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Durante las últimas horas asistimos a un sinfín de títulos fuertes que aseguraban una masiva “liberación” de presos. Los grupos de Whatsapp, los muros de Facebook y todas las redes sociales se llenaron de comentarios indignados (en el mejor de los casos) y hasta pedidos de aumento de las penas o distintas dosis de pedidos de mano dura.
Sucede que se puso sobre el tapete en la discusión de la agenda de los medios nacionales el tema de las medidas tomadas ante la pandemia de coronavirus en los penales. Muchos medios salieron a asegurar que un juez bonaerense había liberado más de 2000 presos y que femicidas, violadores y asesinos iban a andar por las calles con tales medidas.
Para entender la situación, vamos a abordar la misma desde las distintas esferas
El contexto internacional
Distintos organismos internacionales elevaron recomendaciones respecto a qué hacer con las situaciones de hacinamiento en las cárceles ante la pandemia. Según señala la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) “en ambientes cerrados, hacinados e insalubres, como las cárceles” las enfermedades contagiosas “se propagan con suma facilidad, constituyendo una seria amenaza para la salud de la población reclusa y del propio personal penitenciario”. Por lo que este organismo sugiere “tratarlas adecuadamente y tomar las medidas preventivas pertinentes”.
Por otro lado, la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud recomendó dar prioridad a las medidas no privativas de la libertad para detenidos con perfiles de bajo riesgo, con preferencia a las mujeres embarazadas y mujeres con hijos dependientes.
En tanto, la CIDH, a través de la Resolución 1/2020 “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas” recomienda a los Estados de la región adoptar medidas para enfrentar el hacinamiento de las unidades de privación de la libertad, incluida la reevaluación de los casos de prisión preventiva para identificar aquéllos que pueden ser convertidos en medidas alternativas a la privación de la libertad, dando prioridad a las poblaciones con mayor riesgo de salud frente a un eventual contagio del COVID-19, principalmente las personas mayores y mujeres embarazadas o con hijos lactantes.
En este marco, la revista Pensamiento Penal realizó un informe donde destacó algunas de las medidas tomadas en distintas partes del mundo. Por ejemplo, Canadá liberó 2600 de los 8000 presos de las prisiones de Ontario, la capital nacional.
En España, el 77% de los presos en semilibertad cumplen la cuarentena en sus casas, de esta manera 5579 reclusos están con regímenes extrapenitenciarios. Estados Unidos tomó la misma determinación con presos que fueron detenidos por crímenes no violentos o que se consideraron que no eran “una amenaza para la sociedad”, se trata de un total de 16622 personas.
Seguramente al leer esto, se piense que Argentina no tiene las mismas condiciones que los llamados “países de primer mundo” como lo son Canadá, EEUU, Gran Bretaña o España, que han tomado este tipo de determinaciones.
Por tal motivo, veremos que en países más similares al nuestro como México y Perú se tomaron determinaciones similares. En México, los mayores de 60 años, las personas con enfermedades crónicas, las mujeres embarazadas y otras personas que no cometieron delitos graves recibieron distintos tipos de beneficios para reducir la población carcelaria en estos momentos. En tanto, en Perú, se publicó un decreto que permite la excarcelación 2700 personas.
El contexto nacional
Aunque parezca una obviedad, en nuestro país hay independencia de poderes. Pero, ante el panorama que se vive por estos días cabe resaltar que no ha habido ningún tipo de promoción de estas medidas por parte del Poder Ejecutivo, como si hubo en otros países.
Sin embargo, en la jornada de este miércoles 29, el presidente acusó que se trata de un intento de politizar la situación para sacar un rédito y atentar contra la imagen del gobierno. A través de sus redes sociales, el presidente Alberto Fernández sostuvo que "en Argentina la solución del problema está en manos de los tribunales. Son los jueces naturales quienes, de considerarlo necesario, disponen libertades. Las cámaras de casación han hecho muy oportunas recomendaciones para hacer frente al problema".
El mandatario aclaró también que formula "estas aclaraciones tan solo ante la malintencionada campaña que se ha desatado en redes y medios de comunicación induciendo a hacer creer a la ciudadanía que el Gobierno prepara una salida masiva de gente detenida en virtud de procesos penales.
"Lamento la conducta de quienes en circunstancias tan cruciales como los que vivimos, muestran su poco apreciable condición humana intranquilizando a la sociedad en momentos en que precisamente más necesita ser contenida", puntualizó.
Otro de los señalados fue el juez Victor Violini, por el cual se llegó a decir que “liberó a más de 2000 presos”, sometiéndolo a un linchamiento mediático. El jurista recalcó que la información que se estaba dando en los medios de comunicación era falsas.
El Habeas corpus colectivo que resolví no permite el arresto domiciliario de: delitos cometidos con armas, delitos de violencia de género, delitos de abuso sexual o delitos cometidos con violencia. Si dudan pasen por Casación y se le entregará copia de la Resolución.
— Víctor Violini (@VictorhViolini) April 29, 2020
A continuación, algunos fragmentos de la resolución de Violini y a la cual se puede acceder de manera pública.
El panorama en Mendoza
Tal como sucedió en muchas partes del planeta y del país, nuestra provincia no estuvo ajena a los pedidos de habeas corpus por parte de los abogados.
La situación de las cárceles en nuestra provincia cuenta con problemas de larga data: Problemas edilicios, falta de agua, hacinamiento y otras tantas aristas han llevado a nuestras cárceles a tener fama internacional debido a sus malas condiciones.
En entrevista con Babel, el abogado Lucas Lecour detalló algunas cuestiones del proceso que se está llevando adelante en nuestra provincia. “Hasta este miércoles, se habían presentado 412 pedidos de prisión domiciliaria en la justicia provincial. De los cuales se trataron 110 y solo 50 se otorgaron”, explicó el abogado.
