Un grupo de 300 abogados le solicitaron a la Caja Forense que se realicen descuentos en los pagos mensuales y medidas que contemplen la situación de la justicia ante la pandemia. Tras la sanción por DNU del Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio, el funcionamiento del Poder Judicial se vio resentido. Tal como el resto de las actividades, los abogados y abogadas de todo el país vieron disminuida la cantidad de trabajo que realizan.

Mediante una carta enviada al Presidente de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza, Gonzalo Barrio, este grupo de juristas solicitó que se tomen medidas de excepción ante la situación.

Según el comunicado de los abogados, “ante la grave problemática ocasionada por la pandemia de COVID-19, la cual perjudica directamente a los profesionales Abogados y Procuradores Independientes, ante la suspensión de las actividades judiciales y la imposibilidad de prestar asesoramiento jurídico en sus estudios, solicitamos que se tomen medidas tendientes a paliar los graves efectos económicos que ello tiene y tendrá en la subsistencia de los profesionales”.

Tras la suspensión de las actividades el pasado 16 de marzo, los juristas solicitan a la Caja que el aporte mensual del mes de marzo sea proporcional a los días en que los profesionales pudieron efectivamente ejercer su profesión y actividad judicial, no contemplándose en la boleta los días de inhabilidad.

Por otro lado, en caso de continuar la suspensión de las actividades judiciales durante el mes de abril de 2020 y hasta el momento en que se retome efectiva y normalmente la actividad Judicial, los profesionales piden que se aplique el mismo criterio anteriormente establecido.

Finalmente, también piden a la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Abogados y Procuradores de la Provincia de Mendoza, que se otorgue créditos personales a corto plazo con tasa fija, a sola firma, y sin costo financiero por montos que permitan a los afiliados afrontar los gastos necesarios para cubrir sus necesidades básicas, así como gastos fijos de mantenimiento de sus estudios jurídicos durante el lapso de tiempo que dure el aislamiento social, preventivo y obligatorio.

La Corte Suprema de Mendoza sacó dos acordadas, la 29.508 y la 29.511 que establecen el funcionamiento de la justicia en nuestra provincia. Desde el Poder Judicial aseguran que se trata de una medida “de avanzada”, porque mientras en otras provincias solo se han mantenido activa la justicia penal y de familia, en Mendoza el servicio se ha visto resentido, pero todos los fueros continúan operando con casos de emergencia.

En cuanto a la situación con la Caja Forense, la abogada Paula Leonelli dialogó con para contar sobre la situación y puntualizó que “pago 2544 pesos por mes, porque tengo menos de 5 años en la profesión”.

Este caso, que se replica en los abogados jóvenes de Mendoza, complica a una parte importante del sector, ya que no pueden afrontar los costos en relación a los ingresos que están teniendo. “No estamos recibiendo ningún tipo de dinero, no recibimos honorarios. El abogado es uno de los más afectados con esto”, se queja Leonelli.

En relación al funcionamiento de la justicia, la abogada señala que “con la acordada se puede hacer todo lo urgente, pero la mayoría de los casos no son urgentes. En un accidente laboral, la persona debe estar grave para que vos lo puedas meter”. 

Mientras, que puntualiza “lo penal es más urgente y lo están desarrollando a través de audiencias. En la justicia de familia funciona un poco lo urgente”. Sin embargo, subraya que “una persona fue a denunciar un caso de violencia de género y la llevaron a la comisaría por violar la cuarentena”.

Estos 300 abogados intentan que se visibilice su problemática ante la situación para que la Caja Forense de lugar a las medidas extraordinarias que piden.