varadas, ni siquiera hay un registro formal de cuántas personas entraron a la provincia y cuántas quedan aún.

Esta semana, unas 70 personas que estaban trabajando en la vendimia cuando se decretó el aislamiento social, preventivo y obligatorio podrán volver a sus domicilios. Según señalan son 24 personas de Salta que estaban varadas en Maipú. 

Según apuntó Pablo Massutti, Docente y parte de la Red de Derechos Humanos, Coordinadora por el Agua y los Bienes Comunes, “desde el 10 de abril hemos estado recibiendo grupos de 100 a 150 personas”. 

En este contexto, el docente analizó que con la cuarentena “empezó a salir a la luz la problemática estructural porque se encarece mucho el transporte”. Mientras añadió que “hay un aprovechamiento de la necesidad, con las demoras de la pandemia todo es mucho más difícil”.

Por otro lado, mientras se suspendían las actividades, el gobierno pidió rápidamente que se autorizara a levantar la cosecha. Desde Nación se hizo lugar, sin embargo, desde las organizaciones apuntan que “las patronales, cuando terminaban el trabajo, los dejaban a su suerte”.

Por otro lado, algunas denuncias de los trabajadores marcan que en algunos lugares le cobran el alojamiento posterior a la cosecha. “Hay un contexto de precarización que se agudiza aún más con el tema este. Hay hacinamiento en esos lugares, no se produce el aislamiento social, no se puede llevar adelante la cuarentena”, señala Masutti.

Tras algunos inconvenientes, se empezaron a agilizar los permisos para que estas personas pudieran retornar a sus hogares. “Justamente le pedimos al gobierno que haya un plan integral que registre todas las personas. Que se garantice la seguridad laboral también, que se haga un blanqueo”, señala el docente. 

Desde abril hasta mediados de mayo hay un número cercano a 3 mil personas que solicitaron volver a sus respectivas provincias. Una de las premisas de la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) es que el primer derecho que tiene una persona migrante es el de no migrar, es decir, poder contar con las condiciones suficientes en su entorno para poder desarrollarse y vivir en su lugar sin necesidad de buscar nuevos horizontes. Por otro lado, la misma organización apunta a migrar libremente y sin discriminación, ninguna de las dos premisas se cumple. 

En este marco, el docente Masutti señala que “el Estado no puede encontrarse con 200 trabajadores en la terminal durmiendo en el piso. Fueron apareciendo las soluciones, pero sin un plan y una organización que compensara toda la situación y la vulneración de derechos”.

Por otro lado, se pide que haya un control en relación a las empresas, los trabajadores señalan que pagaban 2500 un viaje de ida y 5000 un viaje de vuelta. “Se los autorizó a entrar y después no hay control de lo que ganan, de su situación laboral. No importa cuándo ni cómo regresan”, señala Masutti.

El retorno a casa

Según apunta el docente entrevistado por Babel, es momento de terminar con algunas cuestiones que son un flagelo de larga data, “si esto siempre ha sido así, ya es hora de que no lo sea”. 

Un grupo de 72 trabajadores volverán a Salta esta semana, el colectivo ha sido autorizado para salir el miércoles 20. “Estos trabajadores llegaron el 6 de mayo a la terminal, estuvieron el 8 y 9 durmiendo en un colectivo, después ese colectivo no lo autorizaron a salir y empezamos un camino de idas y vueltas”, explica Masutti. 

Luego se logró el alojamiento en un hotel céntrico, donde estas familias reciben almuerzo y cena. Ya se ha emitido la autorización para que ese colectivo salga el día 20 e ingrese a la provincia de Salta.

Según señalan desde esta red “es el Estado quien tiene que intervenir y garantizar el cumplimiento de derechos”. Finalmente, de esta manera se pretende dejar un antecedente para que quienes vengan el año que viene, vengan en mejores condiciones. “El Estado se jacta de las riquezas que esta producción genera para la provincia y habría que responder con condiciones de trabajo”, finalizó el docente.