“Respecto a la prudencia y a la constancia, afirmo que un pueblo es más prudente y más constante que un príncipe. No sin razón se compara la voz del pueblo a la de Dios, porque los pronósticos de la opinión pública son a veces tan maravillosos, que parece dotada de oculta virtud para prever sus males y sus bienes”  dice Maquiavelo en sus Discursos sobre la Primera Década de Tito Livio. Esta cita es útil para graficar, aunque más no sea parcialmente,  la confrontación abierta entre la clase dirigente mendocina  y la sociedad que dice representar. La convulsión social y el conflicto político desatado por el intento de introducir la minería metalífera en la provincia  quedarán marcados a fuego  en la memoria colectiva de los mendocinos. Los  duros antagonismos  y la  alta sensibilidad social  que genera la relación del agua y la megaminería metalífera,  resurgen  regularmente como un dejá vú  en  la agenda política provincial  para  sacudir hasta los cimientos,  la falsa imagen bucólica de orden, paz y armonía que se pretende  trasmitir. 

Como pocas veces en la historia reciente de Mendoza, desde la gestión de Celso Jaque que intentó sin éxito, y también por la falta de licencia social, aprobar el proyecto San Jorge  ubicado en el Valle de Uspallata, en cercanías de la cuenca superior del Rio Mendoza, que la provincia no atravesaba un conflicto de esta envergadura.  La  modificación, entre gallos y medianoche,  de la ley  7.722 que impide la utilización de sustancias tóxicas como cianuro, mercurio y ácido sulfúrico en el desarrollo de la minería local puso inmediatamente en estado de alerta y movilización a sectores ambientalistas pero también a comunidades  que han definido a la agricultura y la vitivinicultura como modelos locales de desarrollo, en particular el Valle de Uco y General Alvear. 

Ajena a esta preocupaciones, la mayoría  de los legisladores de todos los partidos políticos, muy  lejos  de lo deseos y los intereses del pueblo mendocino, siguió avanzando con la modificación de ley,  mientras se gestaba un movimiento de resistencia que, luego de tensas, y por momentos violentas jornadas de protesta, darían por tierra  con las pretensiones reformistas. En trámite express el día 20 de diciembre, ambas Cámaras legislativas sancionaban la modificación de la mal  llamada ley antiminera. Ese día el Senado votaba los cambios con  29 votos positivos contra 7 negativos.  Si bien hubo votos negativos repartidos entre radicales y peronistas, la mayoría de los legisladores de ambas fuerzas votaron favorablemente la nueva norma. Una hora después entraba rauda la media sanción en Diputados donde el proyecto fue aprobado por 36 votos positivos, 11 negativos y 1 abstención. Consumada esta reforma quedó planteado el conflicto que se saldaría, en buena medida, en las tórridas jornadas que siguieron en las rutas y calles de toda la provincia.  

Pero ya a esta altura no se trataba de una  discusión  en torno al  costo político que debe pagar el Gobernador Rodolfo Suarez, autor de la iniciativa, o los legisladores, oficialistas y opositores que acompañaron y aprobaron la medida. Las consecuencias son  más estructurales, y los costos más profundos  ya que se tocó  una de las fibras más sensibles de la comunidad mendocina, que es  su vital y centenaria  relación que  mantiene con  el agua, un recurso  escaso y amenazado,  que pone severos  límites a la expansión económica y demográfica de la provincia.

La crisis política provocada por  la reforma de la ley 7722, que debió ser vergonzosamente derogada por sus propios impulsores en apenas diez días,   no puede justificarse con planteos institucionalistas ni con argumentos  económicos.  Sin dudas que quienes decidieron modificar la ley 7722 y abrir las puertas a los grandes proyectos metalíferos en Mendoza, fueron elegidos por el voto popular y cuentan con la  legitimidad de origen que establece cualquier régimen democrático representativo tal como lo fija la Constitución.  Pero no es esa la materia que estuvo en discusión. La resistencia de la población, las movilizaciones masivas, la desobediencia civil  desautorizan cualquier argumento, técnico o jurídico,  por muy  atendible que estos  sean. Menos justificable aún fue la violenta  represión policial desatada por el gobierno radical y llamativamente no denunciada por una gran parte de  la oposición.  Es de manual: La soberanía popular está por encima de cualquier otro poder,  y las instituciones de la democracia están obligadas a escuchar esas voces y deseos  que están obligados a  representar. 

