El proyecto presentado por la diputada Josefina Canale levantó la polémica en torno al financiamiento del Estado y el papel de los trabajadores. Si bien la diputada aclaró que “será una medida excepcional, que tendrá una duración de tres meses a partir de mayo del corriente año, de la que estarán exceptuados los trabajadores de los sectores salud, seguridad y docentes”, en el sector de estatales no cayó para nada bien.

Según el proyecto, los pagos a cuenta se aplicarán según alícuotas progresivas desde el 0,50% para el sueldo de 20.000 pesos hasta el 20% para sueldos de 210.000 pesos o más. En dichos casos a cuenta, se aplicarían a Sueldos y SAC correspondiente al primer semestre, a partir del 1 de mayo y hasta el 31 de julio del 2020, a todo el personal de los tres Poderes del Estado.

Cabe destacar que dentro del Poder Ejecutivo se aplicarán a la Administración Central y Organismos Descentralizados, con excepción del personal del Ministerio de Salud, del Ministerio de Seguridad y de la DGE.

Entre sus declaraciones explicando al proyecto, Canale aseguró que “los empleados estatales que hoy no prestan sus funciones de manera presencial, ni virtual, deberían devolver las horas no trabajadas una vez terminado el periodo de aislamiento, en cada una de las reparticiones donde prestan sus servicios”.

Mientras señaló que los estatales son “privilegiados” en esta situación. “Se produce una desigualdad entre aquellos que sólo cuentan con ingresos si producen, en el sector privado, y aquellos quienes son empleados del Estado, en el sector público, que de todos modos cobran un sueldo seguro a fin de mes, siendo hoy una clase privilegiada por la estabilidad propia con la que cuenta este tipo de empleo”, aseguró.

La propuesta llama la atención, sobre todo al proceder del mismo sector que se opone al impuesto a la riqueza a nivel nacional. Mientras Cornejo y los diputados de Juntos por el Cambio se pronunciaron en contra del impuesto a la riqueza, sus partenaires a nivel provincial proponen realizar recortes a los salarios del sector público. 

En tanto que, el justicialismo mendocino presentó, en sintonía al gobierno nacional, un proyecto para incrementar los ingresos brutos a las entidades bancarias. ¿A quién se ajusta? ¿A los que más tienen o a los que menos tienen? 

La respuesta del sector estatal

En diálogo con Babel, Roberto Macho –secretario general de ATE- y Sebastián Henríquez –secretario general de SUTE- analizaron el trasfondo de la medida. Mientras los legisladores nacionales del Frente Cambia Mendoza se oponen a un impuesto a las grandes fortunas, en nuestra provincia se intenta ajustar al sueldo de los trabajadores estatales.

En este marco, Roberto Macho asegura que el proyecto no salió solo de la cabeza de Canale. “Acá tenés trabajando a funcionarios del gobierno, legisladores y empresarios en la misma línea. Es exactamente como el gobierno de Macri”, acusó.

De esta manera, el secretario general de ATE señaló que es inviable ya que “esto trata de vulnerar los derechos del trabajador. La corte ya emitió una inconstitucionalidad por recortes salariales. Ya hay jurisprudencia a nivel nacional de cuando fue el recorte de Iglesias”.

En el mismo sentido se expresó Sebastián Henriquez quien puntualizó que “desde el Sute venimos planteando que es un acto de demagogia política. Discuten bajar los sueldos de empleados una clase política que tiene sueldos siderales”.

Por otro lado, desde el SUTE señalaron que “la baja no representa prácticamente nada para la provincia”. 

En esa misma línea se expresó Macho, quien señaló que para la provincia no significa un gran ingreso esos recortes, pero sí golpean a los bolsillos de los trabajadores. “El salario del trabajador estatal en la maquinaria de consumo de mendoza representa un 24% del total. El gobierno impulsa los recortes salariales para que la sociedad diga que el gobierno no tiene los recursos necesarios”, explicó.

Cuando se consulta a Henríquez por cuál es la motivación que surge para que se envíe un proyecto de este tipo, el docente asegura que “ellos mismos son empresarios. Lo que hacen es buscarle la vuelta para no discutir de donde salen los recursos del Estado. ¿Quién está aportando al estado? Somos los trabajadores y las trabajadoras con consumo, impuestos, etc. Mientras que a las grandes fortunas no las quieren tocar”. 

Asimismo, Henríquez aseveró que “dan vueltas en círculo, hasta que se marean para no tocar a las grandes fortunas de este país. Y dan más vueltas en círculo, para no discutir que no hay que pagar la deuda externa”.

ATE, entre tanto, emitió un comunicado donde asegura que “lamentablemente, las distintas instituciones industriales y empresariales no están informados ni formados sobre el manejo y la estructura del Estado. Peor aún los legisladores, quienes perciben frondosos sueldos por encima de los $190.000 y tienen la liviandad de presentar atroces y cortos proyectos de precarización laboral, sin poder estar a la altura de construir propuestas sustentables sobre políticas estructurales que reactiven el trabajo y la producción”.

En ese sentido, el gremio de estatales criticó a quienes “quieren ajustar aún más a aquellos que están en ese 40% de pobres y sumar con recortes salariales a más de 2.500 trabajadores en negro de distintos sectores, que no alcanzan a cobrar salarios de $20.000”.