En ese marco, Lecour explicó que “en este plazo hayan terminado sus condenas o hayan accedido a libertad condicional. Que no es lo mismo que las personas con prisión domiciliaria”. En tanto que detalló que, para otorgar las prisiones domiciliarias, los jueces que están trabajando sobre estos pedidos son Sebastián Sarmiento y Mariana Gardey, están teniendo audiencias con abogados defensores y fiscales.
“La audiencia es a través de Skype, con fiscal, el juez o la jueza en cuestión y el interno. Mientras que, en casos de violencia de género, abuso sexual o delitos contra la vida, la víctima (o su familia) también está representada”, detalló el letrado. Estos casos tienen este tipo de procedimiento para ver qué medidas de seguridad se van a tomar en torno a la protección de las víctimas.
En cuanto a la Justicia Federal, en Mendoza 40 condenados por delitos de lesa humanidad también pidieron la prisión domiciliaria. “Los organismos de DDHH se opusieron en todos los casos, pero la Justicia ya liberó a 9. Hay varias que se han negado, unas 13 o 14 y hay otras que todavía no se resuelven”, señaló Lecour.
Esta cuestión en particular echa por tierra el intento de politizar o “albertizar” la decisión de que los presos salgan de las cárceles. Más allá de la conocida independencia de poderes, los primeros casos en recibir las prisiones domiciliarias fueron los condenados por delitos de lesa humanidad y es de público conocimiento la posición del partido gobernante al respecto.
¿Por qué se toma esta decisión?
El avance de la pandemia llevó a que muchos organismos internacionales recomendaran la descompresión de los centros de reclusión. Si bien en Mendoza no se han registrado casos positivos entre los internos, el Poder Judicial comenzó a generar medidas preventivas.
“Las cárceles no estaban en condiciones, la pandemia ha mostrado lo que nosotros venimos señalando hace tiempo. La situación de hacinamiento no solamente da la imposibilidad de cualquier tratamiento o reinserción social. Si en una celda pensada para dos personas, tenés ocho, no hay forma de que tengas condiciones dignas”, señaló Lecour.
En la cárcel de Almafuerte (la única sin problemas de hacinamiento en Mendoza) hay 700 plazas, de las cuales están ocupadas 650 explicó el abogado. “Hay un sector nuevo que estaban por inaugurar y que es donde tienen a los presos nuevos haciendo las cuarentenas correspondientes durante 14 días”, detalló.
¿Quiénes pueden acceder a la domiciliaria?
A partir de las medidas tomadas, la pueden pedir mayores de 60 años, internos con diabetes o enfermedades respiratorias – se han dado muchos casos de EPOC en las cárceles debido a la cantidad de fumadores-. “Los presos tienen derecho a que se analice su caso. Pero siempre es el juez el que decide”, remarca Lecour.
En este contexto, se ha generado una controversia por los hipertensos. “El Ministerio de Salud elabora un protocolo pensando en las personas que están en libertad y con condiciones de salud que no son las del penal. Por eso los médicos del servicio penitenciario lo agregaron”, señala el abogado.
En caso de obtener una medida que permita la prisión domiciliaria, el preso se va con una tobillera. Si no hay tobillera, se ha procedido a tomar una medida que es el rastreo con celular en el que se controlará la ubicación con el GPS, videollamadas y fotos para corroborar que está en su casa. “Es una medida bastante precaria, dejas el celular y salís. Pero si te llaman y no atendes, viene la policía. Si no respetas alguna de las condiciones volvés a la cárcel”, explica Lecour.
Finalmente, Lecour asegura que estas medidas se toman de manera preventiva para garantizar la atención en los hospitales. “Si entrara el virus en Boulogne Sur Mer y se contagia la mitad de los 800 reclusos, con 400 personas saturamos el sistema de salud de la provincia”, remarca. Mientras que destaca que “irían todos a los hospitales públicos y se complejiza. Eso se trata de evitar y por eso se toman estas medidas. Que son las mismas medidas que se han tomado en todo el mundo”.
Fakenews e indignómetro a pleno
Tras desmontar algunos de los mitos más recurrentes durante las últimas horas, solo resta ver el fenómeno de fakenews con el objetivo de obtener clicks o bien de generar un determinado clima político.
En este fragmento del informe, dejamos dos noticias de las que más se compartieron en redes sociales durante las últimas horas. Una del portal A24.com que se titula “Presos Libres: recién liberado fue a buscar a su ex pareja y la mató, chocó en la huida y murió de un infarto”. Mientras que la otra es de Clarín “Tiene 15 causas, salió de la cárcel por el coronavirus y al otro día lo arrestaron por robo".
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El periodista Mauro Szeta desmiente este título de Clarín y adjunta el expediente que demuestra lo contrario.
Acá está el fallo donde se decretó la libertad de un delincuente que fue atrapado hoy tras un asalto en Almagro. No tiene que ver con el Covid 19. Se decretó su libertad por su estado de salud mental y se le dio intervención a un juzgado civil. pic.twitter.com/XDXsfljJuU
— Mauro Szeta (@mauroszeta) April 30, 2020
En el caso de Gustavo Di Matteo, el femicida que falleció huyendo tras asesinar a su ex pareja, había sido liberado a fines del 2019. Si bien entra en discusión qué medidas tomó el Estado para proteger la vida de la víctima, el título sugiere que se trata de una de las personas que acaban de salir debido al coronavirus, desinformando a la población.
La situación es compleja, el fenómeno es multifacético, pero en momentos como el que vivimos, con una pandemia y una crisis económica en muchos sectores, la utilización de información falsa con objetivos políticos o empresariales es algo deleznable y debe ser puesto a la vista.