Tampoco las miles de personas que  se han movilizado en los últimos días en cada rincón de la provincia,  son una masa amorfa de ignorantes y violentos como se ha  pretendido instalar. Por el  contrario, son miembros activos de una comunidad plenamente consciente de los riesgos  que entraña para el recurso hídrico y el futuro de la provincia, el uso de sustancias tóxicas, como el cianuro y el  ácido sulfúrico, para la explotación de minerales metalíferos,  y no son  unos simples  “barritas”,  como los calificó uno de los legisladores que dice representar a esa misma comunidad.  Claramente el  pueblo estuvo por encima de sus dirigentes. 

Ninguna fuerza política ni movimiento social puede atribuirse tampoco la representación del enojo y la resistencia  popular. Así como los dirigentes que se complotaron para, en trámite express, eliminar la ley 7.722 reportan a distintas fuerzas políticas,  incluyendo al radicalismo y a una porción del peronismo,  también los miles de mendocinos que  trajinaron las ciudades y las rutas soportando la embestida de su clase política, conformaron una multitud variopinta donde se mezclaron, en una causa común, militantes, vecinos y organizaciones  de muy distintas, y hasta opuestas extracciones ideológicas y políticas. El arzobispo Marcelo Colombo,  la Comisión de Reinas Nacionales de la Vendimia, organizaciones de Derechos Humanos,  Asociaciones Profesionales,  militantes políticos, universidades, organismos científicos, movimientos indígenas,  campesinos, vecinales,  culturales y ambientales  y miles de  mendocinos y mendocinas de a pie, dijeron no al extractivismo que amenaza, según percepción mayoritaria, con contaminar aguas y suelos de la provincia. No faltaron tampoco oportunistas que sobreactuaron su protagonismo. Pero nada puede desmerecer loa autenticidad, masividad y legitimidad del reclamo: La 7722 no se toca. El mensaje es categórico  e inequívoco. En especial el provenientes de los jóvenes que coparon la parte mayoritaria de la movilizaciones, y que no se embanderan partidariamente con tanta ingenuidad. 

Este gesto de resistencia y  rebeldía que está expresando el  pueblo de Mendoza en cada rincón del territorio,  es un claro mensaje de la desconfianza de la gente para con  sus representantes.    

También la grieta de la población con la clase empresarial se ha ensanchado.  Las sospechas de mutua connivencia están instaladas y no hay ninguna posibilidad de que un debate sobre la minería metalífera pueda  prosperar con este antecedente.  No hay licencia social que avale esta actividad. Léase para más detalles  la nota de Babel “Sabemos que es mentira que la modificación de la 7722 nos va a traer desarrollo". 

En apenas dos semanas el gobernador Rodolfo Suarez ha dilapidado, por impericia, desconocimiento y/o  interés, un crédito político difícil de recuperar. Lo peor  es que la sociedad mendocina también le dicho que no a un modelo de reconversión productiva que proponía el radicalismo,  centralmente principalmente en  la minería metalífera, el fracking en Vaca Muerta y el endeudamiento.  Sin dudas que el debate sobre el Presupuesto y el pedido de endeudamiento a la Legislatura provincial tropezará con serias dificultades. En la nota “Suárez suspendió la reglamentación de la Ley 9209”,  publicada por Babel se profundiza la mirada del gobernador sobre este proyecto.

Un derrotero confuso y, a todas luces  desafortunado,  siguieron los legisladores del justicialismo mendocino. La posición de los parlamentarios del peronismo  fue  influenciada  por la senadora Fernández Sagasti quien, según el Diario Los Andes que publicó bajo el título “Suárez le agradeció a Fernández Sagasti los aportes a la modificación de la 7.722”, expresa que el gobernador “celebró los aportes del Justicialismo mendocino expresados por la senadora Sagasti y reconoció que quien fuera su rival en las elecciones está “cumpliendo” con su promesa de campaña. “Anabel ha demostrado que está cumpliendo lo dicho en campaña más allá del resultado.”  También los sinuosos hermanos Félix de San Rafael  aparecen involucrados  en el negocio minero. El diario página 12, citando al Diario Los andes, sostiene que  “La página del Observatorio Petrolero Sur describe el entramado del proyecto Don Sixto, cuyos permisos pertenecen a Omar y Chafí Félix, del PJ, quienes “desde hace años tienen un litigio por este proyecto megaminero de oro y plata” en la zona entre San Rafael y Malargüe con la comunidad mapuche Lof Rukache.” 

