Esta semana, el medio económico BAE Negocios publicó una nota de periodista Alejandro Bercovich donde se señalaba la existencia de 950 cuentas en el exterior por parte de contribuyentes argentinos por un valor de 2600 millones de dólares.

Según señala la nota, la AFIP descubrió la existencia de un pequeño grupo de contribuyentes que ocultó al fisco más de 2600 millones de dólares en cuentas radicadas fuera del país. Mediante un acuerdo de intercambio de información tributaria, los medios de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se llegó a conocer estas cuentas.

Las mismas tienen un mínimo de un millón de dólares y no fueron declaradas. E incluso, el informe de Bercovich señala que 700 no admitieron poseer efectivo en el extranjero o directamente no presentaron liquidación de Bienes Personales como si no llegaran al mínimo para su pago.

Los inspectores de la Subdirección General de Fiscalización de la AFIP se encontraron con esta información que durante la gestión de Mauricio Macri no se había utilizado. Si bien, el objetivo inicial era generar una base mayor para el impuesto a Bienes Personales, con las propuestas del impuesto a la riqueza y un tributo especial para costear la lucha contra el Coronavirus, los datos toman otra relevancia. 

Con estos datos, los dueños de las cuentas pueden quedar alcanzados y ser penalizados por no declarar. Según consta en el Anuario Estadístico 2017, 32.484 contribuyentes admitieron acumular riquezas por encima del millón de dólares, incluyendo inmuebles, vehículos y activos líquidos en Argentina o el exterior. 

El informe de Bercovich detalla que el lote se disparó tras el último blanqueo de capitales, ya que, en 2015, los millonarios declarados como tales ante el fisco eran menos de 10 mil y la riqueza no llegaba a los 35 mil millones de dólares. Posteriormente al blanqueo, la misma subió hasta 104 mil millones de dólares.

El papel del Estado

¿Cómo es el proceso para conocer quienes tienen cuentas en el exterior y no las han declarado? El Régimen de Intercambio de Informe de Cuentas Financieras en Argentina está regulado por AFIP en la Resolución 4056/17. Sin embargo, desde 2015, nuestro país firmó un acuerdo con la OCDE.

Dicho Sistema Común de Reporte (CRS por su sigla en inglés) es una base de datos mediante la cual los países miembros de la OCDE pueden consultar y deben informar sobre la existencia de las cuentas financieras en sus jurisdicciones.

Cada país miembro informa las cuentas de contribuyentes registrados en países distintos del país informante. Es decir, “las AFIP” de cada país informan las cuentas de residentes fiscales del exterior, con activos en su jurisdicción.

Es decir, si un residente mexicano abre una cuenta en un banco situado en Argentina, dicho banco le dará de alta mediante una Declaración Jurada donde el ciudadano mexicano en cuestión informa sobre su residencia en su país de origen. El Banco, a fin de año elabora un informe donde le dice a la AFIP el saldo de las cuentas y la AFIP lo entrega al CRS.

De esta manera, “la AFIP mexicana” consulta con el sistema de la OCDE sobre sus ciudadanos con cuentas en el exterior. Cuando realiza esto, puede elaborar una comparación con la declaración de bienes de su propia jurisdicción y de esta manera se combate la evasión de impuestos. 

Cabe destacar que, en los países del primer mundo, el lavado de dinero y la evasión de impuestos son delitos considerados de gravedad. Con sus leyes locales, cada país tendrá la posibilidad de embargar, intimar o encarcelar al evasor de acuerdo a lo que rija en su normativa.

En 2017, la AFIP recibió esta información consolidada y, sin embargo, decidió no revisarla, desconocer esta existencia y no compararla con las declaraciones juradas de los contribuyentes en cuestión.

Por otro lado, cabe remarcar que el registro de la OCDE abarca tanto a personas físicas como jurídicas. Por lo tanto, tanto personas como empresas están dentro del mismo.

Lo que más llama la atención es que, según el informe de Bercovich, la AFIP había optado por no revisar la información. Hasta el cambio de gestión, la AFIP no revisó este instrumento que puede ser de gran utilidad para evitar la evasión y el lavado de dinero. La AFIP dispuso de esta información a fines de 2017, pero miró para otro lado.