La determinación de la cuarentena trajo consigo la paralización total o parcial de importantes sectores de la actividad económica. Esta decisión impacta indefectiblemente en el nivel de empleo y en los salarios. Para afrontar este momento, desde el Estado Nacional, particularmente de las carteras de Trabajo y de Desarrollo Productivo, se dispusieron una serie de medidas para evitar las rupturas contractuales, sostener ingresos de los trabajadores, y evitar el quiebre de empresas.

Un estudio del Centro de Economía Política de Argentina busca cuantificar los casos de despidos, suspensiones, atraso en el pago de salarios, reducciones salariales, suspensiones con reducción salarial y acuerdos de reducciones salariales pactados entre empleadores y sindicatos, registrados en el periodo comprendido entre el 15 de marzo y el 15 de abril de este año. 

Este momento particular de la economía nacional está signado, por otro lado, por la determinación que tomó el Estado en torno a la suspensión de despidos durante este período. 

Los casos relevados por el estudio son aquellos que tomaron estado público. Es decir que seguramente habrá un margen de error en torno a trabajadores en negro, empresas sin registración o mera ausencia de cobertura periodística. 

“Este recorte, entonces, cubre mayormente las situaciones experimentadas en empresas registradas, lo que constituiría “la punta del iceberg” del heterogéneo mundo laboral. Esta heterogeneidad incluye, por ejemplo, los casos de monotributistas, que en parte han sido incluidos en el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) (categorías A y B) y en parte los alcanza la posibilidad de créditos a tasa cero”, señalan desde CEPA. 

Según señalan los autores del informe, en el período seleccionado se computan 5.386 despidos, repartidos casi equitativamente entre marzo y abril (resaltan los casos de Techint, Mirgor, el frigorífico Penta). 

Por otro lado, analizan lo que denominan “riesgo de ruptura contractual”. Es decir, aquellos despidos que podrían consumarse hacia adelante, “se relevaron 7.223 suspensiones, mayoritariamente concentradas en el sector cinematográfico en el mes de abril”. 

Otro de los aspectos señalados es el riesgo salarial, “se computan 3.070 casos de atrasos de pago, 54.030 reducciones salariales de hecho, 8.480 casos de suspensiones con reducción salarial y 231.483 casos de reducciones salariales acordadas con los sindicatos correspondientes”, subrayan desde CEPA. 

Dentro de ese segmento, el sector metalúrgico acordó que no haya despidos a cambio de cobrar el 70% de los salarios, que representan unos 126.000 casos a los que se suma el acuerdo de los petroleros, que alcanza a unos 64.500 casos y el caso de SMATA para las terminales automotrices.

El sector de comercio fue uno de los primeros que se vio afectado por la cuarentena. “No se percibe un incremento sensible de despidos, y prevalecen los casos de reducciones salariales, particularmente en comercios de expendio de comidas y suspensiones con reducción salarial, en el sector de venta de electrodomésticos o casas de venta de productos deportivos”, sostiene el estudio.

¿Qué hace el gobierno?

El gobierno apuesta fuerte: no quiebren las empresas y que la cantidad de despidos no sea significativa. El objetivo es que los impactos de esta pandemia no signifiquen un cambio aún más duradero e irreversible en el mercado de trabajo.

Por tal motivo, desde CEPA ponderan que “en esta línea el Gobierno ha anunciado el pago del 50% de los salarios netos de los trabajadores, hasta $16.875 para todas las empresas que demuestren una sensible caída de las ventas, se han aprobado créditos para plantillas salariales por $150 mil millones”. 

Marzo vs abril, cómo fue el mes a mes

Al comparar de forma intermensual, desde CEPA señalan que “se observa que los despidos y suspensiones se incrementaron en abril, casi duplicando los casos de marzo, de 23 a 41 casos. Asimismo, evolucionó la cantidad de trabajadores afectados, de 4.716 a 7.893”. Este proceso fue impulsado por las suspensiones. 

En cuanto al “riesgo salarial”, es decir atrasos, reducciones o suspensiones, “hubo un salto fenomenal en la primera quincena de abril pasando de 9 a 81 casos, afectando a 9.830 trabajadores en marzo y 287.233 trabajadores en abril”, analiza el estudio. 

En este marco, desde CEPA señalan que, en relación al riesgo salarial, se computan 3.070 casos de atrasos de pago, 54.030 reducciones salariales de hecho, 8.480 casos de suspensiones con reducción salarial, y 231.483 casos de reducciones salariales acordadas con el gremio.

De esta manera, al analizar tanto despidos como suspensiones en el sector privado, se observa que la amplia mayoría, cerca de un 58%, corresponden al sector servicios; seguido por construcción, con un 19%, industria 14%, comercio 5% y sector primario 4%.

En el mismo sentido, si se consideran los casos de riesgo salarial, es también la industria la que comanda, con 79% de los casos, seguido por comercio 11%, servicios 5% y el sector primario, se concentran en minería, 4%.

 Finalmente, el estudio analiza el rol de los gremios. En el relevamiento realizado, de los 154 hechos, la mitad presentan información sobre el rol del sindicato. De ellos, en la amplia mayoría el gremio ha intervenido en el conflicto, un 87%. “Si se considera la cantidad de trabajadores incluidos en los hechos relevados, se observa que el 99,4% de los trabajadores está representado por el gremio en su conflicto”, señalan desde CEPA.

Al ser relevado mediante noticias, la mayoría de los conflictos no presenta información sobre la resolución final. Sin embargo, entre los casos relevados, “en el 45,2% de ellos hubo acuerdo entre las partes, el 31% intervino el ministerio, incluso dictando conciliación obligatoria, casi el 10% se pidió la intervención del organismo por incumplimiento del decreto que suspende los despidos y 7,1% de casos no se concretaron los despidos anunciados o no hubo acuerdo aún”.