Llamativamente, lo que careció de toda prensa “seria”, fue el documento elaborado por un grupo de expertos del Partido Justicialista que preside Guillermo Carmona,  que proponía realizar una serie de modificaciones al proyecto de Rodolfo Suarez para, eventualmente, acompañar la iniciativa. El documento, aún puede leerse en la página oficial de Partido Justicialista, titulado  “Situación Actual de la Política y la Gestión Ambiental en la Provincia de Mendoza en relación con la cuestión minera”. La propuesta, dada  a conocer a la opinión pública antes de la modificación de la ley 7722, exigía la creación de Creación de la Empresa Provincial de Minería; autorizaba solo al departamento de Malargüe, como territorio para desarrollar la actividad, por  contar con licencia social correspondiente. Por otro lado demandaba una  serie de avales  y aprobaciones municipales para avanzar en esta dirección; reclamaba también  la   aprobación de Balance Hídrico, por parte de los organismos del Departamento General de Irrigación pertinentes y por la Legislatura así como también la Aprobación del Plan Municipal de Ordenamiento Territorial de acuerdo a lo previsto por la ley Nº 8051;  también exigía el estrictísimo cumplimiento de la normativa provincial, nacional e internacional en materia de evaluación de los proyectos mineros, así como pedía reforzar los controles ambientales con un  Policía Ambiental de Actividades Extractivas; alentaba  la participación ciudadana en el control ambiental de las actividades mineras y promovía  la Creación del Fondo de Compensación para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico y Servicios de Saneamiento. A pesar del compromiso de los legisladores peronistas de poner sobre la mesa estas condiciones para seguir avanzando en el debate, nada de eso ocurrió al momento del tratamiento de la ley. Ni siquiera se apeló al recurso legislativo de votar un proyecto en minoría que dejara en claro, ante la opinión pública, cuál era la posición   de esa fuerza frente a la sociedad mendocina. Finalmente el acuerdo Suarez-Fernández Sagasti pudo más y se votó, casi sin cambios, el proyecto oficial cuyas esquirlas dañaron seriamente la confianza en el justicialismo mendocino. 

La vigilia y la movilización  popular puso  fin a la aventura reformista de Rodolfo Suarez y sus aliados teniendo que mandar a derogar en una derrota sin atenuantes, la ley 9.209 y restituir integralmente  la vigencia de la 7.722. Las heridas que dejan estas agotadoras jornadas en todas las fuerzas políticas,  tardarán mucho en cicatrizarse; más difícil aún será vencer el desencanto de una sociedad que se siente defraudada por su  clase dirigente. Queda pendiente el definir cuál será el modelo de desarrollo provincial que dará trabajo y bienestar a una población que reclama día a día un lugar propio en el mundo.     

Argentina: Campo minado. Alberto Fernández  empezó su gobierno con buenos augurios pero también con desafíos que pondrán  a prueba la fortaleza y acierto de sus decisiones. El Presidente Fernández es consciente que para salir de esta emergencia económica y social no basta con apelar a slogans, frases hechas y una falsa alegría de cotillón como acostumbraba su antecesor. El Presidente ha roto con esa burbuja vacía de significado  apuntando todos sus esfuerzos a la recuperación  de un país literalmente arrasado. Sin embargo, su  sagacidad para establecer alianzas, su habilidad para alcanzar acuerdos y su capacidad de diálogo y negociación están siendo puestos a prueba en cada una de sus iniciativas. Esta resistencia en distintos frentes políticos y económicos, de quienes  se sienten perjudicados por las políticas del nuevo gobierno, preanuncian un escenario  donde las acechanzas del neoliberalismo sobre el nuevo  gobierno no darán tiempo ni tregua. 

Una primera buena señal de Alberto Fernández  fue su decisión  de poner a trabajar al Congreso Nacional, virtualmente cerrado durante el último año del macrismo,  para debatir las leyes importantes que el país necesita con urgencia. Este gesto republicano  saca  el debate político de los set televisivo y lo coloca en los espacios institucionales correspondientes. La estrategia  permitió que diputados y senadores  sancionaran  la ley de “Solidaridad Social y Reactivación Productiva”, un instrumento fundamental  que declara la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social. Esta ley  es sin duda una muestra del  giro copernicano adoptado  por Alberto Fernández  en relación al camino transitado por Mauricio Macri. Solidaridad, trabajo, producción, consumo, salud, educación, ciencia y tecnología forman parte del lenguaje  de la  nueva gestión. 

Tal como se comprometió durante la campaña electoral el Presidente Fernández está poniendo todos sus esfuerzos  en los que menos tienen. Con ese objetivo  consiguió del Parlamento que se  suspenda  por 180 días la Ley de Movilidad Jubilatoria que ataba  los incrementos para jubilados, pensionados y beneficiarios de la AUH a la inflación  el índice de variación salarial. Estos seis meses  permitirán conocer la sustentabilidad de los distintos regímenes que conviven en el sistema previsional,  donde alrededor  del  70% de los beneficiarios  percibe menos de $19.000 mientras  que un  pequeño porcentaje de privilegiados reciben montos superiores a los $300.000. Esta desigualdad contradice un precepto fundamental del sistema: que el mismo sea solidario y redistributivo. Durante este periodo, mientras se establece una nueva  fórmula que mejore los ingresos de un universo que ronda los cinco millones de beneficiarios, el Poder Ejecutivo otorgará en los meses de diciembre y enero un monto de $5.000 mil para todos aquellos que perciban menos de $19.000. Quienes reciban por sobre este  monto, se les actualizará según la fórmula aún vigente.  A las familias que perciben    la Asignación Universal por Hijo se les entregará  un bono de $2.000 pesos más. El envío de un proyecto al Congreso Nacional  para  limitar y eliminar regímenes de privilegios que beneficia, entre otros, al Poder Judicial y al cuerpo diplomático es el próximo paso en esta materia. En la nota de Babel “El Congreso sesionará en enero y febrero para tratar las jubilaciones de privilegio” se brindan más detalles  de esta iniciativa.

Con el mismo espíritu solidario se congelan por seis meses las tarifas de electricidad y gas natural “propendiendo a una reducción de la carga tarifaria real sobre los hogares y las empresas para el año 2020” como reza la norma. Mientras corre este plazo el Poder Ejecutivo fijará un nuevo esquema de actualización con las empresas prestatarias. Las provincias están invitadas a adherir a estas políticas de mantenimientos de cuadros tarifarios. Desdolarizar el precio del consumo es el objetivo de máxima. 

También se estableció  un  impuesto del 30%, por cinco años, aplicados a quienes compren dólares para atesorar o realicen gastos con tarjetas de crédito en esa moneda sea comprando bienes o contratando servicios en el exterior. No aplica para operaciones ya realizadas o para quienes realicen  viajes a localidades fronterizas. Quedaron eximidos de este impuesto los viajes internacionales que se cancelen  en pesos. Lo recaudado será destinado en un 67% a programas del ANSES,  el 30 a obras de infraestructura económica y social; y el 3% a créditos para pequeños y medianos productores y cooperativas.  Proteger las reservas del Banco Central es un objetivo irrenunciable teniendo en cuenta los vencimientos de la deuda acumulados que al mes de mayo del 2020 que  suman u$s 12.000 millones.  Es claro también que sin reestructuración de la deuda, crecen exponencialmente las dificultades. 

Otra medida redistributiva es el mecanismo de retenciones que fija la nueva ley. La norma  incrementa los derechos de exportación del  30% al 33% para la soja, 12% para la carne  y del 12% al 15%  para trigo y maíz.  Para los bienes y servicios como para los productos  agroindustriales  provenientes  de las  economías regionales se establece un índice máximo del 5%.  Los productos hidrocarburíferos y mineros destinados a la exportación pagarán un 8% de tasa de retención. Sin dudas que discutir un nuevo tipo de país lleva implícito debatir un nuevo esquema de distribución de los ingresos. Rápidamente sectores de la oposición salieron airados a protestar por esta medida ya que, como hizo pública una  declaración del bloque de la Coalición Cívica - ARI,  consideran que “defender la producción es defender el futuro del país; no claudiquemos en hacer nuestro máximo esfuerzo para cumplir esa honorable tarea”. No fue lo que hicieron durante cuatro años. Pero, fiel a su estilo, esperan que una amnesia colectiva los indulte políticamente. También, y a pesar de las explicaciones que el Presidente Alberto Fernández brindó a los integrantes de la Mesa de Enlace sobre la grave situación fiscal que atraviesa el país, y lo transitorio de estas medidas, algunos  productores rurales de Santa Fe y provincia de Buenos Aires amenazaron con cortes y protestas.  

Para comprender adecuadamente el escenario de virulencia de la oposición, el proyecto de ley  “Solidaridad Social y Reactivación Productiva” fue boicoteado y luego  rechazado  por la alianza de Juntos por el Cambio (radicales, PRO y Coalición Cívica) el Frente de Izquierda  y dos monobloques provinciales de Salta y San Juan. Todo una radiografía de lo que ocurre en el país. 

La vuelta del Plan Remediar, la reposición del calendario completo de vacunas,  el ajuste por inflación del Impuesto a las Ganancias, el incremento de los impuestos a bienes personales radicados en el extranjero,  la suba  de las contribuciones patronales y el plan nacional contra el hambre son otras tantas medidas que va modelando su rumbo sostenido por una coalición que, necesariamente, debe ser cada vez más amplia. 

Llegó la hora de pagar la pesada  factura de fiesta macrista. Pocos se beneficiaron. Ya es hora que se empiecen a hacer cargo de los costos.